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Cuba y Estados Unidos después del 3 de noviembre

¿Qué podría hacer el gobierno cubano para evitar una agresión militar e incentivar un cambio fundamental en la política estadounidense hacia Cuba?

por
  • Roberto M. Yepe
noviembre 16, 2026
en Cuba-EE.UU., Horizontes
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Foto: Otmaro Rodríguez.

Foto: Otmaro Rodríguez.

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En la historia de las relaciones internacionales, son incontables los casos de gobiernos que han decidido realizar acciones militares temerarias en el exterior como medio de distracción y movilización de apoyo para superar situaciones de crisis internas. En tal sentido, basta recordar la decisión de la tambaleante Junta Militar de Argentina de tomar las islas Malvinas en 1982, con resultados tan trágicos y perdurables en la memoria histórica de esa nación, o los bombardeos “quirúrgicos” contra Sudán, Irak y la antigua Yugoslavia, entre 1998 y 1999, coincidiendo con el escándalo Lewinsky y el consiguiente proceso de juicio político contra el presidente Bill Clinton.

Esta nefasta tradición resulta particularmente relevante para quienes intentamos anticipar los posibles escenarios de la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la segunda mitad del actual mandato presidencial de Donald Trump, que se extenderá angustiosamente hasta el mediodía del 20 de enero de 2029.

La nueva coyuntura y la política exterior estadounidense

La aplastante victoria electoral demócrata ha puesto fin a la trifecta republicana a nivel federal y ha reconfigurado el mapa político de Estados Unidos. Este resultado ha sido justamente interpretado como un contundente dictamen popular desaprobatorio de la gestión gubernamental, por mucho que el presidente se empeñe en negarlo de manera absurda y caprichosamente infantil. Pero es bien conocido, sobre todo desde el Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que Trump es incapaz de resignarse y asimilar las derrotas.

Durante los próximos dos años y dos meses, es previsible que buscará compulsivamente algún tipo de revancha o “compensación” por el bochorno del 3 de noviembre, a fin de tratar de asegurar un legado presentable ante sus seguidores y una sucesión presidencial republicana en 2028 favorable a sus propios intereses económicos, políticos y legales.

Frente a un Congreso federal que procurará atarlo de pies y manos, es muy probable que en su etapa final el gobierno de Trump muestre una acentuada propensión a volcarse hacia la política exterior —ámbito en el que el poder ejecutivo siempre dispone de una amplia libertad de acción, con independencia de la composición partidista del Congreso—, incluso con un grado de aventurerismo y agresividad todavía mayor que el exhibido durante los primeros dos años del actual mandato presidencial.

Si bien el Congreso estadounidense dispone de atribuciones constitucionales explícitas que le otorgan una capacidad real para condicionar, entorpecer o bloquear la ejecución de la política exterior de la Casa Blanca, la experiencia histórica demuestra que es muy poco lo que puede hacer frente a decisiones sorpresivas del uso de la fuerza militar sin una declaración de guerra formal. Y aunque el Congreso tiene maneras de reaccionar y desaprobar formalmente ese tipo de acciones, cuando realmente consiguiera hacerlo, es muy probable que el mal ya esté hecho de manera irremediable.

¿Qué podría suceder con la política de Estados Unidos hacia Cuba?

Varios conocedores de la política de Estados Unidos hacia Cuba han planteado que los resultados electorales del 3 de noviembre, paradójicamente, marcan el inicio de una etapa particularmente peligrosa para Cuba.

Son los casos, por ejemplo, de Eric Jacobstein y Emily Mendrala, quienes en el pasado han ocupado altos cargos en el Departamento de Estado. En un artículo reciente, ambos anticiparon una “turbulencia” todavía mayor en la política de Estados Unidos hacia América Latina, identificando a Cuba como el caso que demanda mayor observación.

Basaron este pronóstico en la posibilidad de que Trump llegue a apreciar en la confrontación con Cuba una opción especialmente atractiva ante las restricciones que previsiblemente enfrentará en el ámbito doméstico. Además, consideraron que esta confrontación podría adoptar la forma de un impulso aún más agresivo hacia unas negociaciones para forzar un cambio económico y político en la nación caribeña, o bien podría manifestarse mediante el uso de la fuerza militar. Finalmente, plantearon que sería peligroso asumir que un Congreso demócrata podría servir como un contrapeso para hacer retroceder inevitablemente la política de Trump hacia Cuba y que su disposición a emplear la fuerza —especialmente si el gobierno cubano se niega a negociar— debería tomarse en serio.

Por su parte, en una muy interesante entrevista, Guillermo Grenier, sociólogo y profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), calificó como “peligrosísimo” al período de dos meses hasta el próximo 3 de enero, fecha de toma de posesión del nuevo Congreso, al tiempo que ofreció una apreciación más optimista en cuanto a las posibilidades del poder legislativo, a partir de esa fecha, para moderar la agresividad de la política exterior del gobierno de Trump, incluyendo el tema de Cuba.

En la mañana del 4 de noviembre, una vez conocidos los resultados de las elecciones intermedias, expresé en las redes sociales mis propias preocupaciones sobre la posible evolución de la política hacia Cuba en la nueva coyuntura estadounidense. Por otro lado, en un comentario posterior, intenté llamar la atención sobre la oportunidad que también podría ofrecer esta nueva etapa para que el gobierno cubano desarrolle una estrategia proactiva dirigida a incentivar un cambio fundamental en la política de Estados Unidos hacia Cuba.

Las especificidades de la política de Estados Unidos hacia Cuba

La actual estrategia del gobierno de Trump hacia Cuba (en la que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ha desempeñado un papel protagónico) tiene como objetivo principal transformar a Cuba en una semicolonia1 de Estados Unidos, retrotrayéndola a una condición muy similar a la de 1902, así como desplazar cualquier participación significativa de naciones rivales o competidoras en el sistema de relaciones económicas exteriores de la nación caribeña. En gran medida, este último objetivo ya ha sido alcanzado, apreciable en la estampida de la inversión extranjera (que ya era muy escasa) y el cese de otros negocios con socios externos tradicionalmente muy importantes para la economía cubana.

En tal sentido, la política de Estados Unidos hacia Cuba debe ser interpretada como un componente fundamental de la “Doctrina Donroe“, concepción geopolítica orientadora de un proceso de reafirmación del dominio hegemónico de Estados Unidos en el continente americano.

Dentro de ese marco general, la política hacia Cuba presenta al menos cinco especificidades que determinan que la situación de la nación caribeña frente a Estados Unidos sea mucho más compleja y peligrosa que la de otros países latinoamericanos. Esos rasgos específicos, que en buena medida están interrelacionados, condicionan y deberían ser atendidos en cualquier planteamiento estratégico desde el lado cubano:

1. La codificación legislativa de la política hacia Cuba: la Ley Helms-Burton confiere un blindaje jurídico-político al bloqueo económico y consagra el objetivo de colocar a la nación caribeña en una condición semicolonial. Este instrumento ignominioso representó un factor limitante fundamental para el despliegue total del “deshielo” de Obama, por mucho que su gobierno se empeñó en socavar el bloqueo mediante medidas ejecutivas. Este elemento implica que, para lograr un cambio positivo, la estrategia cubana no puede limitarse a tratar de influir sobre la Administración de turno, sino que también necesita incentivar un movimiento congresional dirigido a propiciar, eventualmente, la derogación de la Ley Helms-Burton.

2. El conflicto ideológico permanente (o la Guerra Fría, que nunca terminó): Aunque el conflicto entre Cuba y Estados Unidos tiene una naturaleza esencialmente geopolítica (la pugna entre la pretensión hegemónica estadounidense, basada en la contigüidad geográfica, y la aspiración cubana a preservar su autonomía soberana como actor internacional), cuyo origen puede rastrearse hasta la teoría de la fruta madura de John Quincy Adams, ambas partes atizan continuamente el conflicto mediante prácticas políticas y discursivas notoriamente ideologizadas y ancladas en el siglo pasado, que se refuerzan mutuamente. Así, mientras el Departamento de Estado, de manera grotesca y risible, identifica a Cuba como la “capital del comunismo del siglo XXI“, la clase dirigente cubana, de manera obstinada, persiste en mantener un sistema político excluyente y antidemocrático, que consagra el monopolio político del Partido Comunista, cual si se tratara de un nuevo tipo de derecho divino.

Y si bien el anticomunismo neomacartista que hoy padece la sociedad estadounidense parece servir muy bien a Marco Rubio para construir su plataforma de lanzamiento como precandidato presidencial republicano, el modelo político de corte neoestalinista mantenido en Cuba provoca la marginación (y automarginación) de muchos cubanos patriotas y talentosos que de otra manera seguramente hubieran podido brindar una valiosa contribución al desarrollo político de su nación.

De esa manera, objetivamente, la clase política cubana contribuye al continuo fortalecimiento relativo de su propia oposición y le hace un muy flaco favor a la causa de las fuerzas democráticas y progresistas en América Latina y en los propios Estados Unidos, consuetudinariamente acusadas por las fuerzas más reaccionarias de querer implantar el modelo político de Cuba o, incluso, de ser financiadas por su gobierno.

3. El papel clave de Marco Rubio en el proceso de toma de decisiones en la política hacia Cuba: Aunque existen precedentes históricos de políticos estadounidenses que han conseguido “secuestrar” las decisiones gubernamentales sobre Cuba (por ejemplo, el senador Orville H. Platt, a inicios del siglo XX; el propio Marco Rubio, desde su cargo de senador durante el primer gobierno de Trump; o el senador Robert Menéndez, durante el inmovilista gobierno de Joe Biden), la actual acumulación de poder e influencia sobre el Presidente en manos de Marco Rubio solo es comparable con la alcanzada en su momento por Henry Kissinger.

Este hecho, unido a su condición de precandidato presidencial muy competitivo para 2028, desde el lado republicano, plantea una amenaza existencial para el gobierno cubano mientras mantenga sus actuales cargos. Si bien con el presidente Trump es posible concebir algún tipo de proceso negociador que culmine en un acuerdo que satisfaga meramente determinados intereses económicos en ambos lados del estrecho de Florida, Marco Rubio necesita, además, obtener un desenlace en el tema cubano que pueda ser presentado ante su base electoral como una importante victoria propia, consistente en conseguir transformaciones económicas y políticas significativas en la nación caribeña.

4. La importancia creciente de la emigración cubana: La población de origen cubano en Estados Unidos ya ha sobrepasado los 3 millones de personas y, en medio del estrangulamiento externo y las inefectivas políticas económicas internas, constituye cada vez más un pilar fundamental del sostenimiento económico de sus familiares y compatriotas que viven en el archipiélago.

Por otro lado, según los resultados de la más reciente edición de la tradicional encuesta de la FIU sobre las posiciones de los cubanos radicados en el sur de la Florida, se trata de una población todavía desconectada del “tsunami azul” manifestado el pasado 3 de noviembre y que de manera mayoritaria (aunque posiblemente menguante, más allá de las cifras falsas que ha reiterado el Presidente) sigue apoyando al trumpismo republicano.

5. La paradójica concurrencia de la política de asfixia económica y la dependencia extrema del mercado estadounidense: Hasta el año 2025, Cuba disponía de un sistema de relaciones económicas externas convenientemente diversificado desde el punto de vista geográfico.

A partir de una metodología propia para intentar medir ese fenómeno a partir de los datos públicos disponibles, fue posible elaborar un ordenamiento de los principales socios económicos de Cuba, en el que Estados Unidos ocupaba la tercera posición, a una distancia significativa de Canadá, país que ostentaba el primer lugar.

Aunque todavía no existen nuevos datos para actualizar estadísticamente esa clasificación, toda la información disponible permite anticipar que, durante 2026, Estados Unidos ha pasado a ocupar la primera posición y, además, lo ha hecho con una amplia diferencia con respecto a cualquier nación competidora.

De esta manera, aunque sin haber conseguido el derrocamiento del gobierno cubano, puede afirmarse que la política Trump-Rubio hacia Cuba ya ha conseguido simultáneamente dos objetivos estratégicos: la contracción hasta un nivel mínimo de la economía cubana y la recreación, en menos de un año, de una situación de monodependencia económica típica de la Cuba prerrevolucionaria.

Más allá de la resistencia: la necesidad de una estrategia proactiva, propositiva y positiva

La política Trump-Rubio de asfixia económica ha conseguido la semiparalización de la economía de Cuba, con un altísimo costo social, y ha colocado a su pueblo al borde de una catástrofe humanitaria.

Se trata de una crisis general para la que la clase dirigente cubana no ha mostrado, hasta el momento, una capacidad de respuesta efectiva. Aunque las autoridades de la nación caribeña cargan con una innegable cuota de responsabilidad por las dificultades económicas que ha padecido la población cubana durante décadas, muy agravadas desde finales de 2019 (la “coyuntura”, según la definición del presidente Miguel Díaz-Canel, seguida por la pandemia y el estrepitoso fracaso de la Tarea Ordenamiento), es indudable que la política estadounidense de estrangulamiento económico es el principal factor determinante de la actual situación.

Frente a esto, en una reciente entrevista concedida a The New York Times, el canciller Bruno Rodríguez se ha limitado a esbozar una estrategia de “resistencia”, basada en la esperanza de que la política de Estados Unidos hacia Cuba tendrá que cambiar de manera inevitable en algún momento, sin ofrecer una explicación racional sobre los posibles factores que podrían conducir a tal modificación.

La gran interrogante que se deriva de tal planteamiento es si los ciudadanos comunes cubanos podrán resistir dos años más frente a una presión estadounidense como la actual, que incluso podría intensificarse, aunque ello parezca difícil de concebir.

Considérense los generalizados y muy prolongados cortes del servicio de electricidad y abasto de agua, la inseguridad alimentaria, la crisis por la acumulación de basura sin recoger en las calles, la inflación galopante y el continuo deterioro del tipo de cambio del peso cubano, el aumento dramático de la tasa de mortalidad infantil, la falta de medicamentos, la imposibilidad de atender adecuadamente a pacientes de cáncer o que requieren cirugías, el deterioro del sistema educativo, el imparable éxodo migratorio de jóvenes capaces y talentosos, la aceleración del envejecimiento y el decrecimiento poblacional, y el panorama general resulta desolador.

Las autoridades cubanas también han apelado e insistido en el discurso y los mensajes relativos a la capacidad defensiva para infligir un alto costo a Estados Unidos, en caso de que su gobierno decida acometer una agresión militar.

Dada la situación de crisis sistémica que padece en estos momentos la sociedad cubana, perfectamente conocida por la Embajada y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, mucho me temo que la insistencia en ese tipo de mensajes resulta poco creíble y que, incluso, pudiera resultar imprudentemente provocadora.

En mi apreciación, los factores determinantes que han concurrido para que el gobierno de Trump no haya decidido acometer alguna acción militar tienen que ver con las complicaciones derivadas de la guerra contra Irán (que ya pasaron una enorme factura política en las elecciones intermedias) y las aprensiones ante los posibles efectos imprevisibles de un derrocamiento violento del gobierno cubano.

De tal derrocamiento podrían derivarse escenarios muy indeseables, como un éxodo marítimo descontrolado o la reproducción en Cuba de una situación de ingobernabilidad similar a la existente en Haití, propiciadora de la creación de un nuevo centro de actividades criminales de todo tipo a solo 90 millas de la Florida.

A esos elementos inhibidores, el gobierno cubano debería sumar una estrategia de incentivos positivos, dirigida tanto a intentar modificar la actual posición del gobierno de Trump como a procurar un mayor apoyo en el Congreso a la normalización de las relaciones bilaterales, preferiblemente con un alcance bipartidista, como llegó a existir en el pasado.

En tal sentido, considero que el gobierno cubano debería adoptar lo más pronto posible dos conjuntos de medidas de política interna (pensando, sobre todo, en el período “peligrosísimo” hasta el próximo 3 de enero, pero que podrían ser igualmente aplicables para los dos años subsiguientes) que, en mi opinión, podrían tener un alto impacto político y contribuir significativamente a la disminución del actual grado de tensión en las relaciones bilaterales (que pudiera calificarse como prebélico):

  1. La liberación de todos los prisioneros por motivos políticos o por expresar sus opiniones, la legalización de la protesta social y política, y el cese definitivo de prácticas represivas contra opositores políticos pacíficos.
  2. Iniciar la organización y desarrollo de un proceso constituyente orientado a establecer un sistema político democrático y pluralista, y un sistema moderno de economía mixta.

En materia de política exterior y diplomacia, es posible concebir un amplio conjunto de medidas para conformar una agenda constructiva que permita retomar el camino de la normalización. De hecho, esa agenda existió durante el proceso de “deshielo”. No sería necesario inventar nada nuevo. La parte cubana ha intentado rescatarla durante los gobiernos de Trump y de Biden, sin encontrar receptividad en su contraparte.

Por esa razón, considero que ese camino, agenda o estrategia de la política de Cuba hacia Estados Unidos se encuentra en un punto muerto y, para salir de él, la diplomacia cubana requiere un impulso decisivo desde la política interna. Las medidas que estoy sugiriendo apuntan en esa dirección.

La primera obligación de un gobierno es proteger la vida y garantizar la seguridad de su población. Cualquier tipo de enfrentamiento militar entre Cuba y Estados Unidos sería nefasto para ambos pueblos y el futuro de sus relaciones.

El gobierno cubano actuaría de manera responsable e inteligente si hiciera todo lo que fuera necesario para evitarlo, aunque ello pueda ser interpretado como el resultado de la presión externa y una victoria para Trump y Rubio. Si ese tipo de interpretación pudiera contribuir a evitar una guerra y salvar a las familias cubanas, pues bienvenida sea.

Al mismo tiempo, estoy abogando por medidas que actualmente están siendo demandadas por muy amplios sectores de la población cubana y que debieron haberse adoptado hace muchas décadas, por el bien del pueblo cubano y en cumplimiento de promesas fundamentales del proceso revolucionario triunfante en 1959. Pero más vale tarde que nunca. Adoptarlas ahora, al decir de Don Quijote, sería “enderezar entuertos” o, en otras palabras, hacer lo correcto.


Nota:

  1. Empleo el término “semicolonia” con toda intención, para indicar un grado de sometimiento, injerencia político-militar y vulneración flagrante de la soberanía nacional, todavía peor que en una “neocolonia”, término más moderno y generalmente aplicable a mecanismos contemporáneos de acentuada dependencia.
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Roberto M. Yepe

Roberto M. Yepe

Nacido en La Habana, 1971. Analista y profesor de relaciones internacionales. Máster en Administración de Negocios y Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales y Derecho. Ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Secretaría del Consejo de Ministros y en diversos centros universitarios de Cuba. Cumplió misiones diplomáticas en Estados Unidos y Brasil, así como en diversos eventos multilaterales en América Latina y el Caribe. Autor de “Estados Unidos en la postguerra fría” (Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995), y de diversos ensayos y artículos sobre política internacional.

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