El juicio por espionaje contra el exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, concluyó este jueves tras tres jornadas de vista oral en el Tribunal Supremo Popular (TSP), según confirmaron a EFE fuentes cercanas al proceso.
Al juicio, celebrado en La Habana, asistieron exclusivamente “las partes y las personas autorizadas por el tribunal” por “razones de Seguridad Nacional”, según informó el TSP. El tribunal no indicó si el caso había quedado visto para sentencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) le ha imputado diez delitos adicionales, además del de espionaje, por los cuales será juzgado en un proceso separado, que aparentemente incluye a otros investigados.
Mutismo oficial y expectación sobre el juicio por espionaje a Alejandro Gil
Gil, ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue cesado en febrero del año pasado en lo que en un primer momento se atribuyó a los problemas en la aplicación de reformas económicas en el país en un contexto de grave crisis.
No obstante, un mes después el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicó en un inusual comunicado que Gil estaba siendo investigado por “graves errores” ligados a delitos de corrupción y que el exministro había reconocido “graves imputaciones”. Gil permanecía desde entonces en prisión provisional.
A finales de este octubre, un año y siete meses después del comunicado presidencial, la FGR dio a conocer que Gil era imputado por once delitos, incluido el de espionaje, un cargo inesperado que situó el proceso en un nuevo marco.
Los otros eran malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción, y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
Gil, quien era considerado alguien muy cercano a Díaz-Canel, es el mayor cargo político que cae en desgracia en al menos 15 años. Además de sus puestos en el Ejecutivo, era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El exministro estuvo a cargo de la implementación de la gran reforma monetaria de 2021, la controvertida Tarea Ordenamiento, que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba pero resultó un fracaso.
También fue el encargado de aplicar las primeras medidas de ajuste para estabilizar la economía, como la polémica subida de los combustibles, con incrementos de hasta el 400 %.
Asimismo, fue el encargado de abrir ciertos sectores de la economía a la iniciativa privada nacional con el levantamiento de la prohibición a las micro, pequeñas y medianas empresas, que habían estado vetadas entre 1969 y 2021.
