Arturo López-Levy
Las medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano el 16 de julio reflejan la conciencia de las autoridades respecto a los mayores retos para la economía cubana y las dimensiones donde sus actos pueden marcar diferencia hoy, en medio de la pandemia de COVID-19. Estos serían: 1) mitigar la vulnerabilidad externa causada tanto por razones estructurales propias como por la política hostil de Estados Unidos; 2) propiciar una economía mixta integrada, promoviendo las medianas y pequeñas empresas tanto privadas como cooperativas y desmontando su segmentación del sector estatal y de la economía internacional y 3) continuar la modernización financiera automatizando las operaciones con monedas libremente convertibles dentro del sistema bancario cubano. Esto último ayudaría a medir y, por tanto, también a manejar desbalances de cuya magnitud no se tiene una buena evaluación.
¿Cuál es la importancia y el alcance de las medidas anunciadas?
En medio de una crisis económica de alcance y duración muy inciertos, la administración de Díaz-Canel usa el crédito político alcanzado por su manejo exitoso de la pandemia para implementar reformas económicas pospuestas por más de una década. El Gobierno parece entender que ya no es opción racionalizar su sistema de economía de comando, que segmenta a los sectores más dinámicos de ampliación de servicios y creación de empleo, dígase el empresario privado y las cooperativas, del sector estatal y el comercio exterior. Es un primer paso que el Gobierno identifique como su mejor apuesta liberalizar la economía.
El discurso político que ha rodeado el anuncio de las medidas es revelador, pues en lugar de presentarlas como concesiones temporales, se han explicado como acciones de largo plazo. El Gobierno reconoce que la medida traerá efectos negativos a la propuesta socialista de igualdad y tragos amargos para la propia base del PCC, con los que habría que lidiar mediante la reactivación del ciclo productivo, sabiendo que habrá costos políticos. Un elemento decisivo a este respecto es el diseño de un sistema fiscal transparente y moderno, que reduzca la incertidumbre a los inversionistas foráneos y del patio, mientras recaude suficiente ingreso para hacer frente a las crecientes demandas de bienestar social mínimo.
La pregunta clave en cuanto a cultura institucional es hasta qué punto las élites cubanas aceptarán que el mercado sea una institución que funciona con autonomía y no un espacio a abolir o limitar arbitrariamente, como hasta ahora. Esa no es una cuestión simple, pues tan evidentes son los sectores que abrazan los cambios con entusiasmo como la persistencia de bolsos de intransigencia ideológica. Estos últimos, tan diestros inquisidores como ignorantes de las variantes del pensamiento económico sobre el mercado, identifican cualquier recomendación a favor del sector privado y su integración a la economía como parte del neoliberalismo.
Además de esas intransigencias de viejo cuño, el proceso de cambios viene cargado de incertidumbres propias. Aunque el presidente Díaz-Canel sigue insistiendo en la planificación centralizada, la interpretación de tal concepto se complica al decir su ministro de Economía que esta no consiste en la asignación de recursos de modo centralizado. Habrá que esperar entonces por pasos concretos que precisen hasta qué punto los precios funcionarán como equilibradores de oferta y demanda y cuán autónomos funcionarán los mercados creados. Habría que preguntarse también cuán preparada está la burocracia económica del país para manejar una economía diferente, para mejorar el mercado, no para trabarlo.
Como política pública, es importantísima la medida de abrir espacio jurídico a la creación de empresas de diferente signo, incluso mixtas (estatales-privadas). Tal acto sienta precedente en un país en el que, por décadas, solo un ministerio o un líder de autoridad nacional tuvo esa prerrogativa, nombrando además los principales ejecutivos de esas entidades. Incluso hoy, después de varias marchas y contramarchas de reformas desde 1992, el monopolio del Estado en esa área permanece intacto. Habrá que ver hasta dónde se libera esa prerrogativa y se viabiliza el registro de las nuevas entidades y su impacto en la competencia, con su consiguiente “creación destructiva”, dejando caer (bancarrota o reorganización) a las empresas ineficientes.
Otra medida relevante es la creación de un espacio para exportar e importar, aun con intermediarios (37 entidades estatales), disponible —según entendí— a toda la economía, incluidas las empresas privadas y las cooperativas. Habrá que ver también cuán bien institucionalizado y sin intervenciones superfluas es el mercado mayorista de equipos e insumos a comprar en divisas, que se anuncia para las empresas. Si el que quiera puede importar un tractor o el equipo que necesite para producir alimentos, será un buen indicador de la seriedad de lo proclamado por el Gobierno.
Mucho depende la reforma del perfeccionamiento de la empresa estatal y su descentralización. Buenas empresas son resultado de buenos administradores y buenos incentivos a los trabajadores. Descentralizar puede ayudar a más competencia, a identificar las buenas y malas prácticas y crear un mercado de administradores, con sus correspondientes incentivos.
El presidente mencionó la descentralización, tema que conoce, pues es un líder que creció desde lo local. Dijo que hay en curso una discusión con poderes provinciales e intendentes municipales. Sin embargo, los términos de esa apertura no fueron abordados.
La administración de varios problemas empresariales se relaciona con la escala de lo que se maneja, y la cercanía entre los supervisores o beneficiarios y sus agentes. En las experiencias exitosas de transición a economías mixtas, dentro de sistemas Estado-partido en el este de Asia, las mayores ganancias de eficiencia se produjeron no por la privatización en sí, sino por las condiciones en que esta ocurrió. Es decir, la descentralización hacia empresas de economía local (township and villages enterprises) actuó como catalizadora de competencia y complementariedad con las empresas del Estado, que fueron forzadas a reformarse.
La eliminación del gravamen a las transacciones con dólares
Esta medida desmonta una política de escalada en el conflicto con EE.UU., pero de poco sentido económico a estas alturas. Originalmente, el Gobierno procuró cambiar la composición de las divisas que entraban al país, para evitar las transacciones en dólares con la banca internacional. Esas operaciones eran perseguidas por la inteligencia financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, dada la infame prohibición del uso del dólar incluso contra instituciones fuera de Estados Unidos. Algo de eso se logró, pero los réditos de la medida han declinado a la par de que el programa de reformas mal manejó la reunificación monetaria. El shock positivo que recibió una vez al transformar los dólares que circulaban internamente en la llamada moneda convertible CUC fue mermando mientras esta ha perdido en buena parte tal condición, hasta dentro de Cuba.
Al eliminarlo, el Gobierno se resigna pragmáticamente a cazar donde los patos están. EE.UU. es, como ningún otro mercado, donde Cuba tiene una fuente de divisas más estable para el próximo año y con posterioridad: las remesas y los viajes familiares. Allí vive la mayoría de la diáspora cubana. Lo que de allí se reciben son dólares.
Eliminar el gravamen es un incentivo para más consumo en el margen y dinero fresco a las nuevas cuentas bancarias, pero su alcance último también dependerá de desmontar trabas al desarrollo de la empresa privada y la descentralización. Si hay más facilidades para abrir empresas, importar equipos y crear trabajos, esas remesas menos gravadas podrán entrar al ciclo productivo con mayor vigor y sostenibilidad, sin disolverse en consumo y redistribución estatal. De lo contrario, se seguirán perdiendo oportunidades y tiempo, una variable cada vez más escasa para la política del Gobierno.
El reto más urgente
La cuestión clave de la seguridad alimentaria ha sido puesta en el centro de la discusión al plantearse importantes descentralizaciones en los mecanismos de producción y comercialización agrícola. Este aspecto es la mayor vulnerabilidad política del Gobierno, a corto plazo. Aunque hay medidas específicas para el sector, como la creación de una banca de fomento agrícola, mucho de lo que se anuncia en términos de reactivarlo (permitir la importación de insumos y maquinaria, eliminar impagos, reducir intermediarios, etc.) depende de otras medidas anunciadas como la descentralización, los mercados mayoristas y las nuevas estructuras para comercio exterior.
Del surco a la mesa: quitar trabas y trabadores de la producción de alimentos en Cuba
Mucho depende de la reforma agrícola pues de tener éxito, por ejemplo, en la reactivación de la producción interna de arroz, huevos, hortalizas y algunas carnes, podría representar una sustitución significativa de importaciones. Sin comida no hay espacio para segundos pasos. Habrá que ver hasta qué punto los “planificadores” aceptan una economía agrícola en la que no tienen el control de las decisiones fundamentales en un área tan sensible políticamente.
El reto más difícil
Entre los estudiosos de la economía del sector público, se conoce la fábula del búho sabio y la liebre. Cansada de vivir corriendo delante del zorro que la amenaza, la liebre va al búho a pedir consejos. El búho le dice que la solución es volar, pues el zorro corre, pero no se levanta del suelo. Cuando la liebre le pregunta cómo adquirir las alas, el búho responde “yo diseño las políticas, no las implemento”.
¿Qué falta ahora? Primero que todo, la implementación de lo que se ha anunciado. Segundo, lidiar con la complejidad de tres monedas, con tres mercados segmentados, grandísimas oportunidades de arbitraje y una segunda economía, marcada por la ilegalidad. Tercero, la implementación del programa económico esbozado implica nuevas relaciones del Estado-partido con una sociedad civil más plural y autónoma.
El reto económico es el más urgente, pero no el más difícil. El Gobierno no va a sorprender a nadie con este ajuste económico; lleva décadas concientizando a su base política y aclarando lo insostenible del modelo previo. Lo más difícil está a largo plazo en lo político. Es lidiar con los efectos en la sociedad de una economía mixta, con mayores desigualdades, oportunidades de corrupción y situaciones de irreversibilidad en el manejo de las reformas, con costos altísimos en caso de que los agentes económicos incumplan los compromisos contraídos. Ninguno de esos retos es peor para el Gobierno y el país que continuar en el actual sendero. Ese resulta insostenible.
Me referiré solamente a la conversión de las formas no estatales en personas jurídicas, sus importaciones y cambios, que considero necesarios, en su forma actual de tributación fiscal. Respecto a las importaciones, lo primero que debería hacerse es promulgar con urgencia la ley de las MIPyMES, prevista en el calendario legislativo para 2024, y así lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con personalidad jurídica propia y asuman directamente sus importaciones como se hace en la mayoría de países alrededor del mundo. Para eso se requeriría un nuevo Código de Comercio que derogue el obsoleto Código de Comercio de España de 1885 vigente hasta hoy en Cuba. Claro que esto, no es imprescindible. Lo otro sería adecuar la imposición fiscal a las nuevas empresas del sector no estatal, para que tributen por las utilidades o rentas que generen en el año, partiendo del Balance General Anual y del Estado de Resultados, ambos auditados por profesionales de la contabilidad certificados por autoridad competente. Estos contadores pudieran ser autónomos de esa profesión o cooperativas de contadores, ¿por qué no?. Considero que el sistema tributario para estás nuevas empresas no estatales debe ser por escalas y progresivo, debiendo basarse únicamente en el principio justo de que quién más gana, más tributa, como fórmula universalmente aceptada de redistribución de la riqueza.
Este tipo de empresa no requiere un intermediario para realizar las operaciones de import-export, bastaría la contratación de una Agencia Aduanal para realizar los trámites de importación. Muchos de los productos a adquirir proceden de mercados como China donde, por el volumen de las compras no es usual la firma de Contratos de Compraventa Internacional sino que la Factura Proforma firmada por las partes los sustituye, constituyendo la evidencia de la relación contractual. Tampoco los pagos se realizan todos mediante Cartas de Crédito o Transferencias Internacionales sino que es muy común el uso de pagos vía Western Unión u otros remesadores de dinero e incluso a nombre de personas naturales.
Al tener abiertas en nuestros bancos cuentas corrientes, las nuevas Micros y Pymes pueden operar sus cuentas en divisas a discreción, y como es su dinero, ordenarle al banco transferencias Swift, apertura de Cartas de Crédito confirmadas o no, a la vista o a plazos determinados, transferibles, etc.
Muchas veces los couriers internacionales, hacen el triple papel de transportista, transitario y agente aduanal y le lleva a domicilio la mercancía importada y en ese momento le cobra los gastos, incluido los aranceles aduanales pero si tiene contrato con ellos se lo cargan a su cuenta.
Saludos desde Guantánamo.
Me encantó este artículo y deja a las clares que este gobierno-partido tiene muchos retos, el problema es que la clase social que yo llamo gerentocracia (burguesía burócrata) quiera y deje que se implementen de buena forma.