En un cambio del paradigma distributivo vigente desde los años 60, a partir de abril el Gobierno cubano pondrá en marcha un nuevo esquema de distribución de la canasta familiar normada.
Se trata de una medida esbozada desde hace ya algún tiempo por las autoridades de la isla como parte de su programa económico “para corregir distorsiones”, cuya aplicación fue confirmada ahora en una reunión gubernamental en La Habana reseñada por la prensa local.
La reforma busca subsidiar directamente a las personas y no a los productos, en un escenario atizado por el cerco petrolero de Estados Unidos y la creciente escasez de combustible y otros productos básicos que afecta drásticamente la vida cotidiana en la isla.
La llamada libreta de abastecimiento fue instaurada en 1962 por el gobierno revolucionario como respuesta a la escasez de alimentos y bienes básicos. El sistema, que llega malherido a la actualidad, fijó cuotas mensuales de productos esenciales —como arroz, azúcar, aceite, carnes y granos— que cada familia podía adquirir en bodegas estatales a precios subsidiados.
La medida, concebida inicialmente como transitoria, se convirtió en un mecanismo permanente de distribución y control social, para garantizar un acceso básico a la alimentación en medio de las tensiones económicas y políticas derivadas del embargo estadounidense y los problemas internos de la isla. El mecanismo, sin embargo, ha venido en franco retroceso desde hace varios años.
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Subsidio focalizado, precios diferenciados y producción local
La nueva modalidad de distribución, que comenzará en abril, prevé que ciertos productos básicos, hasta ahora incluidos en la canasta normada con precios subsidiados, pasen a venderse liberados pero con tarifas diferenciadas entre los consumidores.
Según lo informado por las autoridades habaneras durante una sesión de trabajo del Consejo de la Administración Municipal del Cotorro, el objetivo es que la ayuda estatal se concentre en los sectores más vulnerables, mientras se estimula la producción local y se racionaliza el gasto público.
Los productos “van a estar controlados, liberados a la venta, pero a precios diferentes a los actuales de la canasta básica normada, donde se subsidiarán a las personas y no al producto”, reseñó al respecto Tribuna de La Habana.
El reporte no detalla a qué productos de la canasta normada se aplicará este sistema, ni cómo se determinará qué personas y familias se mantendrán bajo la modalidad subsidiada. Tampoco aborda cuál será la diferencia de precios entre quienes se subsidien por el Estado y los que no.
En la reunión —en la que participó Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital— se subrayó que la puesta en marcha del nuevo esquema distributivo “impone un trabajo arduo en lo que queda de febrero y marzo” y que para el mismo “será fundamental” la producción que cada territorio “sea capaz de realizar”.
Lo anterior coincide con lo dicho recientemente por el presidente Miguel Díaz-Canel durante una intervención televisada, en la que abordó la compleja situación que enfrenta la isla en medio de las crecientes presiones por parte de la Administración Trump.
Entonces, el mandatario aseguró que su Gobierno cambiaría “el concepto” de la canasta, para eliminar su dependencia de las importaciones, la distribución centralizada y “el igualitarismo”. “Vamos a comer lo que se produzca en cada lugar”, dijo.
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Atrasos pendientes y crisis energética
El nuevo esquema de abril se anuncia mientras persisten atrasos en la entrega de los productos básicos distribuidos a través de la libreta de abastecimiento.
En La Habana, por ejemplo, el arroz, el azúcar y los chícharos de enero solo llegaron a algunos municipios, mientras en el resto aún se distribuye o está pendiente. Por otro lado, la compota para niños de hasta 2 años se entregó únicamente en La Lisa y Playa.
En otras provincias, sin embargo, el atraso en la distribución de estos productos es mucho mayor, al tiempo que otros, como los huevos o el café, prácticamente ya no se entregan.
El anuncio del nuevo mecanismo para la canasta normada llega en medio de un agravamiento de la crisis energética debido a la presión de Washington. Ello ha obligado al gobierno a aplicar medidas de contingencia como la reducción de servicios públicos, la ampliación del teletrabajo en oficinas estatales, una reorganización docente, y un severo racionamiento de combustible.
Los mercados agrícolas también sienten el impacto. Vendedores como Norbys, en el municipio de Playa, deben caminar largas distancias para llegar a sus puestos debido al alto costo del transporte. “Hay cosas que faltan porque no pueden llegar, producto del racionamiento de combustible”, comentó a la agencia EFE.
El temor de muchos vendedores es que la escasez de combustible y la inflación reduzcan la clientela y hagan imposible llegar a fin de mes. La presión estadounidense sobre el suministro de petróleo ha paralizado progresivamente la economía cubana, ya golpeada por seis años de crisis con inflación elevada, apagones diarios y migración masiva.
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Más medidas al calor de la crisis
En la reciente reunión gubernamental en el municipio Cotorro se insistió en acelerar la entrega de tierras ociosas, en cumplimiento de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria, y en rescatar áreas agrícolas como el histórico Cordón de La Habana, un voluntarista y fracasado plan de producción de café, frutales y otros cultivos en los años 60 con el fin de abastecer a la capital.
También se discutió el acarreo de leche, afectado por la falta de combustible, y la necesidad de incorporar panaderías que funcionen con leña, una variante ya aplicada en crisis anteriores cuyo uso vuelve a extenderse ahora a lo largo de la isla.
La gobernadora habanera anunció la entrega de kits de paneles solares de 2 kilowatts a hogares de ancianos, policlínicos y sucursales bancarias, con el fin de garantizar servicios básicos y mantener la conectividad de la población. Además, se demandó que hogares de ancianos, maternos y otros centros sociales cuenten con “alternativas” como leña o carbón para cocinar.
Por su parte, la primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista, Zulia Muñoz González, llamó a vincular a actores económicos privados con las empresas estatales, y a explotar el potencial de producción de carbón en el territorio.
En paralelo, las autoridades habaneras se refrieron a la búsqueda de soluciones para el transporte de personas y mercancías, como el uso de triciclos eléctricos ante la falta de combustible, el empleo de medios de tracción animal para la recogida de basura, y la construcción de viviendas a partir de contenedores.
