El Consejo de Ministros analizará este miércoles el paquete de reformas económicas que incluyen unas 176 medidas y busca liberalizar y descentralizar la economía de la isla, marcada por una profunda crisis desde hace seis años.
Tras el análisis del máximo órgano de gobierno de la isla en esta jornada, “se publicarán íntegramente las reformas económicas y sociales”, con modificaciones significativas que van desde la aprobación de la banca privada hasta cambios para atraer el capital de la diáspora, informaron medios estatales.
El mayor paquete de reformas económicas en el país caribeño en al menos 15 años fue aprobado la pasada semana por el Partido Comunista y respaldado en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla. Ambos procesos ocurrieron en apenas dos jornadas.
Durante una comparecencia por sorpresa ante medios estatales, el pasado 12 de junio, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzó ese grupo de medidas que incluyen cambios para descentralizar y asignar una mayor “autonomía” a empresas estatales, a las provincias y municipios, así como transformaciones en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el sector privado.
Cuba aprueba su mayor reforma económica en décadas, bajo la mayor presión de Washington
También contempla la posibilidad de la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico, para “explotar” el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las hoteleras extranjeras a fin de evitar las sanciones estadounidenses, así como “incentivar” la inversión extranjera directa, teniendo en cuenta el rol que pudieran jugar los cubanos residentes en el exterior.
Díaz-Canel aseguró que Cuba “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”, un momento histórico que “exige transformar”.
La isla vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE. UU. A ello se añaden desde mayo sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.
En este sentido, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la víspera que sumaba a la lista de empresas cubanas ya sancionadas —la mayor parte pertenecientes al conglomerado militar empresarial Gaesa— otras cinco entidades del país caribeño, entre ellas dos financieras y una logística y de actividades portuarias, así como una siderúrgica y otra de gestión de activos de minerales metálicos no niquelíferos.
