Rafael Betancourt
El blog Segunda Cita, de Silvio Rodríguez, ha dado espacio recientemente a un debate sobre la conceptualización del socialismo cubano y su aplicación en Cuba. Artículos de Fidel Vascós, Antonio Díaz Medina, Jesús Arboleya y del propio Silvio, han abordado la necesidad de revisar el propio concepto de socialismo y sus bases de sustentación.
En su artículo publicado el pasado 14 de julio, Jesús Arboleya plantea tres afirmaciones cruciales: reformar el socialismo cubano es una necesidad; hacer efectiva la democracia popular, único recurso para imponer el poder de los trabajadores; y no hay otra alternativa que funcionar en muchos casos con instrumentos heredados del capitalismo.
Partiendo de la primera, los intentos de reforma del modelo cubano cumplen ya más de 30 años, y a pesar de sus inconsistencias —ni siquiera la palabra “reforma” es autorizada en el discurso oficial— e incoherencias, se ha avanzado mucho más de lo que a veces admitimos.
Una visita a la pasada II Feria de Desarrollo Local de La Habana lo demuestra: nada de lo que allí se exhibió existía hace apenas dos años, ni Proyectos de Desarrollo Local, ni micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y estatales, ni productos y servicios que hace rato desaparecieron de la oferta minorista estatal. No deja de sorprender que la Feria suscitó la visita a los pabellones de ministros y funcionarios del Partido y de gobiernos provinciales y municipales.
Pero indiscutiblemente, aún hay mucha resistencia al cambio, mucha “subjetividad negativa” sobre todo con cualquier medida que “huela” a capitalismo, en particular la apertura al sector privado.
Las instituciones de control interno, regulatorias, bancarias y gubernamentales, tal parece que se preocupan más por controlar que por facilitar los negocios y las iniciativas de emprendimiento.
Por ejemplo, hoy están demoradas las transferencias bancarias a cuentas de pymes —que constituyen una contribución a la tan ansiada inversión extranjera— en un departamento del Banco Central de “transacciones ilícitas” en espera de investigar tanto al remitente como al destinatario de los fondos. Así se pierden oportunidades de compra de equipamiento, insumos, construcción, producción, cuando más lo necesitamos.
De igual modo, poco avanza la democracia laboral, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa estatal, en parte por la rigidez de las instituciones que debieran impulsarlas —en particular los sindicatos, adversos a enfrentar a la administración en defensa de los reclamos de los trabajadores— y de las estructuras verticales de las empresas, heredadas del capitalismo primero y del socialismo real después.
No hay un ministerio u organización superior de dirección empresarial (OSDE) dispuestos a ceder la designación de los directores de empresa a la elección de los trabajadores, ni siquiera a su escrutinio o aprobación. Son designados y ya. La transparencia económica y financiera empresarial es casi nula; la opacidad se presenta como una necesidad para de la protección de la seguridad nacional, aun cuando no esté en riesgo.
Pero los instrumentos heredados del capitalismo no necesariamente tienen que ser negativos o antagónicos al socialismo. Dentro de los propios sistemas capitalistas —porque no hay uno solo— se han desarrollado desde su inicio mecanismos de defensa de los trabajadores, de los consumidores y del medioambiente.
La primera cooperativa que surgió en Inglaterra en el siglo XIX fue de consumo: trabajadores que se unieron para comprar alimentos en el mercado mayorista y comercializarlos entre ellos a precios justos, para librarse de las “tiendas del patrón” que los explotaban doblemente.
A lo largo del siglo XX se desarrollaron luchas, movimientos, instituciones, legislación y corrientes de pensamiento que han ayudado a ponerle límites a los excesos del mercado y crear alternativas al capitalismo feroz, al individualismo, a favor de los trabajadores, las comunidades y los valores humanos.
La economía social es un concepto polisémico: economía social de mercado, economía social solidaria, economía del bien común, economía de comunión, economía plural del buen vivir, economía laboral…
Con ninguno de ellos se pretende derrocar el capitalismo, pero sí moderarlo, proteger a sus víctimas —incluyendo el medioambiente— y en última instancia, preservarlo, lo cual han hecho eficazmente por más de un siglo.
Ejemplos sobran. Las grandes corporaciones han abrazado la responsabilidad social corporativa (RSC), que si bien sirve para limpiar la imagen negativa de muchas —contaminación, explotación— no deja de exponerlas al escrutinio y producir beneficios sociales.
Un importante inversionista extranjero en Cuba, por ejemplo, cumpliendo con su política de RSC, ha hecho significativos donativos a varias comunidades del país donde opera, en coordinación con los gobiernos locales que establecen las prioridades. No pudo, sin embargo, lograr que la empresa mixta en la cual participa como socio minoritario con el Estado cubano, desplegara su propia política de responsabilidad social empresarial.
En Ecuador durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, la Economía Popular y Solidaria se incorporó a la Constitución, se legisló como ley, se institucionalizó y sus beneficios se extendieron a todo el país, en beneficio de pequeños empresarios, trabajadores autónomos, pueblos originarios, colectivos de mujeres y comunidades agrupadas en cooperativas. En Cuba aún no existe un marco legal para la economía social y solidaria.
En Argentina el movimiento de empresas recuperadas movilizó a los trabajadores despedidos a ocupar sus fábricas y almacenes y operarlos colectivamente, enfrentados a los antiguos dueños y a las leyes que protegen la propiedad privada.
En Brasil los recogedores de basura se organizaron en cooperativas de reciclaje; en Cuba el “negocio” de reciclaje está en manos de una sola empresa compradora de materia prima, con una red de ineficientes casas de compra. Autorizaron sólo tres a convertirse en cooperativas, de 17 previstas, y siguen maniatadas por la propia empresa.
En el Bronx, Nueva York, las enfermeras y cuidadoras crearon una cooperativa de más de dos mil mujeres, que atiende a miles de ancianos y discapacitados que pagan con sus pensiones y jubilaciones. En Cuba no se ha autorizado la primera cooperativa de cuidado; cuando una pareja de médico y enfermera jubilados solicitaron crear una casa de cuidado de ancianos, aprovechando una instalación en desuso, el gobierno del municipio habanero donde radican les denegó el permiso.
En Trentino, la región dolomítica del norte de Italia, opera una cooperativa de un país desarrollado capaz de ser uno de los grandes actores internacionales del mundo vitivinícola. Sigue poniendo su acento en la cooperación social, su fuerte componente territorial, la fuerza solidaria entre los participantes, el desarrollo sostenible y la ayuda mutua.
Sin embargo, en Cuba, el país y sistema donde mejor se pudieran desplegar esas iniciativas sociales y solidarias, donde resolverían problemas laborales y sociales a nivel local y con recursos endógenos aliviando la carga del gobierno central, donde ayudarían a la implementación de las estrategias de desarrollo municipal y comunitario, donde serían, en fin, una decisiva contribución a la construcción del socialismo, estas iniciativas se malogran por los “órganos estatales de referencia”, o se dejan a la espontaneidad, considerados por muchos “instrumentos del capitalismo no aptos para el socialismo.”
Por eso solo tenemos cooperativas de productores, agrícolas, industriales y de servicios, y no tenemos de consumidores, de cuidadores, de viviendas, de energía renovable, de ahorro y crédito, como hay en toda Latinoamérica.
La ley no permite esas formas de cooperativismo y el gobierno apenas promueve los tipos permitidos. Prueba de esto es que, desde septiembre de 2021, cuando se aprobó la ley que por primera vez desde 1968 permitió la creación de mipymes privadas y estatales, y una nueva ley para cooperativas no agropecuarias (CNA) —el propio nombre refleja el sentido negativo o superfluo que reina en la representación social oficial y popular de esas cooperativas de industria y servicios— solo se han constituido unas 60 CNA, mientras que han sido aprobadas más de 8300 mipymes, mayoritariamente privadas.
No sorprenden estos datos porque sabemos que desde el surgimiento en 2010 de las CNA, la mayoría de los ministerios lo vio como la oportunidad de entregar la administración de sus empresas y unidades irrentables a sus trabajadores, que no lo solicitaron ni estaban preparados para ello, en calidad de “cooperativas”. Y en todos los casos mantuvieron los mecanismos de control, violando así el principio básico de autonomía cooperativa.
El 67 % de las 498 originalmente aprobadas eran así inducidas, contra 23 % que surgieron de la base, de mujeres y hombres que verdaderamente querían ser cooperativistas. Muchas más lo solicitaron, pero no fueron aprobadas por estar entre las actividades prohibidas a trabajadores del sector no estatal. Algunas nunca llegaron a operar, muchas quebraron o se disolvieron, y al menos cinco han decidido en el último año disolverse y continuar como mipymes privadas, amparadas en el Decreto Ley 46/2021 sobre mipymes que facilita la reconversión de cooperativas a mipymes mientras que el DL47/2021 no establece un proceso de reconversión de mipyme a cooperativa.
Al cierre de 2022, en Cuba existían 5 137 cooperativas, según datos de la ONEI: 218 menos que en 2017, y 1 427 menos que en número de mipymes aprobadas en apenas 16 meses. De ellas, 2 430 son Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), 839 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 1 349 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y 474 Cooperativas No Agropecuarias (CNA).
El sector cooperativo emplea a medio millón de cubanas y cubanos, el privado emplea el doble, contra casi tres millones de ocupados en el sector estatal (ONEI, 2023). Tantos marxistas y olvidan la frase de V.I. Lenin: “el régimen de los cooperativistas cultos es el socialismo”.
No se trata de vilificar las mipymes. Sin duda el proceso de creación de las mipymes ha sido positivo para el país, el 19,6 % realizan actividades manufactureras, el 12 % de producción de alimentos y bebidas, el 4,6 % son de comercio; ocupan a 225 mil personas de los cuales 189 mil son nuevos empleos (Figueredo, 2023). Y los ejemplos de responsabilidad social empresarial en el sector privado abundan, aunque quizás no sea la mayoría.
Cooperativas reconvertidas a mipymes privadas: urgencia de corregir la normativa
El surgimiento de nuevos emprendimientos privados y cooperativos creó una nueva posibilidad de participación de estos actores en el desarrollo socioeconómico y sociocultural de las comunidades y a nivel territorial. Se abrió una nueva etapa de oportunidades, no exenta de dificultades.
Partiendo de la aplicación y extensión de los principios del cooperativismo, que incluye la responsabilidad hacia los miembros y el compromiso con la comunidad, la idiosincrasia solidaria de la nación ha terminado acortando las distancias.
En 2020 fuimos testigos de cómo muchos emprendedores cubanos respondieron al reto de evitar la expansión del nuevo coronavirus, al poner su negocio a tono con las medidas que la situación demandaba. Esta actitud no representa una sorpresa, pues desde hace varios años los emprendedores han dado muestras de los valores sociales con los que se han desarrollado sus negocios.
Lo habían demostrado antes, con su implicación en la recuperación de los desastres ocasionados por el huracán Irma, el tornado que azotó La Habana en enero de 2019, y lo demostrarían después, cuando el huracán Ian afectó las provincias occidentales en 2022 y las lluvias intensas de 2023 las orientales. En varios negocios privados, de manera empírica o consciente, se aplican y desarrollan los postulados de la Responsabilidad Social Empresarial.
El encadenamiento productivo con el sector estatal es una ventana que ha tenido su apertura y apoyo institucional, comenzando desde los primeros meses de afectación del país por la COVID-19. La programación, el desarrollo de software y aplicaciones para dispositivos móviles, desde el trabajo por cuenta propia, se ha adelantado en esta etapa de pandemia a cerrar acuerdos y establecer alianzas con el sector estatal.
Tenemos además la concreción de alianzas entre diversas formas de gestión en el sector tecnológico cubano, en el turístico y en los servicios. A lo largo del país, en los servicentros estatales conviven el expendio de combustible pagado en pesos cubanos (CUP), las tiendas estatales de productos en MLC y las cafeterías y tiendas arrendadas por mipymes que venden a los motoristas y pasajeros.
En palabras de la investigadora Ileana Díaz, “el socialismo no está reñido con la economía mixta, es decir, la existencia de diferentes formas de propiedad. Es pertinente que, en vez de marginalizarlos, se les involucre en la construcción del socialismo, se fomente la articulación con formas estatales. Los actores no estatales aportan hoy a la sostenibilidad económica y social de nuestro socialismo, pero es el sector estatal quien debe fortalecerse para conducirlo.”
La economía social y solidaria sirve como motor de desarrollo local, al articular las diferentes formas de propiedad, comunidades y gestores del conocimiento como las universidades y los Centros Universitarios Municipales, bajo la conducción estratégica del Gobierno local.
Muchas de las entidades de la economía social y solidaria están arraigadas en sus comunidades, donde juegan un papel esencial en el desarrollo sostenible y la gobernanza local. Permite aprovechar mejor los recursos, aumentar exportaciones, reducir importaciones, restaurar el medioambiente, aumentar la resiliencia local y la identidad territorial. Las entidades de la ESS fueron pioneras en impulsar la economía circular al transitar de producciones con grandes emisiones y desperdicios, hacia sistemas que aprovechan sus residuales y recursos de manera más eficiente y sostenible, al tiempo que ahorran recursos naturales y protegen el ecosistema.
Necesitamos impulsar la responsabilidad social y medioambiental si queremos que la ideología del capitalismo no se reproduzca en el sector privado y cooperativo. Necesitamos fortalecer y democratizar la empresa socialista; impulsar las cooperativas genuinas, asociaciones de la sociedad civil e instituciones presupuestadas como las universidades; promover el desarrollo científico y técnico de todas las formas de propiedad; y fomentar las alianzas para llevar a cabo proyectos de desarrollo local inclusivos.
Muchas de estas herramientas fueron desarrolladas originalmente, de una u otra forma, en los países capitalistas y las economías de mercado. Instrumentos heredados del capitalismo, pero no incompatibles con el socialismo. Adoptarlos y adaptarlos al modelo cubano es un reto a la innovación y a la creatividad del cubano y un aporte a la construcción de un socialismo sostenible, democrático y solidario.
