Las nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba, anunciadas el mes pasado por el Gobierno, entran en vigor este jueves al cumplirse 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial.
El paquete de medidas incluye un grupo de decretos leyes y resoluciones defendidas por las autoridades como una “actualización” de lo normado hasta el momento para los actores no estatales y que, aseguran, buscan regular su funcionamiento en el actual escenario económico.
Las normativas, que han generado críticas entre no pocos privados y economistas, mantienen en buena parte las regulaciones ya existentes y agregan nuevas disposiciones. Las mismas se dirigen a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.
Entre las normas destaca que ahora los municipios serán quienes aprueben las solicitudes para crear nuevas mipymes, en vez del Ministerio de Economía, como había sucedido desde la legalización de las pequeñas empresas privadas en 2021.
Este cambio, sin embargo, no se implementará oficialmente hasta marzo de 2025. Por otro lado, también se creará un instituto nacional para supervisar al sector privado.
Según las cifras oficiales, el total de empresas y cooperativas no estatales supera las 11 000 y emplea aproximadamente a un cuarto de la fuerza laboral en la isla.
Otro punto que han señalado sus críticos es la obligación de que los socios de las mipymes privadas sean cubanos con residencia efectiva —es decir, que vivan más de la mitad del año en el país o cuenten con un arraigo demostrado en la isla— o extranjeros con residencia permanente.
Académicos y expertos independientes han censurado este punto, pues consideran que ello afecta a las empresas con socios con doble nacionalidad y con residencia fuera del país.
El Gobierno, por otro lado, ha remarcado en los últimos meses la importancia de evitar “distorsiones” en su economía, sumida en una profunda crisis, y reforzar la rendición de cuentas en casos de evasión de impuestos.
Las nuevas normativas incluyen igualmente una actualización del listado de actividades prohibidas para los privados en la isla. Entre estas se cuentan actividades relacionadas con la minería, las comunicaciones, el sector financiero, la salud, la energía —a excepción de la relacionada con fuentes renovables—, la defensa y la gestión cultural y deportiva independiente, entre otras.
La distribución del “paquete semanal” no está prohibida, asegura funcionario
Las nuevas regulaciones se sumaron al tope de precios, del pasado julio, de hasta seis productos comercializados en el sector privado, como el pollo y la leche.
Las autoridades cubanas han asegurado que no llevan adelante “una cruzada” contra el sector privado, pero, al mismo tiempo, han criticado el accionar de las formas no estatales, en particular en aspectos como los precios de sus productos y la evasión fiscal.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel aseguró en el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional el pasado julio que “muchas” de las mipymes “no respondieron a la confianza del Estado”.
El mandatario criticó a los negocios privados que no han tenido “la transparencia que demanda la población” y adelantó que el Gobierno actuará contra “el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude, vengan de donde vengan”.
EFE / OnCuba
