Clasificados en Cuba: en la cuerda floja legal (II y final)

Primera Parte

Los sitios web de clasificados llenan hoy un vacío en el comercio interno de Cuba. Gústele a quien le guste, y lo que sigue…

Puede que no existan estadísticas confiables sobre cuántas personas anuncian lo que venden y encuentran lo que quieren comprar a través de estas plataformas. Tampoco se sabe cuánto dinero real se “mueve” a partir de estos bazares virtuales donde casi “todo vale”. Pero seguramente se trata de números que dejarían pasmado a más de uno.

Sin embargo, aunque una cantidad creciente de usuarios –jóvenes mayoritariamente– asegura utilizar con regularidad estos servicios, no son pocos los que mantienen sus reservas.

“A mí no me gustan mucho –afirma Marlon, todavía en sus treinta y con un celular a la cintura–. Prefiero las cosas cara a cara, aunque tenga que ir hasta la Cuevita. Por Internet te pueden engañar…”.

Tampoco Eugenio se permite caer en esas “redes”, aunque en su caso –como en el muchos de quienes viven en Cuba– une a la cautela su condición de “desconectado crónico”, como se llama a sí mismo en broma.

A sus 58 años, este ingeniero mecánico dice no perder tiempo “en esas cosas” cuando puede conectarse a la red. “Para los cubanos como yo, Internet es para algo importante y rápido: revisar el correo, saber de la familia… Para comprar voy a las tiendas o lo hago ‘por la izquierda’; es más efectivo”, dice.

Sin embargo, el incremento de la conectividad en Cuba y la inminente –según la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)– llegada de Internet a los teléfonos móviles, hacen pensar en un escenario más alentador. O menos, depende de cómo se mire.

Las cifras podrían dispararse. Y con ellas, el margen de impunidad en un mercado negro, desregulado o paralelo.

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Aunque los sitios de clasificados alertan a sus usuarios sobre la necesidad de cumplir con normas y condiciones para su uso, en los que se aclaran las posturas legales y éticas permitidas y se delimitan las responsabilidades ante su incumplimiento, la práctica siempre es más rica que la teoría.

Una rápida encuesta a internautas cubanos realizada por OnCuba a través de Facebook, dejó claro que los usuarios de estas plataformas no se detienen mucho a conocer las condiciones de uso.

Aun cuando la indagación no tiene pretensiones científicas, resulta significativo que 21 consultados –de un total de 30– reconocieran haber usado alguna vez los sitios de anuncios para Cuba, y que de ellos 19 admitieran no haber leído jamás estas normativas.

“No he considerado las condiciones, solo me he preocupado por encontrar lo que busco y que funcione bien”, reconoce Leydis desde Santiago de Cuba.

“No creo que haya tenido en cuenta las condiciones de uso… aunque sí trato de que mi anuncio cumpla con determinados principios éticos. Pero no creo que muchas personas se lean las condiciones de uso”, apostilla Lázaro, conectado en La Habana.

Aquí se casan la despreocupación y el desconocimiento: la falta de cultura jurídica hace a muchos no reparar siquiera en la existencia de esas normas.

“Sólo he puesto mi anuncio y ya, no conozco que tengan política de anuncios”, admite Luis desde Santa Clara.

Una segunda razón es eminentemente práctica: reparar las condiciones de uso requiere un tiempo online que la muchos internautas cubanos no están dispuestos a sacrificar.

Se explica Alexander, desde Matanzas: “Un minuto que dedico a leer esas normas es un minuto que no uso para revisar los anuncios, y la conexión en Cuba no es barata.”

Y aún queda un tercer motivo que apela a la lógica: al final, puede que no tenga mucho sentido.

“¿Qué podría pasar? –se pregunta Carlos, desde Manzanillo– ¿cuál es la consecuencia más grave para los que no cumplen esas condiciones?”

Tania, de La Habana, va un poco más lejos y argumenta con “la imposibilidad de establecer una demanda frente al incumplimiento de los términos y condiciones” y con la “falta de personalidad jurídica” de esas plataformas a los efectos de las leyes cubanas.

Visto así, las condiciones de uso serían apenas un tecnicismo, una formalidad con el que estos sitios se limpian el pecho y pasan la pelota a los verdaderos protagonistas de las transacciones que auspician: vendedores y compradores fuera de la red. Son ellos los que, ante cualquier engaño o ilegalidad, podrían salir más perjudicados.

Sin embargo, siempre se puede hacer algo.

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Comprar a través de Internet en Cuba todavía es imposible. Los sitios de clasificados para la Isla son, al menos hasta ahora, meras pizarras de anuncios que buscan atraer a los potenciales compradores para que contacten luego –generalmente por teléfono o correo electrónico– con quienes venden sus productos o servicios.

Las personas, por lo tanto, no compran a ciegas; ven, palpan, lo que piensan adquirir antes de pagar, generalmente al cash. El instinto, la experiencia, la necesidad, la confianza y la habilidad de compradores y vendedores, suelen entonces inclinar la balanza y hacer que lo convenido a distancia se materialice. O no.

Esto, sin embargo, no basta como garantía de la calidad de lo vendido o de su procedencia lícita. En un entorno paralelo y legalmente difuso –en comparación con las ofertas de las tiendas estatales, donde los problemas son otros– no es improbable que se pase, o al menos se trate de pasar, gato por liebre.

Mientras aumenta el uso de Internet en #Cuba, se vuelve más visible el mercado negro. Los cubanos promocionan sin pudor la venta ilegal de diversos artículos como este. 😲 pic.twitter.com/t6FhQuoFYW

— Camilo Condis (@camilocondis) 29 de julio de 2018

“Lo más complicado puede ser que el comprador incurra en un delito de receptación”, comenta a OnCuba Otto Batista, experto legal de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), para quien “es responsabilidad de cada comprador tomar las precauciones correspondientes”.

Pero este no es el único escenario posible y las plataformas de clasificados lo saben. Por eso, cuentan con sus propios mecanismos para minimizar o responder a estos riesgos. Uno de ellos es la moderación de contenidos.

“Tenemos varios moderadores que están constantemente velando por la publicación de anuncios nuevos para que no existan casos de drogas, trolls, mercancía ‘ilegal’ y otros anuncios que nada tienen que ver con la facilitación social”, confirma a OnCuba Erich García, fundador de Bache Cubano.

Otros sitios también aseguraron seguir esta práctica.

No obstante, de acuerdo con Otto Batista, “moderar los contenidos es un tema muy complicado, pues demandaría revisar cada una de las publicaciones que cada anunciante hace. Cuando son pocas es posible, cuando crecen se vuelve prácticamente imposible”.

El experto afirma que puede hacerse “parcialmente de forma inteligente, filtrando palabras claves o siguiendo las publicaciones de los anunciantes más denunciados”, pero reconoce que “igualmente es complejo”.

Su respuesta adelanta otra vía de encarar posibles ilegalidades, ofensas o engaños sufridos, aun cuando sea a posteriori: denunciar los anuncios “conflictivos” a través de un enlace en las propias plataformas digitales.

De esta forma, “los usuarios pueden comunicarse con el administrador del sitio y explicarle que ese servicio o producto ofertado es ilegal o que no pertenece a quien dice ser su propietario y debe de ser retirado”, explica Batista.

“La práctica de retirar los anuncios en estos casos y de dar un seguimiento a los vendedores más denunciados e, incluso, cerrarle el acceso al sitio por reincidentes, es aceptada como práctica del comercio electrónico, aunque claro, es importante dejarla bien establecida en las condiciones de uso”, añade.

El equipo de La Chopi esboza su fórmula. “Nuestra responsabilidad radica en actuar cuando un usuario denuncia una posible estafa, ante lo cual verificamos el anuncio y, de ser cierto, es eliminado.”

En algunas plataformas el término utilizado no es “denuncia” sino “queja” o “reporte”, pero su sentido es el mismo. De esta manera, los usuarios generalmente pueden no solo denunciar / reportar estafas y otras ilegalidades, sino también anuncios falsos, ofensivos, repetidos y hasta mal clasificados.

Que lo hagan o no, ya es otra cosa.

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Aun cuando la sociedad cubana da pasos hacia una mayor informatización, e incluso existe una política integral para su perfeccionamiento aprobada en 2017 por el Consejo de Ministros, el escenario para los sitios de clasificados y sus usuarios no muestra, de momento, un cambio visible.

Aunque sean conocidas y toleradas estas plataformas carecen de reconocimiento oficial y, por ende, de normas que regulen su actividad.

Recién se anunciaron nuevas resoluciones y normativas sobre el trabajo privado en Cuba y se actualizó el listado de las actividades permitidas. Ninguna está relacionada explícitamente con Internet ni tampoco con la gestión de ventas y servicios a terceros, salvo los de alojamientos y transporte de pasajeros.

Dentro de marco de lo que el gobierno ha definido como trabajo pro cuenta propia, la red de redes no es un ambiente de trabajo en sí mismo. A quienes se dediquen o pretendan dedicarse a esto, no les quedará más remedio que seguir en una especie de limbo legal.

También recientemente entró en vigor una nueva normativa – la Resolución 54 / 2018 del Ministerio de Comercio Interior– para la protección al consumidor “dirigidas a las personas naturales y jurídicas que realizan la actividad de comercio, relacionadas con la venta de mercancías, gastronomía, servicios técnicos, personales y alojamiento”.

Dentro de ella puede interpretarse como un paso de avance el reconocimiento de que “la protección a los consumidores que recurren al comercio electrónico es similar al otorgado en otras formas de comercio”.

Además, establece derechos como “recibir productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, insumos del servicio y de seguridad establecidos”; “recibir protección contra la publicidad comercial falsa o engañosa y práctica desleal de los proveedores”; “contar con garantía, compensación, indemnización y reparación por daños y perjuicios causados, cuando corresponda”; y “disponer de vías y mecanismos para tramitar cualquier insatisfacción, reclamación, conflictos entre consumidores y proveedores por daños, individuales o colectivos, tanto por la vía administrativa como judicial”.

Sin embargo, estos y otros derechos no tienen muchas posibilidades de ser efectivos para los usuarios de los sitios de clasificados. En primer lugar, porque –como ya hemos dicho–, estos sitios no tienen status legal en Cuba ni parece que lo tendrán en el futuro cercano. Salvo, claro está, Ofertas, que pertenece a la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Y tampoco lo tienen una buena parte de quienes anuncian sus mercancías en estas plataformas. Son, en muchos casos, vendedores eventuales o no tan eventuales, pero sin la licencia que los acredite legalmente y, por tanto, más difíciles de atrapar en la red de obligaciones que establece la Resolución.

Para ellos, el riesgo mayor sería el de ser penalizados por el origen ilegal de algún producto o por no estar autorizados para vender, y no por ofrecer mercancías de calidad o no dar garantías a sus compradores.

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Los sitios de clasificados ya forman parte del paisaje socioeconómico de Cuba. Aun sin garantías legales y con Internet a media máquina. De esta manera, han funcionado hasta ahora y deben seguirlo haciendo en un escenario de mayor conectividad en la Isla. Así han crecido y esperan continuar creciendo.

“Vamos evolucionando a medida que surgen nuevas ideas y los usuarios nos plantean sus problemas”, dice a OnCuba el equipo de Timbirichi, al que le gustaría que las empresas estatales pudieran anunciarse en sitios como el suyo.

Satisfechos mayoritariamente con lo logrado hasta hoy y con la respuesta de sus usuarios, aspiran, no obstante, al reconocimiento y al impulso de su actividad por parte de las autoridades cubanas.

Héctor García, cofundador de Cubísima, estima que “para todos los negocios en Internet existentes en la Isla, sería muy importante si contáramos con apoyo de los líderes de Cuba”. En su opinión, “sería genial, por ejemplo, si pudiéramos usar una plataforma de pago que permitiera a los cubanos pagar en la red o si pudiéramos usar canales de promoción como la radio”.

El equipo de La Chopi, por su parte, cree que las instituciones estatales cubanas deberían perder “un poco el miedo a trabajar de conjunto con desarrolladores independientes, así como quitar ciertas trabas como la posibilidad de poder tener un dominio .cu, para que todas las personas que no tienen acceso a internet al menos puedan descargar la app y sus actualizaciones sin problemas”.

Sin embargo, incluso si estas y otras demandas similares no fueran concedidas, a algunos les basta con la posibilidad de existir. Desde esa mínima, pero vital aspiración encaran el horizonte.

“Lo único que no nos hace falta es un cierre del acceso a la web –asegura Erich García, fundador de Bache Cubano–, de lo demás nos encargamos nosotros.”

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