El Gobierno cubano aplazó la implementación de la resolución 56 de 2024 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) para las cooperativas no agropecuarias y mipymes privadas.
La polémica normativa, que restringe las actividades de comercio mayorista para varios actores económicos, fue prorrogada hasta el 30 de septiembre para el caso de las las cooperativas y mipymes, aunque no para los trabajadores por cuenta propia (TCP).
A estos últimos les fue retirada esa facultad de su espectro de acciones permitidas, tal como se había anunciado el pasado diciembre, al darse a conocer la resolución gubernamental. Entonces, se les dio un plazo de 120 días hábiles para liquidar sus mercancías con esta finalidad.
Así lo confirmó este martes una comunicación del Gobierno en sus redes, en la que no se ofrecen argumentaciones sobre el aplazamiento de la medida en unos casos y no en el de los TCP.
La nota oficial confirma que los trabajadores por cuenta propia “al cumplimiento del plazo establecido, culminan la liquidación de inventarios de mercancías en tránsito y en plaza, destinados al comercio mayorista o venta al por mayor”.
Además, reitera que se “mantiene el comercio minorista en todos los actores no estatales que tienen aprobada esta actividad”.
El comunicado gubernamental reafirma que la empresa estatal es el “actor fundamental” de la economía cubana y señala que fueron aprobados “los objetivos generales y directivas para el perfeccionamiento de la actividad de comercio por los actores económicos no estatales”, aunque sin precisar más detalles al respecto.
La nota informa igualmente sobre la aprobación de seis negocios conjuntos entre entidades estatales y mipymes privadas, aunque sin especificar sobre sus perfiles, y sobre la visita realizada por el Gobierno a los 16 municipios que ya aprueban de manera descentralizada los nuevos negocios privados de sus territorios.
La resolución y la polémica
Publicada en diciembre pasado, la resolución 56 del Mincin forma parte de un paquete normativo impulsado por las autoridades cubanas con el fin declarado de reorganizar y “actualizar” el funcionamiento del comercio mayorista en la isla.
Este marco regula estrictamente las operaciones comerciales de los actores privados y restringe sus actividades mayoristas a transacciones con entidades estatales o mediante comercializadoras mayoristas controladas por el Estado.
La normativa excluye a los trabajadores por cuenta propia del comercio mayorista y les permite únicamente gestionar de esta forma mercancías derivadas de sus propias producciones.
En contraste, las mipymes y cooperativas que tienen esta actividad como su objeto social principal podrían seguirla ejerciendo luego de actualizar sus licencias comerciales, aunque operando bajo contratos con participación estatal directa.
En caso de tenerla como actividad secundaria, tenían 120 días hábiles para liquidar su mercancía, algo que con el aplazamiento ahora anunciado se extendería hasta finales de septiembre.
Según las autoridades, las medidas establecidas en la norma buscan corregir “distorsiones” en el sistema económico y garantizar un mayor control estatal sobre sectores estratégicos.
No obstante, analistas independientes las han señalado como otro paso para aumentar el control sobre el sector privado de la isla y rebajar el alcance de sus dinámicas de mercado. En particular, han sido polémica la exclusión total de los TCP del comercio mayorista, algo que obliga a muchos a depender del mercado informal o reducir sus operaciones.
Gobierno cubano restringe el comercio mayorista del sector privado
El Estado busca oxígeno
Otro punto de controversia es la obligatoriedad de vincularse “de forma directa” al Estado para las mipymes y cooperativas no agropecuarias dedicadas a esta actividad.
En la nueva licencia comercial se especifica que la comercialización tendrá que realizarse mediante contratos con participación de entidades estatales, que comprenden las comercializadoras mayoristas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
De acuerdo con el economista cubano Pedro Monreal, la resolución 56 “convierte los actores no estatales, que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista, en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, estas sin divisas y no pocas de ellas ineficientes”.
Según el experto, con la normativa “parece intentarse ‘oxigenar’ el sector mayorista estatal, asfixiando el sector privado”.
Además, en su opinión “queda al desnudo la falacia de la ‘igualdad’ entre actores económicos” pues “se discrimina al sector mayorista privado despojándolo de su mercado”.
Mipymes y la necesidad imperiosa de una visión integral y estratégica
Empresa estatal socialista por sobre el resto
El anuncio oficial publicado este lunes reiteró, en primer plano, que “la empresa estatal socialista es el actor fundamental” de la economía cubana y reiteró el carácter “complementario” de los “restantes actores económicos”.
Muchos foristas que comentaron el comunicado oficial en Facebook cuestionaron la preminencia normativa al empresariado estatal, si una parte importante de lo que produce, como artículos de aseo personal y otros bienes, lo comercializa en divisas.
“Pues de socialista ni un pelo. Por qué vender la producción nacional… en una moneda que no es la del trabajador? Yo no quiero que me lo regalen ni me lo subsidien, yo quiero que me lo vendan en la moneda que el estado me paga a mí y con la que supuestamente debo satisfacer mis necesidades”, escribió una internauta identificada como Elizabeth González.
Por su parte, el forista llamado José Antonio Bravo estimó que la “Empresa Estatal Socialista ni funciona, ni se pega a las necesidades del pueblo, solo sirve para ampliar mecanismos de corrupción y de oportunistas”, en tanto para Gonzalo Sanchoyerto resulta más que evidente que “ese tipo de empresas sobrevive ni se sabe cómo”, dado que la mayoría de ellas padece de “endeudamiento”, en las que “a veces no hay dinero ni para el salario”.
De acuerdo con el economista Omar Everleny Pérez, “la situación actual de muchas empresas estatales (pérdidas, baja rentabilidad y baja productividad, entre otras) no solo se debe a que no disponen de recursos frescos, sino a que son incapaces de generar nuevas utilidades para mantener el negocio de forma ininterrumpida, devolver financiaciones, pagar sus obligaciones corrientes y generar valor”.
Según este académico, uno de los problemas es que la nueva y pospuesta ley de empresas, cuya discusión parlamentaria se anunció para 2022 y aún no ha sido aprobada, “no puede ser una ley para las empresas estatales, sino para todas las formas de propiedad existente. Y según se sabe, se llamará Ley de la Empresa Estatal Socialista”.
“Ya de inicio partiría con una incongruencia cuando se apruebe”, consideró sobre este particular.
La empresa estatal socialista es la primera, si pero en solo implementar políticas, no en hechos. Esto es experimentos tras experimentos, y de soluciones nadas. Los mercados que son intervenidos por políticos y políticas, terminan falleciendo y arrastrando a sus pueblos a la miseria.