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La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ha pasado a ser una entidad nacional subordinada directamente al Consejo de Ministros, de acuerdo con una reciente disposición gubernamental.
La decisión, en vigor desde su publicación la pasada semana en la Gaceta Oficial, fue tomada para que el organismo encargado de los impuestos en la isla, pueda cumplir sus funciones “con mayor autonomía”, según refiere el decreto firmado por el primer ministro Manuel Marrero.
Hasta la implementación de esta medida, la ONAT era una entidad adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios y operaba como unidad presupuestada, según establecía una norma del Consejo de Ministros que databa del año 2012 y había sido modificada en 2020.
Sin embargo, ahora el propio Consejo de Ministros cambió su estatus “como parte del perfeccionamiento de la Administración Tributaria en Cuba” y en línea con otras reformas gubernamentales que persiguen “corregir distorsiones” en medio de la severa crisis económica que sufre el país.
De acuerdo con lo dispuesto, la nueva condición de la ONAT persigue que esta cumpla “con mayor autonomía” sus funciones “destinadas fundamentalmente a la gestión de los procesos tributarios y los relacionados con el plan y el presupuesto de gastos, ganando mayor autoridad y reconocimiento social”, lo que conlleva reajustar el decreto de 2012 y otras normas previas.
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“Un reconocimiento”
Según considera un artículo del diario Granma, el cambio de estatus de la ONAT “constituye un reconocimiento al trabajo y refuerza el compromiso de la entidad en el cumplimiento de su misión de garantizar una Administración Tributaria más justa, ágil y cercana al ciudadano”.
El medio oficial igualmente resalta la nueva disposición del Consejo de Ministros “consolida el papel rector de la ONAT en la administración fiscal, moderniza su gestión y fortalece las condiciones para que continúe siendo una institución eficiente, transparente y ajustada a las exigencias del contexto nacional”.
La normativa recién publicada recoge las funciones de la entidad, entre las que enumera “brindar la necesaria asistencia e información a los contribuyentes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias”; “desarrollar y promover el uso de las tecnologías informáticas” en los servicios fiscales; y “ejercer el control fiscal” para garantizar el pago de los impuestos.
También, “imponer los recargos y sanciones que procedan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias”; “contribuir a la prevención del delito de evasión fiscal, y aplicar las medidas necesarias para su detección”; “recopilar, sistematizar, procesar, y analizar la información con trascendencia tributaria”; y “fomentar la cultura tributaria en la población”.
Igualmente, refiere que la estructura de la ONAT está conformada por la Oficina Central, 15 oficinas provinciales, y 168 municipales, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, y estipula que la entidad “cuenta con patrimonio propio y su presupuesto de gasto anual se dispone en función de la gestión de la recaudación del año fiscal anterior al que se planifican los gastos”.
Ni la publicación de la Gaceta Oficial ni el artículo de Granma refieren si la nueva condición de la ONAT tendrá implicaciones prácticas para los contribuyentes y los procesos tributarios en el país, pero al parecer en ese sentido lo ahora normado no supone cambios en lo ya establecido.
Por demás, aunque ya la ONAT está subordinada directamente al Consejo de Ministros, este delegó al Ministerio de Finanzas y Precios la “atención, coordinación y control” de la entidad tributaria y facultó a su titular, junto al jefe de la ONAT, para llevar adelante “las acciones necesarias en materia organizativa, presupuestaria y laboral” que garanticen la implementación del nuevo decreto.
