Rafael Betancourt
Cada área del conocimiento encara la responsabilidad social desde su campo de acción. Los economistas la asocian a la empresa, a la cooperativa, a las instituciones de una sociedad determinada, en contextos culturales y momentos históricos concretos. Los pedagogos y sociólogos la ven como un valor, como cualidades entre las que figuran la cooperación, la solidaridad y la honestidad. Los ambientalistas, por su parte, apelan a la responsabilidad social medioambiental y los urbanistas a la responsabilidad con el patrimonio y la historia. Ya los psicólogos nos recuerdan que la subjetividad humana está en la base de todos los procesos que atañen a la responsabilidad social, en tanto sus protagonistas son personas, actores sociales que forman parte de grupos, instituciones, comunidades. Desde la política o la ideología, hemos escuchado que en Cuba la responsabilidad social está dada por el sistema socialista que la contiene en sí mismo.
Los términos “Responsabilidad Social Corporativa” (RSC) y “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) son poco conocidos en Cuba, y en general, se conciben como algo foráneo, ajeno al contexto nacional. La evolución del concepto en el país ha atravesado varias etapas. La primera fue la Filantropía Empresarial, concebida como donaciones y aportaciones de las empresas a instituciones y grupos comunitarios. Le siguió la de Inversión Social: que consistía en la realización de contribuciones estratégicas a instituciones y grupos de la comunidad, causas nobles, evaluación de impacto, entre otras que aportaran un retorno social. Al adoptar la Ciudadanía Corporativa la empresa se reconoce como integrante activa de la comunidad. Finalmente, la Responsabilidad Social aporta una visión de ciudadanía empresarial responsable e integrada a la estrategia del negocio, más allá de las obligaciones de la ley.
Sin embargo, frecuentemente los movimientos de izquierda enjuician a la RSE de modo negativo, encuadrándola como una estrategia capitalista de mercadeo y limpieza de imagen de las multinacionales —“greenwashing”— que ignora las dimensiones estructurales de la pobreza y la desigualdad y cuyo impacto es mayoritariamente negativo para el desarrollo y la soberanía de las naciones. Si bien algunos de estos postulados son ciertos, también es posible instrumentar la RSE de manera que sus resultados sean positivos.
Para Cuba la RSE se enmarca en la Economía Social y Solidaria (ESS). Se trata de una visión de formas de actividad económica que priorizan metas sociales y ambientales e involucran a productores, trabajadores, consumidores y ciudadanos, que actúan colectiva y solidariamente. Abarca la empresa estatal socialista, las empresas mixtas de capital extranjero, las cooperativas, las MPYMES privadas y los trabajadores autónomos. Incluye las entidades públicas que prestan servicios sin generar ingresos —unidades presupuestadas, asociaciones, fundaciones, proyectos comunitarios—. Está orientada a la constitución de relaciones sociales diferentes basadas en la horizontalidad y la cooperación; a asegurar condiciones de trabajo dignas, repartición equitativa de las ganancias y a promover valores como la solidaridad y responsabilidad.
Se trata de una economía social y solidaria cuyo eje no es la reproducción del capital, sino la centralidad del trabajo en la reproducción de la vida. Como visión, es una expectativa ideal de lo que esperamos alcanzar en el futuro, realista pero ambiciosa; no necesariamente un reflejo de la realidad actual, pero factible.
El socialismo cubano ha sido históricamente social y solidario. La razón de ser de la economía socialista es satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y apoyar el proceso de transformación social, no así generar utilidades para sus propietarios. De esta manera, la economía social es promovida, esencialmente, desde el gobierno central, de arriba hacia abajo y con fuerte predominio del sector estatal hasta el momento.
La RSE es implícita y naturalizada en el país, pero típicamente ejercida sin autonomía empresarial, en respuesta a orientaciones superiores que responden a la naturaleza del sistema centralizado de gestión. Las cooperativas, en particular las de industria y servicios (no agropecuarias), frecuentemente desconocen o incumplen el principio de “Responsabilidad social, contribución al desarrollo planificado de la economía y al bienestar de sus socios y familias”. Observamos que no pocos de los trabajadores privados buscan solo la generación de ingresos y consideran que la responsabilidad social le corresponde al Estado y a ellos solo la individual y familiar.
¿Por qué insistir en la ESS y la RSE en Cuba ahora?
Como vimos, la Responsabilidad Social Empresarial se refiere a un conjunto de actividades sociales y ambientales que desempeñan las empresas de manera voluntaria, más allá de las obligaciones de la ley. En Cuba es asumida por todas las empresas e instituciones —públicas, privadas, cooperativas y asociativas—, y además de contribuir a solucionar problemas y satisfacer necesidades, también fomenta valores socialistas en sus trabajadores, administradores, socios y dueños; en especial cuando estas forjan alianzas público-privadas y ayudan a la articulación de las diferentes formas de propiedad en función del desarrollo local.
La Economía Social Socialista (ESS), como modelo que enmarca la responsabilidad social en Cuba, permite aprovechar mejor los recursos, aumentar exportaciones, reducir importaciones, restaurar el medioambiente, aumentar la resiliencia local y la identidad territorial. Las entidades de la ESS fueron pioneras en impulsar la economía circular al transitar de producciones con grandes emisiones y desperdicios, hacia sistemas que aprovechan sus residuales y recursos de manera más eficiente y sostenible, al tiempo que ahorran recursos naturales y protegen el ecosistema.
Al menos dos factores sugieren la pertinencia de la ESS para Cuba en la actualidad. Por un lado, la diversificación de la matriz productiva de Cuba y los cambios sociales acontecidos requieren de un enfoque productivo y distributivo más descentralizado, en el cual los diversos actores intervendrían de manera más responsable y articulada, las estrategias de desarrollo local conducidas por los gobiernos territoriales guiarían los procesos de desarrollo, y las alianzas público-privadas potenciarían los recursos y las personas.
Todos son elementos que caracterizan la ESS, que sirve como motor de desarrollo local al articular las diferentes formas de propiedad, comunidades y gestores del conocimiento como las universidades y los Centros Universitarios Municipales, bajo la conducción estratégica del gobierno local. Muchas de las entidades de la ESS están arraigadas en sus comunidades, donde juegan un papel esencial en el desarrollo sostenible y la gobernanza local.
Responsabilidad social en el contexto de la crisis de la COVID-19 en Cuba.
La respuesta de Cuba a la COVID-19 nos ha demostrado el poder de la gestión de un gobierno central fuerte y decidido, capaz de movilizar los recursos necesarios para salvar las vidas de las personas. A la vez, se ha evidenciado la fuerza de las iniciativas privadas y comunitarias en alianza con el sector público, y la reinventiva del campesinado y empresariado privados para superar las dificultades.
En Cuba, la Economía Social y Solidaria equivale a construir socialismo desde abajo, complemento imprescindible para el desarrollo del modelo. Con un país mucho más diverso en formas de propiedad y gestión, se trata de impulsar una economía compuesta por el conjunto de actores económicos estatales y privados, que asumen de manera explícita —y como parte de su gestión económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios— los principios de responsabilidad con la sociedad (familia, trabajadores, clientes, otros involucrados en el emprendimiento y comunidad) y con el medioambiente natural y construido (patrimonio), en aras de la construcción de un socialismo próspero, democrático y sostenible.
La llegada de la doble pandemia —la de la COVID-19 y la del recrudecimiento del bloqueo estadounidense — y la crisis económica asociada, evidencian y profundizan aún más las desigualdades económicas y sociales. Ante las dificultades con la distribución de alimentos, aquellos con mayores reservas económicas pueden comprar más, y hasta acaparar, mientras los coleros que revenden a precios más altos se han multiplicado ante la escasez. Las remesas, aunque disminuidas por las nuevas restricciones y caída de la economía en los países donde residen los familiares en el exterior de muchos cubanos, alivian la carga de unos y no de otros.
Los dueños de vehículos privados se mueven con pocas restricciones, pero los que dependen de transporte público están limitados. El acceso a Internet y el ingreso para costearlo determina posibilidades de compra virtual, conocimiento del mercado y acceso a información. El estado de la vivienda y hábitat condicionan las posibilidades de autocuidado, empleo del tiempo libre y hasta el aprovechamiento de teleclases de los estudiantes. Las brechas rurales-urbanas y entre territorios rurales se han agudizado: en un extremo estarían aquellos más productivos y rentables, donde la población ha logrado incrementos en los ingresos familiares, mientras en el otro extremo están los rezagados que esperan ayuda. La crisis actual ha impactado sobremanera al sector privado cubano.
El impacto desigual de la pandemia de la COVID-19, el desplome del turismo, las dificultades de acceso al comercio mundial y a las inversiones extranjeras y un bloqueo económico cada vez más recio y abarcador nos obligan a planificar un crecimiento económico basado más en el mercado local, en nuestros recursos endógenos —incluidos los humanos— y en el compromiso social. La descentralización de la actividad económica y la responsabilidad social de sus actores son igualmente componentes de la ESS.
Las actuales herramientas y políticas para enfrentar las desigualdades socio-económicas y territoriales en Cuba son básicamente igualitarias: servicios públicos universales y gratuitos —salud, educación, seguridad social; subsidios a bienes y servicios — la canasta básica, el transporte público y la cultura; y amplio acceso al empleo en el sector estatal —aunque, después de los 90, con salarios devenidos insuficientes para superar la inflación y cubrir las necesidades básicas. Con pocas excepciones, se trata de políticas centralizadas, genéricas y parejas, financiadas principalmente por mecanismos presupuestarios de redistribución del ingreso.
En el contexto de la pandemia por la COVID-19, la responsabilidad social cobra un especial significado e interés para Cuba. Se resignifica y aparece asociada a conceptos como el autocuidado responsable, la necesidad de cuidarnos para cuidar a otros, la flexibilidad, la adaptación, la resiliencia, entre otros. Apuesta por la articulación de los proyectos personales, familiares y sociales. Cuando los proyectos personales encuentren sentido dentro de los proyectos colectivos, se podrá avanzar realmente hacia una sociedad más justa y saludable, a una vida cotidiana con bienestar físico, material y espiritual.
En resumen, necesitamos impulsar la responsabilidad social y medioambiental si queremos que la ideología de capitalismo no se reproduzca en el sector privado y cooperativo cubano. Necesitamos fortalecer y democratizar la empresa socialista; impulsar las cooperativas genuinas, asociaciones de la sociedad civil e instituciones presupuestadas como las universidades vinculadas a sus comunidades; un compromiso de todos con la protección y restauración del medioambiente y el enfrentamiento al cambio climático. Necesitamos promover el desarrollo científico y técnico de todas las formas de propiedad; así como fomentar las alianzas para llevar a cabo proyectos de desarrollo local inclusivos. Necesitamos nuevas herramientas y desarrollar diversas acciones para “garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo social posible”. La responsabilidad social es una herramienta indispensable en la construcción de la nueva normalidad.
