El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba aprobó incentivos fiscales para las entidades estatales y no estatales que financien inversiones en infraestructura social, como escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas.
La medida, ya en vigor y recogida en la Resolución 208/2026, fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
La norma establece una bonificación del Impuesto sobre Utilidades o del Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda, equivalente al 20 % de la inversión realizada en proyectos de construcción, rehabilitación o equipamiento de instalaciones de uso social. El beneficio podrá aplicarse en un plazo de hasta cinco años.
La resolución, firmada el 25 de septiembre por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, busca “establecer los incentivos fiscales correspondientes a los actores económicos estatales y no estatales” que destinen recursos a fines sociales, en el marco de las transformaciones económicas y sociales del país.
Donaciones y servicios sociales
La disposición también contempla una reducción del 10 % en el impuesto a pagar por quienes realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales. La rebaja se aplicará sobre el Impuesto sobre Utilidades o sobre los Ingresos Personales, de acuerdo con la naturaleza del contribuyente.
Además, las entidades estatales y no estatales dedicadas fundamentalmente a actividades y servicios sociales podrán solicitar un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación del Impuesto sobre los Ingresos Personales durante sus primeros cinco años de operación. También quedarán exentas del pago del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarias para prestar esos servicios, siempre que al menos el 50 % de sus ingresos brutos provenga de dichas actividades.
Estos beneficios requerirán una autorización expresa del Ministerio de Finanzas y Precios, previa solicitud del interesado.
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Requisitos y control
Para acceder a la bonificación por inversiones, la entidad receptora deberá incorporar los bienes objeto de la inversión a sus activos fijos tangibles. El monto deducible se determinará a partir de las facturas y de la documentación que acredite el costo real de la obra o el equipamiento.
Las bonificaciones por inversión y por donación se harán efectivas en la liquidación anual del impuesto correspondiente al cierre del ejercicio fiscal. El contribuyente deberá presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) la documentación que avale la inversión social ejecutada, así como la conformidad de la entidad presupuestada beneficiada.
El Ministerio de Finanzas y Precios quedará encargado de controlar los beneficios concedidos, en coordinación con la ONAT, con el objetivo de evaluar los resultados asociados a los incentivos.
La Resolución 208/2026 entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
La medida se enmarca en la Ley 113 “Del Sistema Tributario”, de 2012, cuya Disposición Final Segunda faculta al ministro de Finanzas y Precios a conceder exenciones y bonificaciones fiscales, totales o parciales, permanentes o temporales, cuando las circunstancias económicas y sociales lo aconsejen.
Objetivos en el corto plazo
Al vincular beneficios tributarios con la construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, el Ministerio de Finanzas y Precios busca que la inversión privada y empresarial contribuya a aliviar necesidades sociales urgentes.
La apuesta oficial es que los incentivos fiscales funcionen como un mecanismo para atraer capital, promover alianzas con entidades estatales y sostener la recuperación de servicios básicos.
Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de la capacidad real de las empresas y personas naturales para invertir, de la disponibilidad de materiales y equipos y de la aplicación efectiva de los procedimientos de autorización y control previstos por el ministerio y la ONAT.












