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“¿Estados Unidos quiere participar en la transformación económica de Cuba? Hagámoslo”, fue la invitación con la que la diplomática cubana Lianys Torres Rivera delineó públicamente una propuesta de acercamiento entre ambos países, en medio de contactos aún no revelados entre Washington y La Habana.
En una entrevista concedida a USA Today, la Jefa de la Misión de Cuba en Estados Unidos subrayó que Cuba está dispuesta a cooperar en múltiples áreas de interés común. “Hay una enorme variedad de temas que podemos discutir con Estados Unidos […] para el beneficio de los intereses nacionales de ambos países”, afirmó.
Torres Rivera dijo que le gustaría ver a Trump usar acciones ejecutivas para aliviar ciertas sanciones contra Cuba, incluidas las del embargo estadounidense promulgado en 1962.
“El presidente Trump tiene en sus manos la oportunidad de establecer una relación con Cuba, en igualdad de condiciones entre Cuba y Estados Unidos, que podría beneficiar a ambos países”, dijo. “Él puede ser quien lo logre.”
De acuerdo con Torres Rivera, otras medidas que podrían mejorar las relaciones entre los dos países incluyen que Trump suspenda el Título III de la Ley Helms-Burton —sin necesidad de pasar por el Congreso— facilitando así los negocios de Estados Unidos en Cuba.
Además, sugirió que la Administración retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado.
La propuesta surge en paralelo a contactos de alto nivel encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio y confirmados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en marzo, en un contexto marcado por tensiones energéticas y nuevas presiones económicas sobre la isla.
Desde Washington, la respuesta oficial ha sido cautelosa. Un funcionario estadounidense citado en el reporte consideró que cualquier alivio de sanciones dependería de reformas significativas en la economía cubana, incluida una mayor apertura al sector privado y cambios estructurales en el modelo estatal.
En ese sentido, Torres Rivera insistió en que Cuba no renunciará a su sistema político, aunque reiteró la disposición a ampliar vínculos económicos y científicos, desde la inversión hasta la cooperación en áreas como salud o seguridad.
“Los estadounidenses son bienvenidos en Cuba. Las empresas estadounidenses son bienvenidas en Cuba. Los cubanoamericanos son bienvenidos en Cuba para invertir o comerciar”, agregó. “Nuestro país sería, el nivel de vida del pueblo cubano podría haber sido muy diferente… si pudiéramos hacer todo esto”.
¿“Cubastroika”?: USA Today revela que el gobierno de Trump prepara un acuerdo económico con Cuba
“Nosotros no necesitamos de Cuba”
Sin embargo, el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a insistir en que cualquier recuperación económica de la isla requiere un cambio fundamental en su sistema de gobierno y no solo alivio energético.
“Cuba nos necesita a nosotros, nosotros no necesitamos de Cuba”, señaló Rubio, mientras enfatizó que el problema que tiene la isla es que “su sistema no funciona. Su sistema económico, ni siquiera sé cómo describirlo, pero es completamente disfuncional. Simplemente no es un sistema real. Y no puedes cambiarlo sin cambiar el gobierno”.
Además, cuestionó las recientes medidas anunciadas por La Habana para atraer inversión. “Hace una semana dijeron: ‘Los cubanoamericanos ahora pueden invertir en la isla’. ¿Invertir en qué? ¿En un país que tiene leyes arbitrarias, sin un sistema establecido de tribunales y justicia? ¿Quién va a invertir en algo así?”, cuestionó.
A su juicio, la prosperidad económica exige libertad política. “Si voy a participar en la vida económica de un país y no me gustan las regulaciones o las reglas que ese gobierno está imponiendo y que me perjudican, tengo que tener la capacidad de quejarme de eso. Y en ese país, no puedes quejarte o te meten en la cárcel”, explicó.
Rubio añadió que, si el Gobierno cubano emprende “reformas muy serias tanto de su gobierno como de su economía”, Estados Unidos está dispuesto a ayudar.
Ya sabemos que Cuba no es el pais agresor. Cuidado Cuba!! Hay muchos que sospechan que los terroristas en la lancha que trato de entrar en Cuba con explosivos y armas de fuego fueron patronizados por la C.I. A.
En 1990 no habia practicamente empresas extranjeras invirtiendo en Cuba. La crisis obligo al gobierno cubano abrir la puerta al inversor extranjero. Muchos vieron una oportunidad. La vida mostro que muchos cerraron (o les cerraron) la puerta despues de algunos annos. Impagos, congelacion de fondos, discrepancias entre el socio estatal con la parte extranjera, imposibilidad de poder contratar directamente a su personal y muchos otros factores (la excesiva burocracia y su discrecionalidad, las dificultades logisticas y de infraestructura, La ley Torricelli y la Helms-Burton entre otras). Por supuesto, nada de inversores cubanos residentes en la isla o en el extranjero.
Ahora, 36 annos despues, despues de muchas demoras, prejuicios y con una crisis posiblemente peor que la de 1990, entonces si. Que vengan. Pero, bajo que condiciones? Con que garantias? Han cambiado algunas de las situaciones que antes mencione? Algunas si, pero muchas no. Y entonces?
Que acaben de abrir la economía cubana, no queremos que nuestros hijos vivan como indigentes, no queremos resistir ni un minuto más. Mi responsabilidad es mi trabajo y tengo que hacerlo con exelencia a pesar de si la empresa está en quiebra
Yo no creo que “abrir la economía” sea lo que andan buscando los patrocinadores del cambio…. quieren un cambio en el sistema político y de gobierno que no son solo cambio estéticos… personalmente pienso que el cambio debe y tiene que existir, pero desde Cuba, somos quienes tenemos que exigir ese cambio… que haya un referendum para ver si el pueblo quiere cambios, que exista la posibilidad de varios partidos políticos con diferentes enfoques sobre la idea de una Cuba prospera para los cubanos, que cambie el sistema electoral con la abolición de las comisiones de candidatura y la posibilidad de elegir al presidente por el periodo que se determine, que la representación en la Asamblea Nacional sea real y no impuesta, que los ministros tengan que rendir cuenta ante esta Asamblea y no ser parte de ella… en fin cambios que apuntan al verdadero núcleo de los problemas sin dejar de ser Cuba. mi modesta opinión. pero nos dedicamos a aplaudir a aquellos que se dedican a gritar improperios en redes, a tildar de patriotas a los que andan buscando visas…
Cuba…esta carta firmada por muchos se les mando al gobierno de los EEUU por su conducto contra Iran. Tambien han avido cartas con quejas de violaciones legales defendiendo a Venezuela y Cuba. El partido Republicano en los EEUU de hoy dia para mi representan el cuerpo de Satanas en la Tierra y estoy de acuerdo con lo que las Naciones Unidas, La Corte Internacional y las organizaciones y universidades en los EEUU y otros paises que se encuentran frustrados con las acciones de la Administracion de Donald Trump. Aqui ven una carta mas de miles que se han enviado al Congreso de los EEUU. Yo tambien he enviado cartas al Senado y La Casa de Representantes. Las respuestas indican que mucho en el Congreso estan formando equipos en el Congreso contra el conducto de Donald Trump.
Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán hace más de un mes, el 28 de febrero de 2026. El ataque fue una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. La conducción de la guerra y las declaraciones de funcionarios estadounidenses también suscitan serias preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Hemos redactado la siguiente declaración junto con más de 100 expertos en derecho internacional con base en Estados Unidos, para detallar nuestras profundas preocupaciones sobre la guerra. La carta está firmada por expertos en derecho internacional de todo Estados Unidos, incluidos profesores titulares; líderes de destacadas asociaciones internacionales de derecho, organizaciones no gubernamentales y clínicas jurídicas; exasesores legales del gobierno; y expertos en derecho militar y antiguos Abogados Generales (JAGs).
Carta de más de 100 expertos en derecho internacional sobre la guerra de Irán
Nosotros, los abajo firmantes expertos, profesores y profesionales en derecho internacional con base en EE. UU., escribimos para expresar profunda preocupación por graves violaciones del derecho internacional y una retórica alarmante por parte de Estados Unidos, Israel e Irán en el actual conflicto armado en Oriente Medio.
Debido a nuestra conexión con Estados Unidos, nuestro enfoque aquí está en la conducta del gobierno estadounidense, pero seguimos preocupados por el riesgo de atrocidades en toda la región, incluidos los riesgos continuos que el gobierno iraní supone para los iraníes a través de represiones violentas contra la disidencia, y para civiles en todo Oriente Medio a través de los continuos ataques ilegales de Irán contra infraestructuras civiles utilizando armas explosivas en zonas densamente pobladas.
Ha pasado un mes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques por todo Irán. El inicio de la campaña supuso una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, y la conducta de las fuerzas estadounidenses desde entonces, así como declaraciones de altos funcionarios gubernamentales, suscitan serias preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluyendo posibles crímenes de guerra.
Afirmamos colectivamente la importancia de la aplicación igualitaria del derecho internacional para todos, incluidos los países que se presentan como líderes globales. Declaraciones recientes de altos funcionarios del gobierno estadounidense que describen las normas que rigen el compromiso militar como “estúpidas” y priorizan la “letalidad” sobre la “legalidad” son profundamente alarmantes y peligrosamente miopes. Estas afirmaciones, especialmente en combinación con la conducta observable de las fuerzas estadounidenses, están dañando el orden jurídico internacional y el sistema de derecho internacional al que hemos dedicado nuestras vidas a promover.
La guerra, que está costando a los contribuyentes estadounidenses entre 1.000 y 2.000 millones de dólares cada día, está causando un daño significativo a los civiles de la región, ha provocado la pérdida de cientos de vidas civiles en todo Oriente Medio y está causando graves daños medioambientales y económicos.
Escribimos para expresar nuestra preocupación sobre 1) jus ad bellum, o la decisión de ir a la guerra, 2) jus in bello, o la conducción de hostilidades, 3) la retórica y amenazas de altos funcionarios estadounidenses y sus aliados, que presagian más abusos, y 4) la destrucción de las estructuras de mitigación de daños civiles dentro del gobierno estadounidense como parte del enfoque de “guantes fuera” del secretario de Defensa Pete Hegseth en la guerra.
1. Preocupaciones de jus ad bellum: Los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 violaron claramente la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas. La fuerza contra otro Estado solo está permitida en legítima defensa frente a un ataque armado real o inminente o cuando esté autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad no autorizó el ataque. Irán no atacó a Israel ni a Estados Unidos. A pesar de las variadas y a veces contradictorias afirmaciones en sentido contrario de la administración Trump , no hay pruebas de que Irán representara una amenaza inminente que pudiera fundamentar una afirmación de legítima defensa. Muchos expertos en derecho internacional han concluido que las acciones de Israel y Estados Unidos violan la Carta de la ONU, incluidos el Presidente y el Presidente electos de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, y el Presidente de la Rama Americana de la Asociación de Derecho Internacional; El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó los ataques por socavar la paz y la seguridad internacionales.
2. Preocupaciones sobre violaciones del derecho internacional humanitario: Las leyes de los conflictos armados limitan la conducción de hostilidades de todas las partes en el conflicto en curso. Nos preocupa que estas normas fundamentales puedan haber sido violadas, incluso en el contexto de ataques reportados contra civiles y objetos civiles como líderes políticos sin papel militar, infraestructuras petrolíferas y gasísticas, incluidas South Pars, y plantas de desalinización de agua . El 19 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los ataques a infraestructuras energéticas, señalando sus impactos “desastrosos” para la población civil.
Nos preocupa seriamente las huelgas que han afectado a escuelas, centros de salud y hogares. La Media Luna Roja iraní informa que “se han atacado 67.414 emplazamientos civiles, de los cuales 498 son escuelas y 236 centros de salud.” Un informe de las principales organizaciones de la sociedad civil encontró que al menos 1.443 civiles iraníes, incluidos 217 niños, fueron asesinados por fuerzas estadounidenses e israelíes entre el 28 de febrero y el 23 de marzo.
La huelga a la escuela primaria Minab es especialmente preocupante. El 28 de febrero, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán, fue alcanzada, causando la muerte de al menos 175 personas, muchas de ellas niños, según funcionarios iraníes. Según información fácilmente accesible en línea e imágenes satelitales comerciales, parece que el edificio se utilizó como escuela durante una década. El presidente Trump negó la responsabilidad estadounidense, afirmando falsamente que “fue hecho por Irán.” Sin embargo, una investigación preliminar del Departamento de Defensa determinó supuestamente que fue Estados Unidos quien llevó a cabo el ataque y que el objetivo se basaba en inteligencia desactualizada. El ataque probablemente viola el derecho internacional humanitario y, si se encuentra evidencia de que los responsables fueron imprudentes, también podría ser un crimen de guerra. El ataque es uno de los más mortíferos del ejército estadounidense contra civiles en las últimas décadas.
3. Preocupaciones sobre la retórica y las amenazas de altos funcionarios. Nos preocupa profundamente la retórica peligrosa que han tenido los funcionarios gubernamentales durante la guerra, incluyendo:
a. Amenaza de denegación de cuartos: El 13 de marzo, el secretario de Defensa Pete Hegseth declaró: “Seguiremos avanzando, sin cuartel ni piedad para nuestros enemigos.” En el derecho internacional, está “especialmente prohibido” “declarar que no se dará cuartel”, una prohibición que también se establece en el propio manual de derecho de la guerra del Departamento de Defensa. La declaración de Hegseth probablemente viola el derecho internacional humanitario, así como el estatuto estadounidense de crímenes de guerra 18 U.S.C. 2441. Ordenar o amenazar sin cuartel es un crimen de guerra.
b. Desestimación de las reglas de enfrentamiento y del derecho internacional: La declaración de “no cuartel” del Secretario de Defensa Hegseth siguió a declaraciones igualmente alarmantes del Secretario, incluyendo el 25 de septiembre de 2025 y el 2 de marzo de 2026 que afirmó que Estados Unidos no lucha contra “estúpidas reglas de enfrentamiento.” El 8 de enero de 2026, el presidente Trump hizo el inquietante comentario de que “no necesito el derecho internacional.” El 13 de marzo, declaró que Estados Unidos podría realizar ataques contra Irán “solo por diversión”.
c. Amenazas a la infraestructura energética: el presidente Trump amenazó el 13 de marzo de 2026: “Podría eliminar cosas en la próxima hora, centrales eléctricas que generan la electricidad, que generan el agua… Podríamos hacer cosas tan malas que literalmente nunca podrían reconstruirse como nación.” El derecho internacional protege contra los ataques objetos indispensables para la supervivencia de los civiles, y los ataques amenazados por Trump, si se llevan a cabo, podrían conllevar crímenes de guerra. El 21 de marzo, el presidente Trump amenazó nuevamente con “aniquilar” las centrales eléctricas en Irán. El embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió los ataques a las centrales al día siguiente y también dijo que atacar centrales nucleares no estaba descartado. Está prohibido atacar infraestructuras energéticas civiles. Si una central eléctrica tiene tanto fines civiles como militares (“de doble uso”), puede considerarse un objetivo militar cuando realiza “una contribución efectiva a la acción militar” y el ataque “ofrece una ventaja militar definitiva”. Sin embargo, cualquier huelga debe respetar los principios de proporcionalidad y precauciones en el ataque. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques que se espera causen daños incidentales a civiles que serían excesivos en relación con la ventaja militar. El daño civil a considerar incluye daños previsibles con repercusión o indirectas. En cualquier ataque, deben tomarse “todas las precauciones posibles” para evitar daños a civiles.
Los ataques a centrales nucleares, incluso si tienen un propósito militar, requieren especial cuidado debido al alto riesgo de liberar radiación y material radiactivo y, en consecuencia, graves daños a la población civil. Un ataque así podría perjudicar la salud y seguridad de millones de civiles. El 23 de marzo de 2026, la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, expresó su profunda preocupación, señalando que “la guerra contra infraestructuras esenciales es una guerra contra los civiles” y describió las amenazas a las centrales nucleares como “Muy alarmantes.”
4. Preocupaciones sobre las salvaguardas institucionales frente a nuevas violaciones: Desde el inicio de la segunda administración Trump, el Departamento de Defensa bajo el secretario Hegseth ha debilitado deliberada y sistemáticamente las protecciones destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esto incluye destituir a abogados militares de alto rango sin citar públicamente mala conducta, y reemplazar a los abogados generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, socavando directamente la supervisión legal de las operaciones de combate. También ha abolido los “equipos ambientales civiles” y otros mecanismos diseñados específicamente para limitar los daños a civiles durante las operaciones. La Estrategia de Defensa Nacional 2026 omite por completo las referencias a la protección civil y al derecho internacional. Estos cambios son especialmente preocupantes a la luz de los comentarios del secretario de Defensa Pete Hegseth de que las reglas de enfrentamiento interfieren con “luchar por ganar”.
Nos preocupa profundamente que la conducta y las amenazas aquí descritas estén causando graves daños a los civiles en Oriente Medio, y que también contribuyan a escalar el conflicto, dañar el medio ambiente y la economía global, y que corran el riesgo de degradar el estado de derecho y las normas fundamentales que protegen a los civiles de todas las naciones. Las declaraciones públicas de altos funcionarios indican una alarmante falta de respeto por las normas del derecho internacional humanitario aceptadas por los Estados y que protegen tanto a civiles como a miembros de las fuerzas armadas.
Instamos a los funcionarios del gobierno estadounidense a respetar la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos en todo momento, y a dejar claro el compromiso y respeto de Estados Unidos con las normas del derecho internacional.
Recordamos a todos los Estados sus obligaciones legales de no ayudar ni asistir a Estados Unidos, Israel o Irán en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, así como cooperar para poner fin, por medios legales, a graves violaciones de las normas perentorias del derecho internacional general (jus cogens), incluida la prohibición de la agresión y las normas básicas del derecho internacional humanitario.
También instamos a los aliados y socios cooperantes de los gobiernos estadounidenses a tomar medidas para respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, en línea con el Artículo Común 1 de las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario asociado. Estados Unidos ha reconocido que los Estados deben buscar promover la adhesión de otros al derecho internacional humanitario. El Comentario de 2016 del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la Primera Convención de Ginebra de 1949 establece que un Estado está “en una posición única para influir en el comportamiento” de los Estados socios cuando el Estado “participa en la financiación, equipamiento, armamento o entrenamiento de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, incluso planifica, lleva a cabo y realiza informes conjuntos de operaciones con dichas fuerzas.”
Firmado,*
William J. Aceves
Chief Justice Roger Traynor Professor of Law
California Western School of Law
E. Tendayi Achiume
Professor of Law
Stanford Law School
Rabiat Akande
Wilson H. Elkins Chair and Associate Professor
University of Maryland School of Law
Susan Akram
Clinical Professor of Law
Director, International Human Rights Clinic
Boston University School of Law
Philip Alston
John Norton Pomeroy Professor of Law
NYU School of Law
José E. Alvarez
Herbert and Rose Rubin Professor of International Law
NYU School of Law
Faculty Director, US-Asia Law Institute
Diane Marie Amann
Visiting Professor, LSE Law School
Special Adviser to the International Criminal Court Prosecutor on Children in & affected by Armed Conflict (2012-2021)
Baher Azmy
Legal Director
Center for Constitutional Rights
Sandra L. Babcock
Clinical Professor of Law
Director, International Human Rights Clinic
Cornell Law School
Aslı Ü. Bâli
Howard M. Holtzmann Professor of Law
Yale Law School
Carolyn P. Blum
Clinical Professor of Law, Emerita
Berkeley Law, University of California
Christine Bustany
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Fletcher School of Law and Diplomacy
Charli Carpenter
Professor of Political Science
University of Massachusetts Department of Political Science
Christina M. Cerna
Adjunct Professor of Law (ret.)
Georgetown University Law Centre
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Sandra Coliver
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Center for Justice and Accountability
Jorge Contesse
Professor of Law
Rutgers Law School
Cody Corliss
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West Virginia University College of Law
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Professor of Law
Case Western Reserve University School of Law
Rebecca Crootof
Nancy Litchfield Hicks Professor of Law
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Jamil Dakwar
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Tom Dannenbaum
Professor of Law, Stanford Law School
Frank Stanton Professor of Nuclear Security
Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University
Frederick T. Davis
Lecturer in Law, Columbia Law School
Principal, Fred Davis Law Office
Christian M. De Vos
Visiting Assistant Professor
City University of New York School of Law
Laura Dickinson
Lyle T. Alverson Professor of Law
The George Washington University Law School
Stephanie Farrior
Professor of Law (ret.)
Eugene R. Fidell
Visiting Lecturer in Law
Senior Research Scholar
Yale Law School
Martin S. Flaherty
Charles and Marie Robertson Visiting Professor
School of Public and International Affairs, Princeton University
Laurel Fletcher
Chancellor’s Clinical Professor of Law
UC Berkeley, School of Law
Claudia Flores
Clinical Professor of Law
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Faculty Co-Director, Orville H. Schell Jr. Center for International Human Rights
Yale Law School
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Assistant Professor of Law
Harvard Law School
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Hannah R. Garry
Clinical Professor of Law
Founding Faculty Director, Donna and Spencer Gilbert Global Justice & Human Rights Center
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Seton Hall Law School
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University of California – Santa Barbara
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Professor of Law
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Fletcher School of Law and Diplomacy
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Gerard C. and Bernice Latrobe Smith Professor of International Law, Yale Law School
Professor, Yale University Department of Political Science
Faculty, Jackson School of Global Affairs, Yale University
Director, Center for Global Legal Challenges, Yale Law School
President-elect, American Society of International Law
Adil Haque
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Rutgers Law School
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Senior Fellow, Reiss Center on Law and Security, NYU School of Law
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Director, TrialWatch Project
Columbia Law School
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Benjamin N. Cardozo School of Law
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U.S. Member, European Commission for Democracy through Law (“Venice Commission”)
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Harold Hongju Koh
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Berkeley Law School, UC Berkeley
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UC Berkeley, School of Law
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Georgetown University Law Center
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Advisor, Center for Military Law & Policy, Texas Tech University School of Law
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Juan E. Mendez
Professor of International Law (ret.)
Former UN Special Rapporteur on Torture (2010-2016)
Washington College of Law, American University
Gay J. McDougall
Former Vice Chair and 3-term Member, UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Former UN Special Rapporteur on Minorities (2005-2011)
MacArthur Award Fellow, 1999
Senior Fellow and Distinguished Scholar-in-Residence
Leitner Center for International Law and Justice / Center for Race, Law and Justice
Fordham University School of Law
Margaret E. McGuinness
Professor of Law
Co-Director, Center for International and Comparative Law
St. John’s University School of Law
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Clinical Professor of Law
Director, Walter Leitner International Human Rights Clinic
Fordham Law School
Zinaida Miller
Professor of Law & International Affairs
Northeastern University
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Professor of Law
UC Berkeley, School of Law
Bridget Moix
General Secretary, Friends Committee on National Legislation
Priyanka Motaparthy
Director, Center for International Human Rights
Clinical Professor
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Karen Musalo
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Professor & Director, Center for Gender & Refugee Studies
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Former Executive Director, Human Rights Watch
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Robert and Marion Short Professor of Law
Concurrent Professor of International Peace Studies
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Stephen J. Rapp
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Former US Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice (2009-2015)
Paul Rink
Associate Professor of Law
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Francisco J. Rivera Juaristi
Clinical Professor of Law
Santa Clara Law
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Adjunct Professor of Law
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Brad R. Roth
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James Carr Professor of International Criminal Law
Washington University School of Law
Director, Crimes Against Humanity Initiative
Chair, International Law Association (American Branch)
Former Special Advisor on Crimes Against Humanity to the ICC Prosecutor (2013-2023)
Margaret L. Satterthwaite
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Beth Van Schaack
Former Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice, U.S. State Department
Visiting Fellow (Feb. 2026 – June 2026)
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Michael P. Scharf
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Joseph C. Hostetler – BakerHostetler Professor of Law
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Michael N. Schmitt
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Former G. Norman Lieber Distinguished Scholar, West Point
Steven M. Schneebaum
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Dartmouth College
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Georgetown University Law Center
Dinah Shelton
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The George Washington University Law School
Rebecca Shoot
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Co-Convener, ImPact Coalition on Strengthening International Judicial Institutions
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Binger Clinical Professor Emeritus of Human Rights
Yale Law School
Matiangai Sirleaf
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University of Maryland Francis King Carey School of Law
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Allen S. Weiner
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Richard Ashby Wilson
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Princeton University
Richard J. Wilson
Professor of Law Emeritus
American University, Washington College of Law
Katharine G. Young
Professor
Boston College Law School
25 DE FEBRERO DE 2026
MARKEY, WARREN Y MCGOVERN EXIGEN QUE TRUMP PONGA FIN A LAS DURAS SANCIONES CONTRA CUBA ANTES DE QUE LA SITUACIÓN HUMANITARIA EMPEORE ( carta a Donald Trump del Senado de los EEUU)
Washington (25 de febrero de 2026) – El senador Edward J. Markey (D-Mass.), la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) y el congresista Jim McGovern (MA-02) escribieron hoy al presidente Donald Trump instando a la administración a levantar el embargo petrolero a Cuba mientras las condiciones económicas se deterioran, poniendo en riesgo crisis humanitarias y de refugiados regionales. El 29 de enero, Trump invocó nuevos poderes de emergencia para amenazar con aranceles a cualquier país que venda petróleo, directa o indirectamente, a Cuba. Esto ha obligado a los países a cesar el comercio petrolero con Cuba, por miedo a represalias económicas por parte de Estados Unidos. La producción nacional de la isla cubre solo una fracción de sus necesidades energéticas, y La Habana depende en gran medida del petróleo importado para mantener su red eléctrica y otros servicios esenciales. El régimen de sanciones estadounidense ha privado a Cuba de oportunidades para desarrollar recursos energéticos nacionales —incluyendo la solar y la eólica— que ayudarían a Cuba a ser más independiente energéticamente. Ahora, los esfuerzos de Trump por cortar el acceso de Cuba al petróleo empeorarán significativamente las condiciones en la isla, que se quedará sin petróleo en breve.
En la carta, los legisladores escribieron: “La Administración ha planteado sus amenazas arancelarias como necesarias para proteger al pueblo estadounidense de una ‘amenaza extraordinaria’ que representa Cuba ‘para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos’.” Pero el gobierno y la economía de Cuba han luchado con un declive sostenido durante años, en gran parte debido a décadas de sanciones estadounidenses. Solo entre 2022 y 2023, se estima que un diez por ciento de la población cubana abandonó la isla, y más de 600.000 cubanos solicitaron asilo en Estados Unidos en los último cinco años. Cuba no ha cometido ni amenazado con agresión militar contra Estados Unidos desde los años 60 y no posee la capacidad ni la voluntad de representar una amenaza seria para la seguridad nacional.”
Los legisladores continuaron: “Además, estáis aumentando la presión económica a pesar de que los funcionarios cubanos han declarado públicamente su disposición a negociar disputas pendientes con Estados Unidos. Usted afirmó que ‘recomienda encarecidamente que [los cubanos] hagan un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.’ Pero sin una negociación real sobre un ‘acuerdo’, se cuestiona el verdadero objetivo de este bloqueo. Si la diplomacia es una opción viable, elegir en su lugar agravar una crisis humanitaria es tanto estratégicamente insostenible como moralmente indefendible.”
Los legisladores concluyen: “Estados Unidos tiene un interés legítimo y de larga data en promover la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Pero tomar medidas que desencadenan una crisis humanitaria como medio de palanca no es una estrategia que resulte en éxito a largo plazo ni refleje quiénes somos como estadounidenses. En cambio, las acciones de la Administración privan a ciudadanos cubanos inocentes de las necesidades básicas. Las políticas que intensifiquen la escasez de combustible, paralizen los servicios esenciales y profundizan la desesperación económica corren el riesgo de desestabilizar no solo a Cuba, sino a toda la región del Caribe.”
Los legisladores solicitan respuestas a preguntas que incluyen:
1. ¿Qué intenta lograr la Administración con su política hacia Cuba?
2. ¿Tendrá la reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar elementos importantes de su política arancelaria un impacto en su política hacia Cuba?
3. ¿Qué inteligencia específica o evaluación de amenazas respalda la determinación de la Administración de que Cuba representa actualmente una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos?
4. ¿Se ha realizado algún análisis sobre las consecuencias humanitarias previstas de restringir los envíos de combustible a Cuba?
5. ¿Reconoce su Administración que esta acción aumentará los flujos migratorios hacia Estados Unidos?
6. ¿Qué planificación se ha realizado para abordar un posible aumento de refugiados o una inestabilidad regional más amplia derivada del deterioro de las condiciones en la isla?
Aquí tienes la mejor respuesta basada en la evidencia a las preguntas de los legisladores, utilizando informes actuales, declaraciones oficiales y comentarios de analistas. Responderé a cada pregunta directamente y señalaré dónde la evidencia es explícita frente a inferencial.news.un+1
¿Qué intenta lograr la Administración con su política hacia Cuba?
La política de la Administración Trump hacia Cuba parece destinada a endurecer la presión económica sobre La Habana cortando las líneas de suministro de combustible, utilizando amenazas arancelarias contra países que venden petróleo a Cuba y forzando una presión política y económica más amplia sobre el gobierno cubano. La Casa Blanca presentó esto como una respuesta a las amenazas planteadas por el Gobierno de Cuba y declaró un estado de emergencia nacional, mientras que los analistas afirman que el efecto práctico es aislar el sistema energético cubano e intensificar la presión sobre el régimen.Axios+2
Los informes públicos también indican que la política de la Administración está vinculada a una postura de política exterior dura asociada al secretario de Estado Marco Rubio, y que los funcionarios han defendido las medidas como no la causa directa de la crisis humanitaria en Cuba.truthout+1
¿Afectará la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre aranceles a la política hacia Cuba?
Sí, podría afectar la influencia de la administración, pero no necesariamente el objetivo político en sí. Los analistas legales afirman que la decisión del Tribunal Supremo que anuló los aranceles basados en la IEEPA elimina una fuente importante de autoridad arancelaria ejecutiva y genera incertidumbre sobre cómo la Administración puede seguir utilizando las amenazas arancelarias como herramienta política, incluso en relación con Cuba.hklaw+1
Al mismo tiempo, los informes indican que la Administración puede intentar cambiar de dirección a otras autoridades legales o mecanismos ejecutivos, por lo que la resolución puede limitar más la implementación que cambiar el objetivo subyacente.bakermckenzie+1
¿Qué inteligencia o evaluación de amenazas respalda el hallazgo de la “amenaza extraordinaria”?
En los informes públicos que aquí se han presentado, no encontré ningún producto de inteligencia divulgado ni una evaluación desclasificada de amenazas que respalde a Cuba como una “amenaza extraordinaria” en el sentido convencional de seguridad nacional. La cobertura disponible muestra que la Administración emitió la designación mediante una orden ejecutiva y una hoja informativa de la Casa Blanca, pero el informe que encontré no identifica un registro probatorio público comparable a una estimación formal de inteligencia.gtlaw
Esa brecha es precisamente en lo que los legisladores insisten: la carta citada pregunta qué inteligencia específica o evaluación de amenazas respalda la determinación, lo que implica que la Administración no ha proporcionado públicamente una base fáctica transparente.markey.senate
¿Se analizaron las consecuencias humanitarias?
Los informes públicos sugieren firmemente que las consecuencias humanitarias son previsibles y han sido debatidas por funcionarios y analistas de la ONU. La ONU advirtió que la situación humanitaria de Cuba empeoraba, con riesgos para la sanidad, los servicios de agua y la distribución de alimentos a medida que se profundizaban las escasez de combustible, y dijo que la situación podría “empeorar” o incluso “colapsar” si no se satisfacen las necesidades petrolíferas.ungeneva+1
Analistas y defensores humanitarios también afirman que estas medidas contribuyen directamente a la escasez y al deterioro de la vida diaria, incluyendo el transporte, el funcionamiento hospitalario y la entrega de alimentos.alianzaamericas+2
¿Esto aumentará la migración a Estados Unidos?
La evidencia apunta a un probable aumento de la presión migratoria, aunque la magnitud exacta es incierta. Defensores y analistas advierten que el empeoramiento de la escasez, los apagones y el colapso de los servicios pueden llevar a más cubanos a marcharse, y la carta de los legisladores pregunta específicamente si la Administración reconoce ese resultado.alianzaamericas+2
La afirmación más sólida es que la política aumenta el riesgo de flujos migratorios al empeorar las condiciones de vida y la inestabilidad regional; las fuentes públicas aquí no proporcionan una única estimación oficial en EE. UU. sobre la magnitud del aumento.nytimes+1
¿Qué planificación se ha hecho para un aumento de refugiados?
No encontré pruebas públicas en las fuentes revisadas de que la Administración haya revelado un plan de contingencia detallado para un aumento de refugiados cubanos o una inestabilidad regional más amplia. El informe de la ONU indica que las autoridades cubanas pusieron en marcha medidas de contingencia y que la situación humanitaria podría convertirse en una crisis mayor, pero no describe un plan de respuesta federal estadounidense.news.un+1
Así que la mejor respuesta actual es que el riesgo está claramente señalado por funcionarios y analistas de la ONU, pero la planificación estadounidense públicamente visible no ha sido detallada en los informes disponibles aquí.axios+1
En resumen
Según los informes actuales, la política de la Administración hacia Cuba es maximizar la presión económica y el aislamiento energético; la justificación pública es la seguridad nacional y el enmarcado de amenazas en política exterior; y las consecuencias probables incluyen el empeoramiento de las condiciones humanitarias, mayor presión sobre la migración y una posible inestabilidad regional. La mayor cuestión sin resolver es la base probatoria para calificar a Cuba como una “amenaza extraordinaria”, porque el registro público aquí revisado no muestra una evaluación de inteligencia transparente que respalde esa afirmación.