Cuba y China formalizaron un proyecto de inversión en energías renovables, en otro espaldarazo del gigante asiático al estratégico programa de cambio de matriz energética en la isla sumida en prolongados apagones y erogaciones lastrantes para la compra de combustibles fósiles.
El acuerdo prevé la instalación de siete parques fotovoltaicos de cinco megavatios cada uno, en seis provincias cubanas.
La rúbrica de un documento entre las partes, estuvo a cargo del embajador chino en La Habana, Hua Xin, y el viceministro primero del comercio exterior y la inversión extranjera, Carlos Luis Jorge, en una ceremonia efectuada en La Habana, publicó un reporte de la televisión cubana glosado por la agencia Prensa Latina.
En un plazo de siete meses se prevé el arribo, por vía marítima, de los componentes para su montaje, establece el acuerdo.
La futura operatividad de esos parques fotovoltaicos representará el ahorro anual de 18 mil toneladas de combustibles, lo que equivale a siete millones de dólares, aseguran autoridades del sector energético cubano, agregó el despacho de PL.
El embajador Hua se mostró esperanzado de que con este proyecto “podamos contribuir con la fuerza china a los esfuerzos cubanos para garantizar seguridad energética y promover la transición” en este ámbito.
Cuba pretende instalar mil megawatts de energía fotovoltaica en un par de años
Transición energética
Con el arreciamiento de la crisis energética y la ruina de las centrales térmicas por obsolescencia y desinversión, el gobierno cubano ejecuta a marcha forzada un programa de inversiones en parques fotovoltaicos a lo largo del país, respaldado por China.
La intención oficial es que las fuentes renovables de energía –FRE– participen en 24% en la matriz energética cubana en 2030, proporción casi cinco veces superior a la actual, una meta que ya se había consensuado desde 2014, pero que se ralentizó por el camino hasta casi estancarse.
Actualmente las FRE apenas aportan 5% a la matriz energética, desde un 4% de participación hace diez años.
Para recuperar el atraso, el país se propone ahora instalar 92 parques solares fotovoltaicos hasta 2028.
Con esas inversiones, la isla ahorraría 750 mil toneladas de combustible, aproximadamente la quinta parte de lo que importa hoy, con una factura total que roza los 2 mil millones de dólares.
De acuerdo con informes oficiales, Cuba tiene instalados actualmente parques fotovoltaicos con una capacidad total de 260 MW, que cubren alrededor de 2% de la generación eléctrica anual, a las que se suma un 5 % de otras fuentes renovables (biomasa, eólica e hidraúlica).
El programa de inversiones en marcha hasta 2028 aspira alcanzar una capacidad de 2 mil MW, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.
Medidas paralelas. Decreto 110
En paralelo, las autoridades modificaron en 2023 las tarifas de compra de electricidad a fin de alentar la inversión de la población y de las empresas en la instalación de paneles solares y otras alternativas de generación con fuentes renovables.
En noviembre, salió a la palestra el Decreto 110, que obliga a invertir en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía a los altos consumidores, sean entidades estatales o privadas, mientras se agudiza la crisis energética que afronta el país.
Actores económicos “altos consumidores” deberán generar parte de su electricidad
Según la norma, los actores económicos estatales y privados, representaciones de instituciones extranjeras y formas asociativas deben garantizar en las nuevas inversiones que se consideren “altas consumidoras de portadores energéticos”, que la mitad de la electricidad que consuman en horario diurno sea con fuentes renovables de energía.
En caso de no poseer condiciones para instalar de paneles solares, debido a la infraestructuras de sus locales, dichas entidades deben realizar contratos con la estatal Unión Eléctrica –la garante de la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica– y conectarse a parques fotovoltaicos.
Violar estas disposiciones puede conllevar multas, interrupción del servicio eléctrico hasta 72 horas y otras sanciones.
Las entidades consideradas altas consumidoras –aquellas que, en los últimos 12 meses del año, promedian un consumo de 30 mil o más kilovatios (KW) o 50 mil litros de combustible–, tendrán tres años para realizar inversiones que cubran ese requerimiento de 50 % del consumo diurno.
