Eric Caraballoso
Son las 7:00 PM en el Plaza del Cristo, en La Habana. Mientras cae la noche, la vida parece transcurrir con normalidad en este concurrido lugar del centro histórico habanero. Hay niños que juegan, jóvenes que escuchan música, personas que conversan en los bancos, otras que pasan de largo o se detienen a comprarle a un vendedor ambulante, turistas que entran o salen de un restaurante privado de la zona, parejas que no esconden su amor a la vista de todo el barrio.
Mientras, hacia una de las esquinas del parque, en una remozada escuela secundaria, un grupo de vecinos se apresta a debatir el proyecto del nuevo Código de las Familias, como parte del proceso de consulta popular iniciado en febrero y que se extenderá hasta el próximo abril. Banderas cubanas, un busto de José Martí y fotos del fallecido líder Fidel Castro reciben a una treintena de participantes, incluidos quienes deben dirigir la reunión, a la que han invitado a varios medios de prensa. Pregunto a uno de los organizadores por las muchas personas que han quedado fuera y me dice que este es solo uno de los varios encuentros programados en la comunidad, que todos tendrán su oportunidad de asistir a alguna asamblea y opinar sobre el Código.
Finalmente, la reunión comienza y, tras una breve intervención de una dirigente barrial, toman la palabra dos especialistas invitados, quienes ofrecen una amplia explicación sobre la propuesta legislativa y se detienen particularmente en algunos puntos que han sido motivo de controversia social, como la responsabilidad parental sobre los niños y adolescentes, el concepto de matrimonio en toda su amplitud, la adopción y la gestación solidaria, la violencia intrafamiliar, y los derechos de los adultos mayores, este último avalado, además, por el hecho de que en la audiencia se hallan no pocos vecinos de la llamada “tercera edad”. En sintonía con lo reiterado por el gobierno, los expertos sostienen que se trata de un código inclusivo y avanzado, que no priva de derechos a nadie, sino que, por el contrario, los hace extensivos a todas las personas.
Llega el turno entonces de los criterios de los asistentes, pero esta parte dura menos de lo imaginado. Quienes hablan dicen estar mayoritariamente a favor del proyecto y coinciden con las apreciaciones de los especialistas sobre su justeza e inclusividad. Alguien hace un comentario exhaustivo sobre los adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad, en su opinión más protegidos ahora por el Código, y pondera el papel de quienes los cuidan, aun cuando no sean familiares de sangre, a los que considera necesario brindar la mayor protección legal. Hay también una propuesta para modificar el título de un capítulo y una duda sobre la edad mínima para el matrimonio, que los expertos aclaran. Y poco más. En alrededor de hora y media la asamblea termina, y los vecinos abandonan tranquilamente la escuela. Fuera, el parque luce casi idéntico a como se encontraba antes de la reunión.
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Sé, por comentarios de amigos y conocidos, que no todas las asambleas sobre el Código realizadas hasta ahora ―según fuentes oficiales fueron establecidos unos 79 mil puntos de reunión en todo el país y también en el exterior, en los que se realizarán estos encuentros hasta el próximo 30 de abril― han sido tan apacibles como esta de la Plaza del Cristo. He escuchado de polémicas intensas y debates encendidos acerca de diferentes aspectos incluidos hasta ahora en la normativa ―como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sustitución del concepto de patria potestad― y de páginas y páginas que han debido llenar los encargados de recoger las opiniones de la población en esos intercambios. De acuerdo con un primer corte del Consejo Electoral Nacional (CEN), ya se habían realizado más de 41 mil asambleas en las que se habían recopilado más de 136 mil propuestas a la legislación.
No obstante, también sé, por experiencia en situaciones similares, que no todas las personas gustan de revelar en público lo que piensan, y menos si el espacio en que podrían hacerlo ha sido organizado de manera formal.
A la salida de la escuela secundaria, me acerco a un grupo de jóvenes que conversan en la otra esquina del parque. Me dicen que tienen entre 17 y 19 años, así que ya podrían votar en el referendo que debe aprobar o no el Código de las Familias, una vez que se le realicen las posibles modificaciones derivadas de la consulta popular. Les pregunto si sabían de la asamblea de esa noche, pero ninguno parece tener claro de qué iba el asunto. Les digo que del Código y entonces uno me responde que ya él estuvo en “otra reunión de esas” unos días antes, pero que igual no dijo nada porque en realidad no sabría qué decir, que esa “no es su talla”. “Por lo que he oído ―acota―, creo que está bien, pero la verdad es que yo no entiendo mucho de esas cosas”.
Una muchacha, en cambio, se mofa de su amigo y me dice que el proyecto legislativo le parece “importante”; que ha leído sobre él y también ha visto lo que han dicho por la televisión, y que solo por darle voz y derechos a todos dentro de las familias, incluidos los más jóvenes, y también debido a la opción de contraer matrimonio a todo el que quiera hacerlo, sea cual sea su orientación sexual, ya ella está “muy de acuerdo”. Me cuenta que tiene un primo gay, al que “quiere mucho”, y que se alegra de que el Código le dé la posibilidad de casarse y hacer su vida “como cualquier otra persona”, una idea que también aseguran apoyar otros miembros de su grupo antes de seguir en lo suyo.
La postura de estos jóvenes, sin embargo, no es la misma que la de Georgina y Arturo, ambos mayores de 50 años, con quienes converso unos días después en un recorrido por calles de La Habana. Los dos consideran que el matrimonio debe ser “solamente entre un hombre y una mujer”, aunque por razones distintas. En ella pesan sus creencias religiosas ―es “cristiana”, me dice sin más detalles― y alega que el casamiento entre personas del mismo sexo va “contra los mandamientos del Señor”, mientras que él aduce cuestiones “culturales” y asegura que, aunque entiende la “buena intención” del Código de la Familias, no le parece que la sociedad cubana esté preparada actualmente para un cambio “tan drástico”.
A Georgina le preocupa, además, que parejas homosexuales puedan adoptar y criar niños por “cómo eso puede afectar el desarrollo” de esos menores, los que, desde su punto de vista, no crecerían en una “familia normal”. En cambio, no se opone a la idea de la gestación solidaria, porque la considera un “acto altruista”, “de amor y de vida”, que le da la oportunidad de tener hijos a una pareja ―siempre compuesta por un hombre y una mujer― que de otra forma no podría tenerlos. También defiende que se proteja a las mujeres, los ancianos y las personas vulnerables, aspectos que, en su criterio, sí deberían mantenerse en la propuesta legislativa que sea llevada a referendo.
Arturo, por su parte, afirma no entender bien los conceptos de “responsabilidad parental” y “autonomía progresiva”, ni estar de acuerdo con que los padres “no tengan potestad para decidir sobre sus hijos” y que “ahora haya que dejar que los muchachos hagan lo que les dé la gana”. “No creo que las cosas sean exactamente como la gente comenta por ahí, porque no me cabe en la cabeza ―señala―, pero, por si acaso, cuando toque la reunión del Código en mi cuadra voy a pedir que me aclaren bien ese punto y, si es como dicen, dejar claro que no me parece bien. Porque, ¿quién puede saber qué es lo mejor para los hijos que sus propios padres?”
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Magaly tiene 78 años, pero dice sentirse “fuerte todavía” y, como tal, prefiere no pasarse los días “con los brazos cruzados” ni que la traten “como si ya no sirviera para nada”. Por eso, ve “muy bien” que el Código defienda los derechos de los adultos mayores y respalde el papel de los abuelos dentro de la familia. “Yo misma críe casi sola a dos de mis nietos, porque sus padres se pasaban mucho tiempo trabajando y en ‘misiones’ fuera del país. Ellos vivían prácticamente conmigo y con mi esposo, y nosotros éramos los que estábamos pendientes de todas sus cosas, incluida la escuela, así que sé muy bien de lo que hablo ―comenta―. Por suerte, en mi familia nunca ha habido problemas por esos temas, pero conozco de otras en las que luego vienen los padres muy campantes y desacreditan a los abuelos delante de los niños, y hasta los maltratan y los abandonan, sin importar todo lo que hayan hecho antes por ellos y sus hijos”.
Magaly, jubilada, asegura estar “a favor de que se apruebe” el Código, porque, afirma, Cuba no puede seguir regida por una ley que “tiene más de cuarenta años” y ya “no tiene nada que ver” con lo que era el país en el momento en que aquella se instituyó. No obstante, lamenta no haber podido conseguir el tabloide con el texto del proyecto para “poder leerlo con calma” y conocer “de primera mano” todos los aspectos que contiene. Cuenta que uno de sus nietos se lo descargó de internet en un celular, pero que así le “cuesta más” su lectura y teme que otros ancianos estén en su misma situación, porque “parece que imprimieron muchos menos tabloides que cuando lo de la Constitución”.
Mayra, por su parte, se dice preocupada por la comprensión del documento por parte de las “personas de a pie” y también por la “falta de tiempo” para su lectura y análisis. Esta ama de casa de “más de cuatro décadas” confirma que sí ha tenido a mano el impreso porque su suegro “lo consiguió en el estanquillo”, pero que “apenas ha tenido tiempo” para consultarlo. “Imagínese, yo me paso el día en los trajines de la casa, porque mi esposo trabaja, atendiendo a los muchachos, a mi suegro, haciendo colas, inventando la comida, y cuando tengo un momento libre de lo menos que tengo deseos es de leer”, comenta. “Para colmo, el otro día me decidí a hacerlo y no entendí mucho, ni siquiera leyendo la explicación de las palabras más técnicas que están en la parte de atrás (glosario). Y eso que solo leí unas pocas páginas, pero ¿usted ha visto el tamaño que tiene el Código? Eso no lo puede entender todo el mundo, digo yo”.
Según la mujer, incluso su suegro, que “sí tiene más tiempo para leer” y “no se pierde la Mesa Redonda ni los programas esos de abogados (Hacemos Cuba)”, “no entiende todavía muchas cosas” del texto, mientras su esposo ―“que llega muerto todos los días del trabajo”― dice que “no va a perder tiempo” leyéndolo, porque “tampoco lo va a entender” e “igual lo van a aprobar aunque la gente no esté de acuerdo”. Su amiga Dunia, apunta, piensa lo mismo y hasta asevera que “va a votar en contra” porque no va a darle el visto bueno a “algo que no sabe a derechas lo que dice”, pero Mayra afirma que ella sí quisiera “conocer bien” el proyecto, pues, “a fin de cuentas, esa va a ser la ley para todas las familias de Cuba y es importante saber lo que dice, no nos vaya a hacer falta en algún momento.”
Leonardo, como Mayra, también considera que, “aunque cueste un poco”, “todo el mundo debería leerse el Código y dar su opinión”. Él, cuenta, ya lo hizo y dio sus valoraciones tanto en la asamblea de su barrio como, antes, de forma digital, cuando se publicó la versión anterior del proyecto. Este joven ingeniero dice respaldar la aprobación del proyecto, al que considera “necesario” para tener “un mejor país”, pero comprende que haya personas con dudas e insatisfacciones sobre el texto, e, incluso, otras que estén en su contra por “sus concepciones y creencias”. De hecho, apoya que esas personas “tengan todo el derecho” a oponerse al Código y expresarlo públicamente, si así lo estiman, y no comparte la opinión de algunos ―como el esposo de Mayra― de que no vale la pena debatir al respecto porque “no va a cambiar nada”.
En su criterio, “tal vez el Código no debía ser llevado a referendo” porque “se trata de derechos para las personas”, pero considera que “si ya se decidió” entonces la consulta popular previa y el procesamiento de las valoraciones derivadas de ella deben hacerse “como tiene que ser, sin sesgos ni formalismos”. “Creo que hay que escuchar las opiniones de todos y tenerlas en cuenta”, sostiene Leonardo, quien piensa que así “el Código va a ser más parecido de verdad a lo que piensan los cubanos”. En ese sentido, resalta la importancia de que el proyecto sea “explicado en detalle” por especialistas, para que las personas “puedan comprender mejor su contenido” y “entiendan sus beneficios”, pero le preocupa la insistencia de las autoridades y los medios de comunicación en el tema, porque teme que ello, lejos de ayudar, propicie un posible efecto boomerang.
“A la gente hay que darle todos los elementos para que analicen el proyecto y luego decidan si lo apoyan. Eso está bien ―señala―. Pero me parece que (las autoridades) están sobrecargando un poco la mano en los medios, con una campaña que, además, toma abiertamente partido a favor del Código, y ya he oído opiniones en contra, ya no tanto porque no estén de acuerdo con lo que dice, sino por llevarle la contraria al gobierno. Y eso me parece fatal. Creo que si finalmente se aprueba, el Código puede ayudar a que Cuba sea un mejor país, porque va a representar mejor legalmente a las familias, y confío en que la mayoría de las personas sean conscientes de eso. Pero eso es algo que, al final, tiene que confirmar la misma gente con sus opiniones y con su voto, que son los que, de verdad, tienen que valer a la hora de tomar una decisión.”
