Cien de los 168 municipios de Cuba no tienen cajeros automáticos. Sin embargo, para el vicepresidente del Banco Central (BCC), Alberto Quiñones, es un problema que la supuesta disponibilidad de otros medios digitales para el comercio electrónico podría mitigar.
“Debemos crear en cada comunidad un ecosistema digital. Donde haya cajeros automáticos, con los cajeros. Donde no haya, con los medios digitales que se han explicado anteriormente”, dijo en la Mesa Redonda el 7 de agosto, a la que asistía para responder preguntas de la audiencia sobre la bancarización.
Ni él ni el presidente del BCC, Joaquín Alonso, el otro invitado al panel televisivo, detallaron cómo lograrlo durante los próximos seis meses, marco temporal planteado para la completa aplicación de la Resolución 111 que, en esencia, busca limitar al mínimo posible el uso de dinero en efectivo en el país.
Pocos y mal distribuidos
En agosto de 2019 el propio Quiñones, entonces director de Tecnologías, Sistemas y Desarrollo del BCC, reveló al diario Juventud Rebelde que desde 2017 no se importaban cajeros automáticos.
Ni en la Mesa Redonda ni en otros espacios los funcionarios del BCC se han referido a inversiones en esa tecnología. Tampoco a proyectos para equilibrar las desigualdades regionales en la distribución de cajeros. Toda la información sobre el tema es incompleta y apenas es posible acceder a datos fraccionarios, aportados por las diferentes casas bancarias.
En 2019 los cajeros en operaciones en todo el país eran 926; de ellos, 522 en La Habana. Después llegó la pandemia de COVID-19 y con ella el agragavamiento de la crisis económica, que no ha logrado superarse. Los últimos cuatro años no se ha reportado la adquisición de nuevos equipos.
La “lógica” de su distribución en el territorio nacional se repite a menor escala en el interior del país. En su plataforma digital el Banco Popular de Ahorro (BPA) contabiliza 227 cajeros a su servicio, de los cuales 10 se ubican en La Habana y 5 en la Isla de la Juventud. Los restantes se distribuyen de la siguiente forma: 131 en capitales provinciales y 81 en 26 municipios “no cabecera”, grupo dentro del cual se distinguen Varadero y Moa.
Aunque el balneario matancero perdió la condición de municipio en 2011, en la relación del BPA aparece consignado como tal y con 11 cajeros dispersos entre la Península y el aeropuerto Juan Gualberto Gómez. La ciudad minera, en tanto, dispone de 17 cajeros. Son casos excepcionales; la norma es de dos o cuatro equipos por municipio, incluso en poblaciones de tanta importancia como Cárdenas, Morón y Manzanillo.
En Cuba, tres bancos operan los dispensadores automáticos de efectivo. Además del BPA, lo hacen el de Crédito y Comercio (Bandec) y el Metropolitano, este último solo en la capital.
Ya en agosto de 2019 eran comunes historias como la de una ingeniera del Centro Nacional de Biopreparados, que le contó a Juventud Rebelde las dificultades que tenía para cobrar su salario. “Somos un colectivo de alrededor de 850 trabajadores que tienen la posibilidad de extraer dinero de la tarjeta, y al no haber equipos en el municipio [Bejucal] tenemos que dirigirnos a San Antonio de los Baños o Santiago de las Vegas, por lo que se sobrecargan estas otras localidades”.
Consultado al respecto por el mismo medio, el directivo del BCC se limitó a reconocer las insatisfacciones; “pero es la realidad actual”, zanjó.
Falta “cultura”
Tres años después de aquel reportaje, en el centro laboral de Nuria impusieron la modalidad de cobro de salario exclusivamente por tarjeta. “Nadie en mi centro de trabajo quería, incluso la gente se había quejado en reuniones del sindicato, pero desde hacía tiempo lo tenían entre ceja y ceja y al final lo impusieron”.
Nuria trabaja en la dirección de Salud Pública del municipio de Vertientes, 26 kilómetros al suroeste de la ciudad de Camagüey y que al cierre de 2019 contaba, según la Onei, con más de 50 mil habitantes.
La provincia más extensa de Cuba cuenta con 34 cajeros automáticos: 20 del BPA y 14 del Bandec; 24 de los equipos funcionan en la ciudad capital, y los restantes se distribuyen entre Nuevitas y Florida, la comunidad de Jaronú (municipio Esmeralda), y los balnearios de Santa Lucía y Cayo Cruz.
Cuando, tarjeta en mano, Nuria preguntó cómo podría recibir su salario, le dijeron que fuera al banco o a los cajeros de Camagüey. “Simplemente se quitaron de encima el problema de las nóminas y nos pasaron a nosotros el de las colas”, se queja.
Durante el año siguiente, Nuria pudo tener su salario sin demora gracias a que su hija viaja regularmente a la capital de la provincia y extraía allí el dinero. Así estuvo haciéndolo hasta que en los últimos meses el trámite se volvió cada vez más complicado, por causa de las colas y la constante falta de efectivo. Finalmente, en julio pasado no pudo hacerle el favor a su madre.
“Ella va a trabajar, no tiene tiempo para pasarse toda la mañana o la tarde esperando que surtan los cajeros”, cuenta Nuria.
En esas circunstancias se vio obligada a sacar su salario en la sucursal de Bandec en Vertientes. En julio, cobrar le llevó una mañana de cola; en agosto, estuvieron a punto de ser dos.
“Cuando por fin me tocó, en la caja no tenían dinero y tuve que esperar hasta que llegaron a depositar de una empresa. Fue casi una hora más, aunque podía darme con un canto en el pecho: a otras personas en la cola les dijeron que volvieran al día siguiente porque lo más probable era que a esa hora no se hicieran más depósitos”.
En teoría, Nuria no tendría por qué cobrar en efectivo todo su salario; las autoridades aseguran haber creado un ecosistema digital de prestación de bienes y servicios disponible mediante pagos virtuales. Pero, en la práctica, esos proyectos están lejos de concretarse.
Empezando por las muy mencionadas cajas extra (pensadas para extraer hasta 1 000 pesos diarios), que en sitios como Vertientes siguen lejos de ser una alternativa para la creciente comunidad de trabajadores que cobran por tarjeta. En agosto de 2022 en ese municipio —con más de 50 mil habitantes y la segunda mayor extensión territorial del país— funcionaba apenas una caja extra, ubicada en el punto de venta de gas licuado. De las 95 cajas extra abiertas entonces en Camagüey, 64 prestaban servicio en la capital provincial.
Un año después la situación es prácticamente la misma. Un funcionario del Grupo Empresarial de Comercio de la provincia que pidió no ser identificado reconoció extra oficialmente a este reportero que “persiste la resistencia [a brindar el servicio de caja extra] por parte de los empleados de muchos establecimientos, en particular de las bodegas. Plantean que no cuentan con suficiente efectivo para dichas operaciones, entre otros pretextos”. Un plan para la apertura de nuevas cajas en coordinación con BPA y Bandec está “todavía en desarrollo”, agregó.
De acuerdo con Radio Vertientes, el 18 de agosto, durante una videoconferencia provincial el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Rolando Santana, “insistió en que la población debe ganar cultura al respecto, en aras de hacer más viable el proceso [de bancarización]”.
Sin embargo, el territorio bajo su jurisdicción no tiene previstas inversiones en su infraestructura telefónica —solo la cabecera del municipio tiene cobertura 4G y otras tres comunidades conexión 3G—, o la instalación de nuevos cajeros automáticos. En ese escenario, la falta de “cultura” de la población local en cuanto al tema parece justificada.
Dinero en mano
A diferencia de Nuria, que ni siquiera tiene un smartphone con el que acceder al servicio de caja extra, Michel se enorgullece de portar un vistoso iPhone 14 traído por encargo desde Estados Unidos. También de contar con tarjetas bancarias en moneda nacional y convertible, y cuentas en BPA y Bandec.
Pero, para sacar adelante las cosechas de arroz de las que vive, de poco o nada le sirve la tecnología.
“La agricultura siempre ha sido un negocio de dinero en mano. Muchos de mis trabajadores no han ido nunca al banco, lo suyo es venir y ganarse sus 700 o 1 000 pesos al día. ¿A esa hora voy a decirles: ‘Espérate, que te lo pongo en la tarjeta’? Lo mismo pasa con todo lo que hay que ‘resolver’ porque el Estado no vende o lo hace a precios impagables; da igual si es combustible o una combinada para cortar en tiempo de cosecha. El que puso el límite de los 120 mil pesos mensuales [de extracción] para personas naturales, o no sabía lo hacía o lo hizo a sabiendas, con la peor intención”.
Junto a otros agricultores, Michel fue convocado días atrás a una reunión con las autoridades locales del Ministerio de la Agricultura y el sistema bancario. La intención era mostrarles las ventajas de la bancarización. Casi todos las conocían y estaban dispuestos a aprovecharlas, recuerda.
El problema estuvo cuando, desde el auditorio, comenzaron a devolver preguntas sobre la “letra pequeña” del proceso. ¿Pondrían cajeros automáticos en el municipio o abrirían nuevas sucursales bancarias? Ante la imposibilidad de contar con todo el efectivo necesario para comprar “en la calle” insumos o divisas, ¿el Estado comenzaría proveerlos? ¿Mejorarían la cobertura telefónica? Más allá de respuestas genéricas y exhortaciones, los funcionarios tuvieron poco que decir.