El Gobierno cubano debate por estos días la Ley de Pesca vigente desde 2020 porque, según asegura, “todavía falta comprensión” sobre la misma entre los pescadores.
Los intercambios se iniciaron la pasada semana en la comunidad costera Baracoa, de la provincia de Artemisa, y se extenderán hasta el próximo agosto, de acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En total, los debates se realizarán en 222 bases pesqueras de 78 municipios cubanos, “con el fin de evaluar la aplicación de las normativas y escuchar preocupaciones de los pescadores”, en medio del retroceso productivo que experimenta el sector desde hace varios años.
Según Miladys Naranjo Blanco, viceministra de la Industria Alimentaria (Minal) estas reuniones se organizan porque “aunque antes de la aprobación de la Ley en el año 2019 ocurrieron intercambios, todavía falta comprensión”.
“El impacto que necesita el país con estas medidas aún no se ha logrado”, admitió la viceministra, quien reconoció que “hay cuestiones de la normativa que no se aplicaron correctamente y se requiere alinear criterios para lograr mayor producción de pescado”.
Falta de organización
Entre los temas “más sobresalientes” que el Gobierno busca enfatizar en los intercambios, se encuentra la comercialización de pescado a partir de una medida aprobada en 2022.
Dicha medida permite a los pescadores vender sus productos sin necesidad de estar contratados por una empresa estatal, como estaba establecido anteriormente. Sin embargo, según Naranjo Blanco, ello “no ha tenido la organización que demandan los momentos actuales”.
En opinión de la funcionaria, “se necesita que los que hoy tienen licencia comercial no estatal, los pescadores que son trabajadores por cuenta propia, hagan llegar el pescado de forma ordenada desde las propias comunidades pesqueras, desde los consejos populares”.
Para ello, señala, deben crearse “las condiciones viables para lograr el impacto que se necesita, y que en un breve tiempo se pueda afirmar que se cumple el objetivo de llevar ese alimento al pueblo”.
Expectativa gubernamental
Preguntada por las expectativas del Gobierno con estos debates, la viceministra respondió que esperan impulsar las contrataciones de los pescadores con las empresas estatales pues éstas “cuentan con recursos como el hielo, las artes de pesca y otros avituallamientos que apoyan en la labor que realizan”.
Ello, reconoció, “no se ha logrado, aunque existen experiencias positivas” en algunos territorios.
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Naranjo Blanco consideró que las relaciones de los pescadores con las empresas estatales “son imprescindibles” para “ordenar la producción”, al tiempo que también pueden garantizar la seguridad social a los hombres de mar.
“Pero si la persona no quiere, precisamos que tengan conciencia de la necesidad y del papel que ellos juegan en contribuir con un granito de arena en la alimentación de su comunidad”, afirmó.
En el primer debate, el pasado jueves en la comunidad costera de Baracora, las autoridades y los pescadores tuvieron un “intercambio franco”, en el que estos últimos “expusieron preocupaciones y problemas reales que enfrentan cotidianamente”, reseña la ACN.
Alberto López Díaz, titular del Minal, explicó que en Cuba existen más de 20 mil pescadores, cifra que calificó como un “potencial inmenso que hay que revertir en beneficio del pueblo, para producir más pescado”.
“Las medidas de flexibilización que enuncia la Ley, tienen que corresponderse con el impacto en la obtención de ese producto altamente demandado”, aseveró.
Además, según el reporte oficial, en su debate con los pescadores las autoridades llamaron a “ordenar la comercialización y los precios” al tiempo que abogaron por organizar la actividad pesquera “desde el municipio”, para “dar una respuesta desde local” a la falta de pescado.
