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Hace exactamente un mes publicamos un extenso artículo tratando el tema de la reforma económica en curso a la que dan lugar las 176 medidas aprobadas por el parlamento (“La transformación de la economía cubana hoy: lo urgente y lo estratégico”); destacamos allí la necesidad de diferenciar los cambios estructurales de las urgencias que la actual crisis social impone. Este artículo debe verse como una segunda parte de aquel.
Hemos insistido en el criterio de que, si bien estas 176 medidas aprobadas constituyen un avance muy importante y amplio para la reforma integral que la economía cubana necesita desde hace años, no son por sí solas un programa articulado para la implementación de la reforma. Se requiere solucionar adecuadamente problemas de secuencia, de articulación, de abrir fuentes alternativas de financiamiento externo, definir etapas, áreas de acción, indicadores y un horizonte estratégico claro y, lo que es muy importante, identificar y distinguir las urgencias impostergables de la actual coyuntura, la transformación estratégica, con los componentes que hemos señalado y antecedida por la estabilización macroeconómica que la haga viable.
La lista de medidas no contiene, en su debida articulación, esta dimensión fundamental de la arquitectura de la reforma necesaria: urgencias, estabilización macroeconómica y transformación estratégica.
En el artículo anterior adelantábamos propuestas concretas de medidas para atender las urgencias, teniendo muy en cuenta las principales necesidades de la población: alimentos, energía, agua, medicamentos, transporte, tratamiento de desechos, acceso a circulante, etc.
No reproducimos aquí lo que allí presentamos, sino que añadimos una nueva consideración y ampliamos la propuesta debido al deterioro de la situación social, consecuencia del bloqueo a las navieras que se suma ahora al bloqueo petrolero y a todo lo anterior.
La retención de miles de contenedores con todo tipo de mercancías, incluido alimentos, sobre todo dirigidos al sector privado, recrudece la escasez de muchos productos, lo que refuerza la inflación y también da mayor espacio a la especulación.
Los precios de muchos productos esenciales, como el aceite, los huevos, el pollo, etc., se alejan cada vez más del precario poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población, a la vez que esto convive con un sector minoritario que aumenta sus ingresos y posibilidades. Se trata de una dinámica explicable al coincidir la crisis y el bloqueo con la reforma económica necesaria, pero no desprovista de contradicciones y tensiones que deben ser atendidas por la política del Estado.
Con objetividad y serenidad, pero, si la situación se sigue deteriorando, si los alimentos siguen escaseando, si no se logra romper el cerco comercial y no se puede acceder a las importaciones, si la situación energética y del agua se sigue agravando, si la inflación sigue creciendo, etc., hay que pensar en la alternativa de decretar medidas temporales excepcionales, necesarias para proteger a la población (a las mayorías).
Esas medidas deben responder a las exigencias que va planteando la evolución de la situación, en una situación crítica se podría hacer necesaria la declaración de un estado de emergencia nacional, tal y como está contemplado en el Capítulo 4, artículos 222 y 223 de la Constitución (aunque la ley que lo regula no se ha aprobado aún).
No decimos que este escenario sea inminente, pero dado lo volátil de la situación y la deriva de la política de guerra económica contra Cuba, no se puede excluir. La protección de la población es deber primerísimo de un gobierno y gobernar es prever.
El establecimiento de medidas temporales excepcionales es siempre un proceso políticamente muy sensible. Podría ser utilizado por el adversario para alimentar la falacia de un Estado fallido y promover las llamadas “intervenciones humanitarias”, totalmente inaceptables.
Por esa razón, la decisión de la implementación de medidas así, en cualquiera de sus fases, puesto que debe ser gradual, o sea, solo aquello que sea estrictamente necesario, debe estar acompañada de una comunicación y un liderazgo certero, que explique bien las causas que las justifican, entre ellas y en primer lugar, el efecto de la política que contra el país se hace, claramente expresada en reciente intervención del actual Secretario de Estado de EEUU, cuando expresó sin ambages que continuará la máxima presión y que EEUU cerraría el paso de toda iniciativa que busque el gobierno cubano para salir del cerco que se le ha tendido.
Como explicamos, en este nuevo artículo añadimos a lo propuesto en el artículo anterior, lo que, en nuestra opinión, serían algunas de esas medidas adicionales necesarias ahora.
Esto que vamos a proponer en este texto para su análisis no significa en lo absoluto una marcha atrás en la reforma fundamental de la economía cubana por la cual hemos abogado hace más de 30 años. Pero, para hacer viable la reforma, es imprescindible atender urgencias que no pueden esperar, puesto que una crisis humanitaria liquidaría la posibilidad misma de que la transformación avance.
La reciente subida de precios de productos básicos y la negación de aceptación de pagos por transferencia en muchos negocios, reportadas por diferentes medios y observada directamente en visitas a numerosos establecimientos, ponen en peligro la salud y la vida de una parte considerable del pueblo, y en particular de sectores más necesitados y vulnerables como ancianos, jubilados, niños, enfermos y mujeres embarazadas, así como amplios sectores de empleados del gobierno con salarios insuficientes.
Los más de 7 mil contenedores varados en puertos extranjeros han sido, sin lugar a dudas, un catalizador de este aumento de precios.
Por diferentes razones, tanto teóricas como prácticas basadas en las evidencias, los controles (topes) de precio no han sido efectivos. Han generado proliferación de corrupción, desabastecimiento, desvío al mercado negro e incumplimientos a la vista de todos, habida cuenta de que esos precios topados en varios momentos anteriores de la prolongada crisis económica que sufre el país, no tuvieron adecuadamente en cuenta los costos reales, los márgenes comerciales y su evolución.
La negativa a aceptar transferencias es un tema en sí mismo en el que merece la pena detenerse; de una parte, se explica por la total falta de funcionalidad de la banca actualmente y de otra, debido a que es una manera de escapar de las imposiciones fiscales. Lo segundo hace un gran daño al presupuesto del Estado y a las políticas sociales, pero se debe entender que, sin solucionar lo primero, o sea, la funcionalidad de la banca, no hay solución posible para lo segundo.
A continuación, y a la luz del agravamiento de la ya de antes crítica situación social, presentamos una ampliación de medidas para lo que calificábamos de urgencias a ser atendidas con inmediatez:
1- En negociación con el sector privado importador (fundamentalmente mayoristas), proceder a la compra centralizada por el Estado, a precios concertados, de una parte de los bienes de la canasta básica (de los que existen en almacenes, los que logren arribar de los contenedores retenidos en puertos extranjeros, así como compras futuras).
Uno de los mecanismos de esta negociación puede ser la licitación. En caso de necesidad de subsidios, estos deberían ser asumidos por el Estado en su totalidad y no por las empresas. El resto de los bienes disponibles continuaría su comercialización normal, pasando a la red minorista y operando con precios de oferta y demanda. Allí asistiría fundamentalmente esa parte de la población (minoritaria) que no necesita de los precios reducidos y también subsidiados que de manera razonablemente racionada aseguraría el Estado a aquellos que lo necesiten, además de asegurar mayor abastecimiento a comedores sociales (hospitales, escuelas, hogares de ancianos, comedores sociales, prisiones, etc.). Esta medida específica es esencialmente coincidente con el artículo de Joaquín Benavides “La reforma económica frente al aislamiento. Un solo escenario: aplicarla”.
2- O sea, con la disposición de estos bienes, el Estado distribuiría a precios asequibles y de manera racionada a las personas que lo requieran debido a su vulnerabilidad o a ingresos insuficientes. Por supuesto, esto supone una rápida y transparente clasificación de la población a estos efectos. Lógicamente, habría que hacer los cálculos precisos y considerar los impactos macroeconómicos de la medida, no contamos con toda la información, además de que depende también de la negociación a que se llegue con el sector privado. En cualquier caso, el cierre de la brecha de evasión fiscal ofrecería muy notables recursos adicionales, además de que existen herramientas financieras que, en caso necesario, pueden diferir parte de los pagos, claro que con las garantías necesarias, desde luego que en esto último hay un problema de credibilidad que hoy está muy dañada.
3- El Estado pagaría estos bienes a las empresas involucradas (fundamentalmente privadas, puesto que son hoy las principales importadoras de muchos de estos productos deficitarios, pero también estatales cuando corresponda) en moneda nacional por transferencia o medios digitales, pero garantizaría el cambio en divisas de manera inmediata en el mercado cambiario oficial que debería operar a estos fines, para así garantizar la reproducción del ciclo. Es imprescindible honrar de manera rigurosa estos compromisos de pago para que el mecanismo de protección social funcione; este gasto debería asumirse como una prioridad.
4- Acelerar negociaciones con el sector privado para rápidos incrementos de la producción nacional de bienes como el aceite, el huevo, la carne, etc., así como alimentos de ciclo corto para lograr inmediatos impactos en la oferta de alimentos básicos. Por ejemplo, podrían crearse asociaciones con el sector privado para procesar en las plantas estatales la soya en grano importada y, posteriormente, la siembra y recolección de la misma. Igualmente, con la producción de huevo y carne de ave, con las importaciones de piensos y el uso de instalaciones estatales, avanzar en la elaboración de piensos nacionales; ya en el artículo anterior habíamos señalado también la importancia de la participación en este proceso productivo de las fuerzas del EJT. El proceso de sustitución de importaciones de materias primas y productos debe progresar ininterrumpidamente con una política económica que lo incentive.
5- La solución de la operatividad del sistema bancario y del mercado cambiario es esencial, incluido el complejo tema del adecuado manejo de la tasa de cambio oficial (en otros textos nos hemos referido en detalle a este tema); sin estos factores no hay posibilidad de garantizar el control y regulación de la política económica, de la política fiscal y de la política social, hoy día afectadas por altos niveles de evasión. La evasión de los impuestos indirectos es la punta del iceberg de los niveles de evasión potenciales en la imposición directa. Se requieren, de manera acelerada, cambios en los sistemas bancario y fiscal.
Sólo con un aumento de la recaudación, junto a la recuperación de la oferta, podrían aplicarse exenciones al impuesto sobre ventas de los productos básicos, lo que contribuye a que aumentos de salarios sectoriales no agraven la inflación crónica.
6- Paralelamente, se debe avanzar con la mayor celeridad y propuestas concretas que involucren el empleo de numerosos activos disponibles, en la articulación de nuevas inserciones internacionales que den lugar a inversiones, créditos, tecnologías y mercados, recursos imprescindibles tanto para el manejo de las urgencias como para la estabilización macroeconómica y la transformación estratégica.
Esto no excluye a los propios EEUU, a pesar de la guerra económica que desde allí se hace, tampoco a organismos financieros internacionales, pero se deben privilegiar espacios como los BRICS y sus estados miembros, teniendo en cuenta su peso en el nuevo mundo multipolar que ya emerge con fuerza. Es esencial entender que no será a base de acuerdos políticos que se podrá avanzar en esa dirección; por importantes que puedan ser, hay que ofrecer proyectos viables y garantías de pagos. Difícil es, imposible no.
Lo anteriormente propuesto, que obedece a imperativos de la situación y que se añade a las medidas que propusimos en el artículo anterior, debe entenderse como medidas temporales excepcionales para proteger a la población e impedir una potencial crisis humanitaria. Entender y responder a las urgencias es parte esencial de la conducción de la profunda reestructuración integral que necesita la economía nacional, donde los mercados deberán operar con el dinamismo, la transparencia y las regulaciones que los hacen compatibles con el modelo económico y social al que se aspira y se defiende.
*Este texto fue publicado originalmente en el perfil de Facebook de su autor. Se reproduce con su expreso consentimiento.
