El domingo 4 de diciembre de 2022 el espacio televisivo Cuadrando la Caja de la Televisión Cubana estuvo dedicado al delito económico. A veces pienso que mucho de lo expresado en el programa es un compendio de lo que no se debe hacer en economía. Lejos de dar elementos para recuperar la esperanza sobre el desempeño económico cubano, lo que se sintió al terminar el programa fue desilusión: en el futuro cercano cabe esperar problemas aún mayores que los actuales.
En una de las intervenciones se explicó, por ejemplo, cómo se realizan las verificaciones e inspecciones en puntos de venta privados, para saber si se violan normas establecidas.
Está muy bien que lo primero sea verificar el origen de las mercancías, ver si tienen facturas de compra y comprobar que no sean productos robados o desviados. Nada que objetar. Pero seguidamente se explicó qué se considera un precio abusivo; cuál es el margen máximo que puede aplicar un comercio y las multas a recibir en caso de violación de lo establecido.
¿Qué es un precio abusivo?
Muchos se preguntan quién o quiénes han decidido qué es un precio abusivo, si el Ministerio de Finanzas y Precios tenía dictaminado algo al respecto, o si existía alguna ley, o decreto ley, para la conformación de los precios a fijar por los negocios particulares.
Siguiendo la última tendencia de delegar en la base determinadas decisiones, sea la provincia o los municipios, aparentemente el tema de la conformación de los precios ha sido una de ellas, lo cual constituye el primer error.
Intervenir en los precios a conformar por los negocios privados es un terreno muy polémico, por todo lo que se ha demostrado en cuanto a las señales que brinda y el efecto de desestímulo en los agentes económicos.
Si, además, a un tema tan sensible se le da una importancia de nivel no central, permitiendo que cada provincia o municipio tenga sus propias opiniones sobre lo que es adecuado, es posible imaginar la variedad de interpretaciones o normativas a seguir, cuando muchos municipios o provincias pueden estar más interesados en aparecer como guardianes de la capacidad de compra de sus pobladores, que como estimuladores del éxito empresarial de las empresas de sus localidades, o de la economía en general. Son áreas muy polémicas.
Uno de los panelistas preguntó al invitado si se le había dado amplia publicidad a la normativa por la cual se estaban guiando los inspectores de precios, probablemente desconocida por muchos de los negocios privados.
El dólar, ¿a 25, a 120 o a 170?
Más adelante en el programa se aclaró que un dólar pagado por un producto importado o comprado en MLC, habría que multiplicarlo por 25, para calcular su costo en moneda nacional.
A cualquier trabajador por cuenta propia o mipyme inspeccionado se le podría caer la mandíbula de la sorpresa que se llevaría. ¿Dónde podría alguien comprar divisas a 25 pesos, para continuar con su negocio? ¿Existe mercado oficial para convertir la moneda nacional a MLC, por las cantidades que demandan los negocios privados? ¿Les vende el Estado divisas a los negocios privados, o transfiere al exterior las propias divisas ya en manos de los negocios privados?
Aunque se permitiera calcular el costo multiplicando la divisa por el tipo de cambio oficial para particulares, de USD/CUP 1:120, ¿no conocen los reguladores que a ese tipo de cambio es imposible comprar divisas para mantener en funcionamiento un negocio particular, cuando el tipo de cambio extraoficial supera los 170 pesos por USD?
Posteriormente llegó la guinda del pastel: el costo que se calcula —infravalorado— puede ser multiplicado por hasta un máximo de 1.50, para calcular el precio máximo de venta. Por encima de eso, ya el precio sería considerado abusivo. Eso equivale a un 33.3 % de margen sobre venta, sin considerar otros costos, como el de salarios, transportación, alquiler de locales, electricidad/agua y otros insumos, amortización de activos, intereses de potenciales financiaciones recibidas, etcétera.
No se mencionó nada sobre el 10 % de impuestos sobre ventas minoristas, que deben agregar los vendedores para liquidar al Estado, al margen de si el mismo entró en vigor o no.
No olvidar que los propios consumidores se erigirían en “guardianes” de los precios aprobados, y aumentarían las quejas a todos los niveles, desconociendo el tratamiento a los impuestos en la facturación.
Tampoco se hizo mención a si el 140 % o más de margen sobre costo, que ha sido el margen más frecuente en los casi treinta años de existencia de las tiendas estatales recaudadoras de divisas, se puede considerar un margen abusivo para la población, a juzgar por las normativas que aplican hoy los inspectores de los negocios privados. ¿Por qué unas reglas para el privado y otras para el estatal?
Mucho se pudiera argumentar acerca de si un 50 % de margen sobre costo, o 33.3 % sobre venta, es adecuado o no. Pero el tema fundamental es el momento en que se pretende aplicar la normativa.
La disyuntiva: precios o ausencia de oferta
Por las razones que se conocen, tanto el bloqueo de EE. UU., como el resultado de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y su influencia en el encarecimiento de disímiles productos a nivel mundial, así como las ineficiencias propias, en Cuba se sigue observando desabastecimiento generalizado en las tiendas estatales, tanto en CUP como en MLC.
Es cierto que los negocios privados tienen precios elevados, por las razones que sea; pero representan una opción más para satisfacer determinadas necesidades, aun cuando no estén al alcance de todos los bolsillos y todos los segmentos del mercado. Hay desigualdades de ingresos, sí que las hay.
¿Habrán previsto los municipios o las provincias la posibilidad de que desaparezcan los productos en la red minorista de privados, por los precios límites que se le establezcan? ¿Resulta más conveniente no tener productos, a ningún precio, que tenerlos a precios elevados? ¿Es preferible que los productos se compren mucho más caros, a través de plataformas digitales desde el exterior, pagados por familiares para su posterior entrega en Cuba, que pagados en el propio país?
De todos es sabido que una de las razones de los precios elevados puede ser la ausencia de competencia, o la baja oferta de productos. Hay poca oferta en las tiendas estatales por varias razones; una de ellas es la baja disponibilidad de divisas del Estado para compras destinadas a tiendas (incluso en MLC).
¿De dónde son las divisas?
Los negocios privados han asumido el reto de buscar sus propias divisas para comprar productos del exterior y comercializarlos en el mercado interno en moneda nacional; incluso han llegado a endeudarse con familiares, amigos y hasta con entidades externas.
Son divisas difíciles de reponer en el exterior, como sabemos, para continuar el ciclo. Si el Estado no puede satisfacer la demanda en sus propias tiendas minoristas, y los negocios privados se abstienen de importar productos y asumir los riesgos de esas compras, debido a la imposibilidad de vender a precios más estimulantes, ¿han previsto los municipios o las provincias el efecto que tendría, incluso para la demanda en las tiendas estatales?
Menos cantidad de ofertantes resultaría en menor competencia, o menor oferta de productos. Los reguladores cubanos pretenden que los negocios privados funcionen como han venido haciendo los estatales; o sea, que una escasa oferta de productos no tenga influencia en los precios en el mercado, o que los precios vayan en otra dirección.
Repitiendo las mismas recetas, ¿pretenden que los negocios privados terminen en la situación en la que hoy se encuentran las empresas estatales?
Ante las multas y limitaciones de precios, cabría esperar cierres de negocios privados. ¿Es la señal que se le prefiere dar al mercado?
Podría esperarse menos personal contratado; ¿tienen hoy las empresas estatales capacidad para aumentar sus puestos de trabajo eficientes, para que no incremente el desempleo en el país?
Los mismos municipios tendrían menos ingresos por tributos territoriales; ¿no los necesitan? Cuba recaudaría menos impuestos sobre utilidades, que es del 35 % sobre la utilidad bruta. ¿Está dispuesto el país a delegar estos temas en municipios/provincias y poner en peligro estos ingresos?
Es llamativo cómo no solo se han inspeccionado puestos de venta que podrían ofrecer alimentos sensibles para el consumo de la población. Se han inspeccionado, además, centros de ocio, con sus precios de cerveza, bebidas energéticas y otros productos que no son de primera necesidad; a donde no suele acudir la población de menores ingresos; a donde generalmente se acude para la distracción y los consumidores pagan precios más elevados. No porque los obligan, sino porque desean disfrutar de determinado ambiente o lugar. ¿También se pretende regular estos precios, o es el preámbulo y la justificación para cerrar centros que no se desea que existan?
Me podrán decir que el Estado no está para avalar la existencia de un mercado extraoficial de divisas, a un tipo de cambio superior a los oficiales. Puede ser cierta la afirmación, pero la solución no es enterrar la cabeza en la arena, y con ello pretender que no existe el mercado extraoficial. La solución pasa por encontrar respuestas a la demanda de divisas del mercado.
Si no se le encuentra solución, por las razones que sea, lo que no es conveniente es olvidarse de la realidad, a través de medidas que no resolverán los problemas, sino que los agudizarán. Pero por favor, autoridades, bastantes errores de política económica se han atravesado, que han llevado a este camino aún empedrado. Reflexionen con calma. Concéntrense en la esfera de la producción, quiten las trabas y dejen a un lado los efectos financieros; vayan a las causas, que residen en la escasa oferta existente.