Un juez federal en Miami concedió a las aerolíneas American Airlines y Latam Airways un pedido de suspensión en las vistas sobre una demanda contra la empresa por el uso del aeropuerto de La Habana. La decisión se debe a la presente crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
La demanda ha sido interpuesta por José López Regueiro, heredero de José López Villaboy, un antiguo empresario cubano, personero del régimen de Fulgencio Batista, quien fuera propietario del aeropuerto y sus terrenos, y abarca además a la aerolínea chilena Latam Airways. Esta suspendió los vuelos a La Habana cuando la demanda fue presentada, mientras que American Airlines no está volando por las restricciones debido al coronavirus. Pero antes vio reducidos los vuelos a todo el país por orden de la administración Trump.
El juez José E. Martínez justificó su decisión diciendo que los inciertos tiempos de la pandemia constituyen razón suficiente para suspender la discusión a partir de la “imposibilidad de proseguir ordenadamente con el caso, y dada la incerteza de [la continuidad] la duración de las restricciones y la pandemia mundial, y para conservar las partes y los recursos judiciales”.
De todos modos–enfatizó el juez en una decisión de dos páginas– “he decidido que los dos partes no serán perjudicadas por esta decisión. El caso será reabierto tras un pedido de las partes el 1 de mayo y todos los meses siguientes”. O sea, si en mayo todavía persisten las condiciones que han llevado a esta suspensión temporal de los procedimientos, el pedido de reapertura será evaluado mes a mes mientras dure la crisis provocada por el coronavirus, informó el sitio legal Law360.
El viernes de la semana pasada los abogados de ambas aerolíneas pidieron al juez Martínez suspender las sesiones por 60 días esgrimiendo la existencia de la pandemia y la mala situación financiera de las aerolíneas debido a la crisis mundial del sector de la aviación civil. Pero López Regueiro le solicitó negar el pedido diciendo que, en principio, estaba de acuerdo con abordar la cuestión de los 60 días, pero que no creía que el caso debía congelarse, sobre todo porque para el miércoles pasado estaba pautada una sesión de intercambio de pruebas llamada discovery.
El litigante argumentó que American, que es propietaria de parte del capital de Latam Airways, “hace meses que tuvo la oportunidad, y debió haberla aprovechado, de hacer lo suyo y de cumplir con sus obligaciones [entregar sus pruebas del caso en el proceso de discovery] en vez de presentar objeciones que no estuvieron bien fundamentadas”.
Por ello “no se le debe permitir a American ninguna postergación más y la evasión de sus obligaciones de producir sus pruebas bajo la excusa de una crisis que se abalanzó sobre el país desde hace dos semanas”, argumentó López Regueiro. De hecho, la crisis del coronavirus comenzó a mediados de febrero en los Estados Unidos. El mes pasado los estados comenzaron a ordenar el encierro casero y a limitar los desplazamientos y el normal funcionamiento de las aerolíneas.
“Congelar las obligaciones de los acusados en relación con la producción de pruebas solamente recompensa sus esfuerzos obstaculizadores y un provoca un retraso nada razonable en la solución de este asunto, lo cual contradice las instrucciones de las reglas federales de procedimiento civil que obligan a una resolución expedita del caso”, agregó.
American contestó que las operaciones de la empresas están muy afectadas y que en este momento la aerolínea está enfocada en proteger el negocio, sus empleados y pasajeros, por lo cual había que detener el caso por ahora y dejarle espacio para concentrarse en la seguridad del público y en la sobrevivencia de la industria mientras dure la pandemia del Covid-19.
López Regueiro llevó a las aerolíneas ante los tribunales después que la administración Trump levantó la veda al Título III de la Ley Helms-Burton y reclama una compensación monetaria por el uso del aeropuerto de La Habana, “confiscado” en 1959.
El negocio del aeropuerto
En este caso hay un detalle que no se puede soslayar. Según varias fuentes tanto de Miami como de La Habana, el aeropuerto realmente fue “confiscado”, pero fuera del marco de las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses iniciado en el año 1960, básicamente por decretos ejecutivos del Gobierno revolucionario.
El padre del demandante era editor de periódicos, propietario de medios radiales y un personero del dictador Batista, representándolo en muchos negocios no muy claros. Uno de ellos comenzó con la compra del aeropuerto José Martí, el 14 de noviembre de 1952, por 1,5 millones de dólares, como reveló en su momento el diario The New York Times. El aeropuerto, entonces llamado de Rancho Boyeros, fue construido y era propiedad de la aerolínea estadounidense Pan American Airways a un costo de más de 2 millones de dólares. O sea, la venta fue menor que el valor real de la propiedad.
Después de la revolución de enero de 1959, el aeropuerto fue confiscado en el marco de la ley de Recuperación de Bienes Malversados, a inicios de 1960. En las investigaciones de rigor saltó el dato de que la diferencia entre el valor real del aeropuerto y el de la venta en 1952 indicaría que en ese entonces hubo presión política para que las instalaciones aeroportuarias fueran cedidas a bajo precio por parte del entorno del entonces presidente Carlos Prío Socarrás.
Pero Batista dio el golpe de Estado y con los años fue adquiriendo acciones del aeropuerto y Cubana de Aviación, cuyo socio mayoritario de las dos empresas era precisamente José Luis Villaboy. Las investigaciones en ese entonces concluyeron que se trató de un bien malversado. Contra Villaboy se levantaron 21 cargos de malversación.
