El deterioro de los ecosistemas marinos cubanos y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para protegerlos forman parte de un mismo debate: cómo desarrollar actividades económicas sin agravar la situación de áreas que ya sufren los efectos del cambio climático, la pesca intensiva y otras presiones humanas.
Un informe del Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), advierte que varias especies de valor pesquero tienen poblaciones que han disminuido considerablemente y constituyen un “recurso colapsado o agotado”.
El documento, presentado por el especialista Raúl A. Rangel Cura durante un taller sobre los resultados del proyecto científico Bojeo a Cuba, también señala la presencia de pesca ilegal dentro de áreas marinas protegidas y en otros puntos de la plataforma insular cubana.
Según un resumen publicado por el ministro del CITMA, Armando Rodríguez Batista, el 87 % de los arrecifes evaluados está dominado por algas que compiten con los corales y afectan su desarrollo. El funcionario también alude al avance del blanqueamiento coralino, particularmente en la zona sur del archipiélago, asociado al aumento de las temperaturas oceánicas.
Los científicos que participaron en el Bojeo a Cuba observaron, además, violaciones de las regulaciones ambientales y pesqueras, especialmente en arrecifes donde no encontraron indicadores favorables de diversidad y abundancia de peces, de acuerdo con la publicación del ministro.
El porcentaje de arrecifes dominados por algas corresponde a los sitios evaluados y no debe interpretarse como una descripción de la totalidad de los arrecifes cubanos.
Actividad económica y conservación
El informe examina también la relación entre las áreas marinas protegidas y las actividades económicas que se desarrollan en ellas o en sus inmediaciones. Entre los elementos señalados figura la coincidencia de estas zonas con infraestructuras náuticas, como marinas, centros de buceo y bases para actividades en el mar.
El turismo especializado genera ingresos y se beneficia de la conservación de los ecosistemas marinos. Sin embargo, el CNAP advierte que esos recursos no siempre se reinvierten en la protección de las áreas naturales. El documento identifica un desbalance similar en la distribución de los ingresos procedentes de las pesquerías, pese a que estas se benefician de la contribución de las áreas protegidas a la salud de las poblaciones de peces.
La cuestión adquiere relevancia en medio de las transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno cubano. Según el resumen divulgado por Rodríguez Batista, 31 de las 176 medidas incluidas en el documento gubernamental Transformaciones Económicas y Sociales, de junio de 2026, tienen incidencia directa en el patrimonio natural. Representan el 17,6 % del total.
Los cambios relacionados con la propiedad, la autonomía municipal, la inversión extranjera y los vínculos con el turismo, junto con la diversificación de los actores económicos públicos y privados, plantean nuevos desafíos para la vigilancia y protección de las áreas marinas protegidas.
Negocios bajo reglas de conservación
Ante ese escenario, el CNAP propone formalizar las relaciones económicas mediante planes de negocios en áreas protegidas, al amparo del Decreto-Ley 83/24, y aprovechar el marco legal para comercializar bienes y servicios dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Entre las iniciativas sugeridas figuran registrar una marca que identifique productos procedentes de esas áreas, promover negocios compatibles con los planes de manejo de cada espacio protegido e incubar proyectos que puedan generar ingresos sin comprometer los objetivos de conservación.
La propuesta busca que las actividades económicas, debidamente planificadas, reguladas y sujetas a obligaciones tributarias, contribuyan a financiar la protección de los ecosistemas. En ese esquema, los actores económicos públicos y privados podrían convertirse también en socios de la conservación.
No obstante, el informe advierte que esa posibilidad requiere reglas jurídicas claras, transparencia y control público, límites bien definidos para las actividades autorizadas y una distribución de los ingresos que permita financiar la conservación y atender las necesidades de las comunidades que viven dentro o en los alrededores de las áreas protegidas.
También considera necesario fortalecer el monitoreo y aplicar el principio precautorio ante actividades que puedan provocar daños irreversibles. La responsabilidad del Estado de salvaguardar el patrimonio natural, sostiene el documento, debe prevalecer sobre cualquier interés económico.
La propuesta se vincula, además, con la meta internacional conocida como «30 x 30», que busca proteger al menos el 30 % del planeta para 2030.
El ministro del CITMA sostiene que las transformaciones económicas pueden aportar recursos para conservar el patrimonio natural, pero también generar impactos negativos sobre ecosistemas ya sometidos a fuertes presiones. La diferencia, plantea, dependerá de la aplicación de las leyes, de las oportunidades económicas que se creen y del uso de la ciencia para orientar las decisiones.
