Han pasado más de 500 días desde que el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia, al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2023, dijera que la acuicultura es “una de las vías más rápidas para incrementar la producción de proteínas de origen animal” en Cuba.
Para esa fecha, de los 5 kg de proteína animal que debería recibir mensualmente cada cubano, se había producido incluso un decrecimiento respecto a 2022: de 438 gramos por habitante en ese año, bajó a 347 gramos en mayo de 2023.
Aunque las estadísticas oficiales para el cierre de 2023 no están publicadas aún, todo indica que se mantuvo el “deficiente aprovechamiento de las capacidades de este programa”, descrito por Tapia, quien, saliéndose del texto que leía, convocó a la población a criar peces en pequeños estanques en los patios.
La “anécdota” es lo que más se recuerda de su comparecencia, dedicada a describir y evaluar la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por el mismo quórum en 2022, y que, según Tapia no lograba los “efectos deseados”.
Todo ocurrió, paradójicamente, luego de que numerosos titulares de prensa a lo largo del país se refirieran a récords de producción y siembra de alevines, recuperación de estanques y proyectos de colaboración internacional que tendrían necesariamente que cambiarle la cara a este sector de la industria alimentaria.
En 2016, la agencia de prensa IPS contaba la experiencia del centro piscícola La Juventud, en Pinar del Río, donde la introducción de especies genéticamente mejoradas, el uso de buenos piensos y la aplicación de la ciencia (inyección de hormonas para lograr más machos que hembras) hacían augurar un futuro promisorio para esa unidad y el resto de la isla. El Ministerio de la Industria Alimentaria aventuró pronósticos como el de duplicar el volumen de captura del momento (más de 27 mil toneladas) para 2030.
Parecía que así sería pues, en 2018, la misma agencia reportaba sobre un proyecto de colaboración con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), mediante el cual llegarían a Cuba desde Brasil tilapias genéticamente mejoradas, gracias a un financiamiento de unos 300 mil dólares.
En 2020 desde Las Tunas se pronosticaba sembrar 10 millones de alevines y “rescatar” espejos de agua sin valor de uso, de ellos 16 hectáreas en el propio centro de alevinaje. En 2021 los planes en Ciego de Ávila incluían la rehabilitación de una conductora y la recuperación de 74 estanques, con el propósito de redondear unas 2900 toneladas de captura.
Dos años más tarde, en 2023, Villa Clara asumía iguales acciones como prioridad, aun cuando ya en 2019 Miguel Díaz-Canel había indicado rescatar la cultura acuícola.
En agosto de este año, en Camagüey se hablaba, al menos en planes, de producir 64 millones de alevines —la cifra más alta del país— para sembrar la totalidad de espejos de agua en su territorio.
Mientras, en Sancti Spíritus —una de las provincias con mayor plan de captura, por encima de las 3 mil toneladas anuales—, el diario local contaba la historia de un jubilado que había hecho cola durante días en los alrededores de la pescadería y que, finalmente, tuvo que marcharse con la jaba vacía.
¿Dónde están los peces?
Las autoridades llevan un quinquenio hablando de recuperar y rescatar, sin explicar del todo por qué se produjo el declive en el sector desde hace una década. Hace unos diez años se produjeron las máximas capturas de las cuatro especies fundamentales de la acuicultura en Cuba: carpa, tenca, tilapia y claria (excluimos el camarón blanco, producido exportación y no para el consumo interno).
Estos cuatro renglones tuvieron su pico de captura en 2015, con 27 937 toneladas —según las series históricas publicadas en los anuarios estadísticos— y desde entonces el descenso ha sido sostenido, con un promedio anual de 21 139.2 t en la última década, pero con años por debajo de esa cifra (2019, 2021 y 2022), tal cual muestra el gráfico.
Los datos correspondientes a 2023 no aparecen en el Anuario Estadístico de ese año, al tiempo que autoridades del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera —constituido en julio de 2021, con subordinación directa al Consejo de Ministros y atendido por el Ministro de la Industria Alimentaria— han estimado para 2024 más de 20 mil toneladas, lo cual estaría en el entorno de los últimos tiempos y que ha sido calificado (lo demuestra la mesa de los cubanos) como insuficiente.
Los argumentos esgrimidos apuntan al déficit de financiamiento, el alto costo de la producción de alevines y la falta de combustible para el mantenimiento de los estanques, aun cuando se reconoce que la única manera de producir más pescado depende más de las aguas dulces que de las saladas.
Sin embargo, la prioridad que en el discurso se le da a esta rama productiva no ha tenido respaldo en inversiones en la última década. De 2012 a 2020, según los anuarios estadísticos, en Cuba se ejecutaron menos de 20 millones de pesos anuales en construcción y montaje en la pesca —los menores valores del total—, lo que equivale a menos del 1 % en la estructura global de inversiones del país en cada periodo.
Solo desde 2021 se ha destinado más dinero (aún siguen siendo los montos más bajos) a esta actividad económica que forma parte de la producción de alimentos, asunto identificado como de Seguridad Nacional.
Tales escaseces motivaron cambios en la estrategia acuícola nacional que, si pudo alcanzar las decenas de miles de toneladas en la década anterior se debió a la producción intensiva —mayor cantidad de peces en un espacio reducido— y no a la extensiva, alternativa a la que conmina el Gobierno, habida cuenta de la falta de piensos, entre otros insumos.
Recientemente Ariel Padrón, director de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, comentó en la Mesa Redonda que después de la COVID-19 no se ha podido cultivar intensivamente claria y tilapia, y que el plan es sembrar el 100 % de las presas y micropresas del país.
Esas aguas embalsadas demandan casi 400 millones de alevines, una cifra “grande”, según Padrón, a la que nunca se ha llegado. No obstante, en 2023 se produjeron 308 millones, lo que apunta a una recuperación que solo podrá comprobarse en 2025, pues una carpa, por ejemplo, demora más de 12 meses para alcanzar un kilogramo de peso.
Este año se prevé una producción similar, sin duda un buen augurio a juzgar por el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria, presentado por Ramón Osmany Aguilar, presidente de la comisión agroalimentaria del Parlamento cubano, en su sesión de julio pasado. “Se estima recuperar la producción industrial a niveles similares a los previos a la pandemia de COVID-19”, aseguró.
Aunque los alevines todavía no han llegado a todos los espejos de agua posibles, el Grupo Empresarial de la Industria Pesquera ha hecho sus cálculos: “Si hacemos un balance de lo que sería llegar al máximo de siembra de todas las presas y micropresas y lograr las capturas que tenemos en la plataforma marina, estamos hablando de que se podría entregar, aproximadamente, 5 kg para consumo per cápita por habitante al año”, aseguró Padrón.
La estimación parece pecar de optimismo: de 1250 hectáreas en estanques de tierra a explotar en Cuba, 500 todavía estaban fuera de servicio al cierre de septiembre.
La propia fuente comentó que “el avance de este programa tiene como ruta crítica la poca disponibilidad física de combustible diésel, de los recursos del balance nacional (cemento, acero y madera) y la crítica situación de los equipos especializados de las empresas constructoras”.
En ese sentido, el informe sometido a análisis en la Asamblea Nacional insiste en que no se logra explotar el 100 % de los acuatorios, y añade a las conocidas limitaciones del sector la “falta del completamiento en las plantillas de pescadores por territorios, se requiere mejorar las condiciones de vida de los pescadores, no se incorporan todas las formas de gestión a esta actividad y se incumplen los contratos”.
Habría que sumar el impacto de las sequías y los eventos climatológicos extremos, así como la adaptación a los retos que plantea el cambio climático, para lo cual se precisan instrumentos específicos que Cuba no ha diseñado aún, según el informe Evaluación del estado de avance de políticas y planes de adaptación al cambio climático en la acuicultura en América Latina y el Caribe (2024), elaborado y publicado por la FAO.
Mientras sigue siendo muy esquivo el milagro de la multiplicación de (los panes y) los peces, tener cría en pequeños estanques en los patios parece una idea romántica y asequible —al punto de ser recomendada ante el Parlamento—; pero nadie ha explicado cómo los ciudadanos, de forma individual y sin recursos, podrían lograr en su escala lo que el Estado no ha conseguido en la suya.
