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La petrolera australiana Melbana Energy suspendió este miércoles su participación directa en el apoyo financiero, técnico y administrativo al Bloque 9, el contrato de producción compartida (PSC) que opera en la costa norte de Matanzas, tras la designación de Unión Cuba-Petróleo (CUPET) como Entidad Especialmente Designada (SDN, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Estado de EE.UU.
La designación, firmada el 11 de junio por el secretario Marco Rubio en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, convierte a CUPET en la contraparte contractual de un acuerdo que, al menos sobre el papel, representa la apuesta más ambiciosa de capital extranjero en el sector petrolero cubano en décadas. La designación se realizó bajo la sección 2(a)(i)(A) de la Orden Ejecutiva, por operar o haber operado en el sector energético de la economía cubana.
En un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Australia (ASX) este jueves, Melbana —que posee un 30 % de participación en el Bloque 9 a través de una subsidiaria de su propiedad que también actúa como operadora— advirtió que la arquitectura jurídica de las sanciones es “altamente técnica” y que las consecuencias legales de la orden ejecutiva “no son sencillas”. La empresa informó que de inmediato suspendió cualquier apoyo al proyecto y notificó la decisión a CUPET.
“CUPET es la contraparte contractual de la Compañía en el Contrato de Producción Compartida (PSC), siendo la Compañía responsable de financiar la ejecución segura y oportuna del programa de trabajo acordado, con las variaciones que se produzcan, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el PSC. El PSC se encuentra en fase de exploración y no se ha generado ningún ingreso”, según explica el comunicado de Melbana.
“Las operaciones bajo el PSC —prosigue el documento— cesaron a finales de 2025 debido al impago de las llamadas de capital por parte de su socio en las operaciones conjuntas. Como resultado, a finales del año pasado se instruyó a todo el personal expatriado y contratistas de la Compañía que abandonaran Cuba. En su calidad de operadora, la Compañía ha continuado cumpliendo sus obligaciones de seguridad y protección del sitio mediante la contratación de contratistas cubanos para prestar estos servicios. Tras la designación SDN de CUPET, la Compañía ha suspendido de inmediato su participación directa en el apoyo financiero, técnico o administrativo al PSC mientras lleva a cabo una revisión más detallada de estos desarrollos, e informó de ello a CUPET.”
Ni Melbana ni ninguna de sus filiales ha sido incluida en listas de sanciones de OFAC o del Departamento de Estado, pero la designación de CUPET implica el riesgo de sanciones secundarias para empresas de terceros países que mantengan negocios con la estatal cubana.
Washington ha advertido que las empresas extranjeras que mantengan negocios con el Gobierno cubano o con entidades relacionadas con el conglomerado militar GAESA podrían enfrentar sanciones y restricciones sobre sus activos en territorio estadounidense, algo que ha obligado a varias entidades a abandonar o reducir su presencia en la isla.
Un proyecto con historia accidentada
El Bloque 9 abarca 2.344 km² entre La Habana y Varadero y concentra el grueso del potencial petrolero de la franja noroeste de Cuba. Melbana Energy, en alianza con CUPET, había logrado avances notables en el proyecto, acumulando más de 15 mil barriles de crudo del pozo Alameda-2 con miras a su primera exportación.
En diciembre de 2024, la compañía anunció planes para iniciar envíos de crudo desde las instalaciones del puerto de Matanzas, en lo que hubiera sido la primera exportación de petróleo cubano producido por una operadora extranjera.
Melbana Energy avanza con nuevos pozos y primeras exportaciones de petróleo desde Matanzas
Sin embargo, las operaciones se detuvieron a finales de 2025 por razones ajenas a las sanciones: la petrolera estatal angolana Sonangol, que poseía el 70 % del PSC, perdió su participación tras incumplir compromisos de pago por 23,5 millones de dólares, lo que llevó a Melbana a asumir el 100 % del contrato —pendiente aún de aprobación regulatoria cubana— y a retirar a todo su personal expatriado de la isla.
Con el proyecto ya paralizado por la crisis entre socios, la designación de CUPET añade ahora una capa de incertidumbre jurídica que podría ser definitoria. Melbana indicó que busca asesoría para determinar “si existen vías disponibles” para solicitar aclaraciones a OFAC o al Departamento de Estado que le permitan eventualmente retomar las operaciones.
Un patrón que se repite
El caso de Melbana no es aislado. La empresa estadounidense Vanguard Energy suspendió también el envío de 250 mil barriles de combustible a Cuba luego de que Washington incluyera a CUPET en su lista de entidades sancionadas. Antes, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal de Vanguard tras confirmarse que sus operaciones involucraban instalaciones de la estatal cubana.
Las sanciones contra CUPET se inscriben dentro de la estrategia de máxima presión contra Cuba impulsada por la Administración Trump, que desde mayo endureció las medidas contra entidades vinculadas a sectores considerados estratégicos para la economía cubana, incluidos energía, minería, defensa y servicios financieros.
Para Cuba, el efecto es directo sobre una crisis energética que ya acumula meses de apagones extendidos. Max Meizlish, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias y exasesor de OFAC, explicó que la designación de CUPET no elimina de forma automática toda posibilidad de negocios vinculados con combustible, pero que EE.UU. tendrá un mayor control sobre la estatal cubana.
Melbana precisó que sus licencias de exploración en Australia no se ven afectadas por la orden ejecutiva y que continuará recibiendo asesoría externa sobre los pasos a seguir. La empresa se comprometió a actualizar a sus accionistas cuando disponga de información susceptible de divulgación.
