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Tres incendios forestales registrados en la primera semana de 2026 afectaron cerca de 27 hectáreas de bosques en Artemisa, Matanzas y la Isla de la Juventud.
El Cuerpo de Guardabosques de Cuba (CGBC) confirmó que Artemisa concentró la mayor afectación, con 25 hectáreas dañadas, seguida de la Isla de la Juventud (1,20) y Matanzas (0,50), según informó la jefatura nacional de la institución a la Agencia Cubana de Noticias.
Aunque Pinar del Río no reporta ningún siniestro de este tipo hasta la fecha, las proyecciones para la actual temporada de no son alentadoras.
A las puertas del período considerado de mayor riesgo —entre enero y mayo—, especialistas estiman que este año podrían ocurrir entre 85 y 112 incendios a lo largo de la provincia.
La combinación de una elevada acumulación de material combustible en los bosques, la escasez de precipitaciones y el deterioro de los caminos forestales podría provocar afectaciones de hasta 4 mil hectáreas, según explicó al periódico Granma Rubén Guerra Corrales, jefe de Gestión y Manejo del Fuego, del CGBC.
Pinar del Río, la segunda provincia más reforestada de Cuba, cerró 2025 con alrededor de un centenar de incendios forestales.
De ellos, 13 fueron catalogados como grandes o muy grandes y concentraron cerca del 80 % de las más de 9 mil hectáreas dañadas durante el año.
La campaña anual se extiende del 1 de enero hasta mayo, coincidiendo con el período seco en el país, cuando aumentan las condiciones de riesgo para la propagación del fuego. Autoridades del organismo advirtieron que la mayoría de los incendios continúa teniendo origen humano. Las negligencias representan alrededor del 95 % de los casos.
Entre las principales causas se encuentran las quemas sin control con fines diversos, colillas de cigarro mal apagadas, el tránsito de vehículos sin dispositivos mata-chispas, así como actividades ilegales asociadas a la caza, la pesca y la extracción de colmenas.
El CGBC subrayó que la campaña prioriza un enfoque preventivo, que incluye acciones organizativas, ejercicios de preparación, labores de comunicación y coordinación con organismos estatales, organizaciones sociales y comunidades rurales.
Las autoridades insistieron en la necesidad de elevar la percepción de riesgo de la población, fortalecer el control en zonas agrícolas y reforzar el trabajo de los inspectores en áreas especialmente vulnerables.
Factores como la sequía, la acumulación de material combustible y los efectos del cambio climático refuerzan la urgencia de extremar las medidas para evitar daños ambientales y pérdidas económicas significativas.
