David López Batista
El pasado miércoles se daban a conocer, en el espacio de la Mesa Redonda, los detalles de la implementación de un sistema de mercado cambiario en Cuba. El objetivo declarado de la medida es la estabilización monetaria, en tanto este mercado cambiario formal funcionará como contrapeso regulador al movimiento de su homólogo informal, que opera en el país de forma permanente, dada la ineficacia del tipo de cambio formal, a saber: 24 CUP por 1 USD.
La decisión tomada reconoce efectivamente una devaluación del peso cubano, al situar la tasa de cambio en 120 CUP por USD, al tiempo que hace retroceder a la economía doméstica una vez más a un sistema de tipos de cambio múltiples, similar al estado de cosas anterior a la Tarea Ordenamiento.
El diseño presentado ha dejado dudas acerca de sus posibilidades para constituir un elemento de contención a la devaluación constante del peso cubano en el mercado cambiario informal, y por extensión a la inflación en los mercados de bienes y servicios.
La argumentación brindada ha dejado interrogantes sin atender, que dialogan con aspectos medulares del diseño propuesto y sus impactos socioeconómicos previsibles. Resulta necesario problematizar aspectos tratados de soslayo o con insuficiente respaldo científico, y también aquellos evitados calladamente en la presentación en cuestión.
A continuación, se apuntan algunas de las cuestiones que aún carecen de argumentos consistentes, compiladas a partir de las conversaciones que el anuncio ha generado con otros colegas del gremio y cubanas y cubanos en general.
Ante todo, debieran explicarse cuáles son las “señales de mejora” que ofrece la economía cubana actual, y sobre todo, cómo estas señales se reflejan en las condiciones materiales de vida concretas, de las cuales la escasez crónica de oferta y la elevación vertiginosa de los precios son ingredientes estructurales.
Son necesarias rendiciones de cuentas acerca de los compromisos públicos sistemáticamente incumplidos, sobre todo en lo tocante a la erosión de los mecanismos de protección a los trabajadores estatales, jubilados, pensionados y personas pobres y en situaciones de desventaja en general.
Luego, se debería rendir cuentas acerca del estado de los dólares en efectivo que la información pública coloca, inmovilizados, en las bóvedas cubanas debido a la imposibilidad de utilizarlos fuera de las fronteras del país a causa de las restricciones del bloqueo.
Deberían explicarse las razones que impiden que estos recursos se utilicen en el marco del nuevo mercado cambiario, contribuyendo a mejorar la oferta de divisas en el país, como ha sido propuesto por otros colegas del gremio.
De manera conexa, se hace necesario argumentar la posibilidad de restablecer la recepción de dólares en efectivo en el mercado cambiario, cuando, al menos públicamente, las circunstancias que originaron su no aceptación más de un año atrás no han cambiado.
En última instancia, se deben ofrecer argumentos acerca de por qué se ha retrasado más de un año la puesta en marcha de mecanismos de estabilización monetaria, dados los efectos nocivos y severos de este retraso, ejemplificados fundamentalmente en el estrechamiento de los mercados en pesos y la inflación que en ellos domina, efectos que impactan desigualmente entre los grupos sociales en mayor desventaja.
El mecanismo propuesto es incompleto, en tanto por el momento solo incluye la posibilidad de canjear divisas por pesos cubanos, pero no lo contrario. Los efectos positivos de este diseño inconcluso están aún por demostrar. Se debe explicar, por lo tanto, cómo la política anunciada cumple cabalmente su objetivo estabilizador del mercado cambiario dado que su funcionamiento actual permite, acaso, un fin recaudador.
Resulta apreciable que lo presentado hace disminuir la oferta de divisas que circulan en la economía, al tiempo que no atiende a su demanda, siendo entonces necesario refutar la hipótesis de que la implementación propuesta alimentará la inflación y no lo contrario.
Además, y en la misma línea, se debería esclarecer cómo, dado el tipo de cambio propuesto, el nuevo mercado cambiario efectivamente será capaz de, primero controlar la devaluación del tipo de cambio en el mercado informal y, en última instancia, desplazar a este último permanentemente de la realidad económica cubana.
Por último, si se reconoce que el mercado de bienes y servicios es un elemento crucial de la regulación monetaria, en tanto la provisión de oferta es un mecanismo fundamental para el control inflacionario, entonces deberían demostrarse los efectos positivos del mantenimiento de una estructura monopólica para el control del comercio exterior, con las pérdidas de eficiencia notables que este arreglo provoca, que impactan sobre todo en los precios y cantidades a los que accede el consumidor final.
Se debería refutar la hipótesis de que la apertura de la importación comercial a formas privadas y cooperativas, así como a empresas extranjeras, provocaría beneficios netos al consumidor, al tiempo que permitiría al gobierno cubano liberarse, al menos parcialmente, de una responsabilidad con la que hoy, de manera declarada, no puede cumplir.
La respuesta a esta y otras cuestiones no puede limitarse a ideas en el entorno de no ser este “el momento adecuado” o a la inclusión de otros elementos necesarios en una “segunda etapa”, sin fecha definida ni justificación del porqué de su propia existencia.
Un argumento que no explica, que no problematiza, que no aporta razones, no es un argumento en tanto no racionaliza las soluciones propuestas. Más bien es su contrario, una petición de fe, que acude a la confianza como elemento que sostiene la práctica política y el pacto social.
La comunicación política debe traspasar el umbral del optimismo a ultranza y la no clarificación de cuestiones medulares. El ejercicio de la política basada en la metáfora del cheque en blanco debe ceder su lugar a prácticas efectivas de rendición de cuentas, como única fórmula viable para escapar, de una vez, del atolladero en el que nos encontramos.
