Que la industria alimentaria de Cuba está muy lejos de lo deseado no necesita de un informe parlamentario para comprobarse. Basta con la realidad cotidiana de las mostradores y las mesas de los cubanos.
No obstante, la alta fiscalización del parlamento de la isla al ministerio del sector —cuyos resultados fueron presentados este jueves— no solo confirma lo conocido por muchos, sino que revela, desde las cifras y el enfoque oficial, las dimensiones del retroceso experimentado.
Los datos de la implementación de las leyes de Pesca y de Soberanía Alimentaria y Nutricional, por ejemplo, hablan de una lánguida recuperación en un pequeño grupo de producciones. El resto no hace otra cosa que adelgazar en sus cifras.
De 22 producciones seleccionadas en el proceso de examen parlamentario, al cierre de 2023 se decrecía en 20 y solo crecían la carne de cerdo en bandas y las bebidas alcohólicas nacionales.
En 2024, al cierre de marzo, de esas 22 producciones seleccionadas, seis crecen (cuatro más: bebidas alcohólicas nacionales, croquetas, cerveza, refrescos, langosta y conservas de tomate).
Sin embargo, reconoce el informe, aun donde se crece los incrementos siguen estando por debajo de las demandas de la población y la economía, en un escenario que el propio Gobierno ha catalogado como de “guerra” y en el que se combinan los efectos de la pandemia y las sanciones estadounidenses con las ineficiencias y los planes gubernamentales fallidos.
Tales estadísticas están contenidas en el dictamen sobre los resultados en la implementación de las leyes de Pesca y de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, dado a conocer este jueves a los diputados de la Asamblea Nacional por Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la comisión agroalimentaria.
El análisis, que hace parte de la alta fiscalización parlamentaria, también registró el estado de las producciones y la inversión extranjera, así como las acciones para prevenir y enfrentar las ilegalidades, el delito y la corrupción en el sector.
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Por debajo del plan
Según el informe, citado por el medio oficial Cubadebate, hasta marzo de 2024 algunas producciones arrojan resultados decepcionantes:
- Harina de trigo: el plan se cumple al 44 %, con 36 mil toneladas dejadas de producir. Con respecto a igual período de 2023, disminuye en 27 785 toneladas.
- Soya beneficiada: no se ha producido en el año, lo que representa una disminución en 3520 toneladas con respecto al 2023 y afecta la producción de yogur de soya, con 10 mil toneladas menos.
- Carne de res deshuesada: el plan se cumple al 47 %, con 1569 toneladas dejadas de producir. Disminuye en 800 toneladas en relación con el 2023, lo que afecta las entregas de carne de res para niños y dietas.
- Café: el plan se cumple al 58%, con 1217 toneladas menos. Este renglón decrece en 1530 toneladas debido al incumplimiento de las entregas de la agricultura.
- Captura bruta: se cumple al 56 %, lo que representa 1 346 toneladas por debajo del plan. Con respecto al año anterior la disminución es de 1 310 toneladas.
- Acuicultura: el plan se cumple al 69%, con 456 toneladas menos. El decrecimiento es de 153 toneladas respecto a igual período del año anterior.
- Helados: cumplimiento del 57%, con 497 galones dejados de producir. Con respecto a igual período del año anterior la disminución es aún mayor: 949 galones.
En cuanto a la actividad láctea, durante 2023 la industria acopió 194 millones de litros, el 67,2 % de lo contratado, con las consiguientes afectaciones en los principales destinos.
Por demás, esa cifra fue el apenas 49, 7% de lo demandado para la canasta básica en un año en el que más de 9 mil productores incumplieron la contratación.
Ya en 2024 se han contratado 232 millones 242 500 litros de leche, el 84 % del potencial. Al cierre de marzo, de acuerdo con el informe, el plan de acopio se comportaba al 70,3 %.
En la actividad cárnica, en 2023 la industria recibió 47 mil toneladas, con lo que la contratación se cumplió al 71,2%. En ese año, mil 500 productores incumplieron los compromisos.
En 2024 se han contratado 52 782 toneladas, el 83 % del potencial existente. Sin embargo, al cierre de marzo, de un plan acumulado de 14 407 toneladas de vacuno, solo se han entregado 7 753 toneladas, o sea, el 53,8 %.
El incremento de los precios de las materias primas, dificultades para adquirirlas junto a insumos secos; el incumplimiento de las entregas de melaza para producción por la industria azucarera; poca autonomía financiera que determina altos volúmenes de pagos retenidos y deudas comerciales y con socios foráneos, son algunos factores que jugaron negativamente en el escenario productivo de la isla, de acuerdo con la fiscalización parlamentaria.
Además, fue limitada la utilización de las capacidades productivas instaladas por el déficit de materias primas, insumos y envases.
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En un enfoque general y no sectorializado, durante el 2023 se produjeron 54 274 toneladas de productos, las que significaron 87% de lo planificado.
Para este año, apunta el informe oficial, se han contratado 55 mil 153 toneladas de productos. Las entregas hasta marzo se han comportado al 93% de lo contratado hasta la fecha, resaltando como más significativo el incumplimiento de la producción tomatera (64.8%).
“Como se aprecia, persisten dificultades en la realización de la contratación económica de las empresas lácteas y cárnicas con las formas productivas y productores, además de que no se aprovechan las facultades otorgadas a las empresas para fortalecer la atención directa a los productores y contribuir gradualmente a la recuperación sostenible de los sistemas productivos locales”, evaluó Aguilar Betancourt.
Potenciando la pesca privada
Uno de los empeños del gobierno es flexibilizar la actividad pesquera no estatal, una vieja demanda de la población que por décadas ha visto retroceder la actividad en un archipiélago que por obvias razones debería exhibir un amplio mercado de productos marinos.
Buscando levantar la producción y soslayando los riesgos de aumentar la emigración ilegal por mar, el Gobierno estimuló los servicios de construcción y reparación de embarcaciones de entidades especializadas a las distintas formas de gestión y permitió el incremento hasta 60 HP de la potencia de motores a importar sin carácter comercial por personas naturales.
De igual forma, autorizó a personas naturales para construir e inscribir embarcaciones, “siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos”, y la creación de condiciones en los territorios para la venta mayorista y minorista de insumos, incluidos artes de pesca y medios de protección.
Esos incentivos generaron que la emisión de licencias de pesca aumentaran el pasado año un 48 % en comparación con 2022, como resultado de que se eliminara la obligatoriedad de tener contrato con una entidad autorizada para solicitar una licencia de pesca comercial no estatal.
No obstante, según el presidente de la Comisión Agroalimentaria, en varios territorios del país decreció la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras y otras que transforman y comercializan producciones que se obtienen por esa vía.
Al cierre de abril los pescadores privados habían capturado 214.4 toneladas, pero de ellas las empresas pesqueras solo compraron 104.7 toneladas.
Esa realidad sugiere que los pescadores están “desviando” sus capturas hacia los mercados callejeros informales o al sector de la gastronomía privada, toda vez que obtienen mejores precios que en sus contratos con entidades del Estado.
En consecuencia, el informe parlamentario invita a los gobiernos municipales a “desarrollar un sistema de trabajo que permita atender a estos actores económicos y convertir en una opción atractiva la comercialización de las capturas con las empresas pesqueras, las del comercio y la gastronomía y el abastecimiento al turismo”.
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Penalizaciones
La actividad pesquera está siendo fuertemente monitoreada por la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE), que fiscaliza las medidas de manejo para los recursos pesqueros en función de cada zona de la isla.
Al cierre de 2023 habían sido detectados 2 41 infractores y se habían impuesto multas por 5 millones 717 mil pesos.
Ya en 2024 se han detectado 601 infractores y se han gravado multas por un millón 833 mil pesos; se decomisaron 87,6 toneladas de productos pesqueros; 37,6 kilómetros de redes y 254 medios flotantes, según las cifras del informe oficial.
Para el relator parlamentario, se trata de “una muestra de la no tolerancia ante los hechos que atentan contra el manejo sostenible de los recursos pesqueros”.
Acuicultura, la favorita
Aguilar Betancourt reiteró la prioridad gubernamental en el programa de desarrollo de la acuicultura para el crecimiento del sector pesquero, aprovechando las potencialidades locales.
Como parte de ese programa, durante 2023 se sembraron 308 millones de alevines, la cifra más alta en los últimos 10 años, y para 2024 está prevista la siembra de 357 millones. Con ello se espera obtener 49 millones más de carpas que en 2023, apuntó el legislador.
Sin embargo, otra vez se constata la quimera del cálculo oficinesco con la realidad demostrada: hasta abril se habían capturado 3 767 toneladas, que equivale a 68% de cumplimiento del plan y que representa un decrecimiento de 63 toneladas con respecto a igual periodo de 2023.
De acuerdo con el informe, un cuadro de desventajas está entrampando la concreción de las metas.
No se logra explotar el 100% de los acuatorios, principalmente las micropresas con potencial productivo; falta completamiento en las plantillas de pescadores por territorios; se requiere mejorar las condiciones de vida de los pescadores; no se incorporan todas las formas de gestión a esta actividad y se incumplen los contratos, resumió el documento fiscalizador.
A todas estas, hay mucho interés en revolucionar la cartera de exportaciones y de inversiones extranjeras, con guiños hacia producciones como las de pesca de plataforma, la ya citada acuicultura, el cultivo de camarón y la chocolatería.
