Cuba atraviesa una profunda crisis económica, la peor desde la desaparición de la Unión Soviética a inicios de los años 90.
Las causas de esta crisis son múltiples. Por una parte, las reformas implementadas en la década pasada fueron insuficientes para superar las profundas deficiencias estructurales de la economía cubana, hecho que se tradujo en una desaceleración de las tasas de crecimiento a lo largo de la década. Por ejemplo, si bien el PIB real creció a una tasa de 2.8 % promedio anual durante el quinquenio 2010-15; el crecimiento observado durante el segundo quinquenio fue de apenas 1.1 %. Por otra parte, la economía experimentó desde 2016 una serie de choques externos sucesivos tales como el colapso productivo de Venezuela —principal socio comercial del país—, sanciones adicionales de Estados Unidos, la pérdida de importantes mercados de exportación de servicios (sobre todo médicos), la pandemia de la COVID-19, y la invasión rusa a Ucrania. Por último, la errática administración de políticas macroeconómicas contribuyó a la creación de desequilibrios monetarios significativos debido en lo fundamental a la monetización recurrente de déficit fiscales superiores a 5.5 % del PIB desde 2015; así como a la puesta en marcha del Ordenamiento Monetario en enero de 2021 que desató un acelerado proceso inflacionario.
La compleja situación descrita ha forzado a la política económica a lidiar simultáneamente con problemas de inflación y de estancamiento productivo. La respuesta ha sido (nuevamente) insatisfactoria. La recuperación económica post COVID-19 es marcadamente lenta y desde una perspectiva sectorial desbalanceada, con un llamativo retraso de la oferta de productos agrícolas e industriales. Por ejemplo, a la contracción de 10.9 % del PIB real en 2020, le sucedió un modesto crecimiento de 1.3 % y 1.8 % en 2021 y 2022, respectivamente. Por otra parte, los niveles de inflación son considerables. Según cifras oficiales, la inflación interanual en diciembre de 2021 y 2022 fue de 77.3 % y 39.1 %, respectivamente.
La falta de consenso y voluntad política para avanzar unívocamente hacia una profundización de las reformas en Cuba ha sido una constante en la respuesta del Gobierno, y representa una de las causas fundamentales de su pobre efectividad. La limitada integralidad, alcance, profundidad y consistencia temporal de las medidas aplicadas ha restringido el impacto de algunas políticas de estímulo que han sido, en líneas generales, acertadas, como, por ejemplo, la autorización de la inversión privada en forma de pymes en septiembre de 2021. La postergación de políticas estructurales claves, sobre todo aquellas relacionadas con el sector productivo estatal ―que se mantiene capturado por una estructura institucional rígida y centralista― ha impedido la transformación real del modelo productivo, que es donde radica el verdadero problema del país. En particular, no reformar fundamentos de la economía asociados al sistema de precios, de incentivos y de ciertas instituciones formales evitó de facto una mejora significativa de los niveles de eficiencia, productividad y competitividad empresarial.
Pero las contradicciones de política económica no se expresan únicamente en las políticas productivas sino también en las de estabilización. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el reciente anuncio del Banco Central del conocido como proceso de bancarización. A inicios de agosto el banco se propuso mediante la Resolución 111/2023 (Artículo 4) acelerar el tránsito hacia pagos digitales fijando en 5000 pesos cubanos (aproximadamente 20 dólares norteamericanos) el límite por operación para los cobros y pagos en efectivo derivados de relaciones contractuales entre agentes (incluidos los privados). En otras palabras, forzar a que las transacciones entre empresas se hicieran mediante transferencias electrónicas en lugar de efectivo. Entre otros objetivos, esta fue la vía que encontró el banco para lidiar con la creciente demanda de dinero que estaba teniendo lugar en el país como consecuencia de, entre otros factores, el acelerado proceso de inflación1. La preferencia creciente por el efectivo se manifestaba desde hacía meses en largas colas en cajeros automáticos y bancos, hecho alimentado por el crecimiento de precios y la devaluación notable del tipo de cambio informal así como el insuficiente desarrollo tecnológico del sistema de pagos de la economía. La existencia de listas de espera y restricciones en los límites de extracción de efectivo de las cuentas corrientes, fundamentalmente de negocios privados, daban cuenta del mismo fenómeno.
El anuncio de la medida desató una ola de críticas y preocupaciones en el sector privado de la economía y muchos negocios, fundamentalmente importadores, anunciaron el cierre parcial o total (temporal) de sus operaciones. No se puede entender por qué una medida de esta naturaleza generó unos efectos tan importantes sobre el sector real de la economía sin entender las características institucionales del mercado cambiario donde operan las empresas privadas, que es —por elección de los hacedores de política en Cuba— un mercado informal. Las operaciones del sector privado en su conjunto toman lugar usando como referencia el tipo de cambio informal, y debido a su naturaleza ilegal, la mayor parte de las transacciones en este mercado son en efectivo. Al forzar a las empresas a transar en moneda digital, las empresas privadas —fundamentalmente importadoras— vieron roto su ciclo financiero y ello hizo sonar las alarmas a lo largo de la cadena de valor.
Los primeros análisis relacionados con la medida pronosticaban un choque de naturaleza permanente sobre el sector privado, y como resultado, efectos recesivos e inflacionarios. A casi dos meses de haber sido puesta en práctica, el ajuste del sector privado a la medida parece haberse resuelto por el lado de la informalidad (problema no menor que el anterior). Numerosa evidencia anecdótica sugiere que muchos negocios han elevado los niveles de subdeclaración en sus estados contables y/o han empezado a transar directamente en dólares para evadir el mercado cambiario. Mientras tanto, las colas y listas de espera en las sucursales bancarias no han mejorado. De todas formas, es muy pronto para evaluar los impactos sobre el sector productivo (sobre todo el privado) y el mercado cambiario informal.
Lo que demuestra una vez más este ejemplo es la necesidad de diseñar e impulsar un proceso integral de reformas. Un plan que lleve progresivamente a interactuar al sector estatal y privado en los marcos de un único modelo productivo (no segmentado como en la actualidad) donde los mercados (de bienes, de capital, de trabajo, y cambiario) interactúen entre sí; y donde las empresas estatales operen con mayor autonomía. Un gobierno con visión y voluntad de cambio es condición de posibilidad para que lo anterior suceda. La miopía, la contradicción de intereses, y los enfoques rentistas en política económica sólo prolongarán la crisis actual en el tiempo.
Nota:
- Se ha sugerido, aunque no hay información oficial al respecto, que la medida también buscaba limitar la evasión tributaria, así como incidir, indirectamente, sobre el tipo de cambio informal.
Este texto se publicó originalmente por el Círculo de Estudios Latinoamericanos CESLA y se reproduce con la autorización de sus autores.
