El Gobierno cubano dio 10 días para presentarse en la isla a dos opositores emigrados a los que vincula a hechos de sabotaje.
Lo hizo a través de dos requisitorias publicadas este martes en la Gaceta Oficial, en las que se afirma que los dos hombres son autores del delito de “Otros Actos Contra la Seguridad del Estado” y habían sido citados para presentarse el pasado 14 de julio, pero no concurrieron “al llamamiento de la autoridad”.
Los requeridos por el Gobierno son Miguel Gómez Bártulos y Seriocha Humberto Fernández Rojas, ambos radicados en Estados Unidos y miembros de la organización opositora Cuba Primero, incluida en la lista nacional de terroristas tras su actualización el pasado julio.
En dicha lista, Fernández Rojas también aparece de manera personal y se le reconoce como residente en territorio norteamericano. Mientras, otras fuentes y publicaciones no oficiales identifican a Gómez Bártulos como ciudadano estadounidense.
Sin embargo, el documento publicado ahora en la Gaceta les atribuye un número de identidad cubano y una dirección particular en la isla, en ambos casos en La Habana.
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Motivos de las requisitorias
A Gómez Bártulos, la requisitoria firmada “respetuosamente” por dos oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, le señala haber pagado por acciones de sabotaje atribuidas en el documento a Yunior Manuel Vidal Rodríguez y Juan Victorio Hernández Sánchez.
Dichas acciones son el incendio de un tanque de destinado al almacenamiento combustible en la localidad de la Conchita, en el municipio matancero de Cárdenas, y el incendio de la maqueta del Yate Granma que se encontraba en el Palacio Central de Pioneros “Ernesto Che Guevara”.
Por su parte, a Fernández Rojas se le imputa haber impartido “indicaciones de las acciones de sabotaje acometidas por el ciudadano Pedro Luis Fernández Peralta”, a quien se vincula al incendio de la Tienda “La Mariposa”, en Santa Clara, y a otro fuego en una oficina de Atención Militar en el municipio habanero de Diez de Octubre.
Por tales motivos, ambos tienen un plazo de 10 días para presentarse en Cuba ante el instructor penal que lleva sus casos, los que comenzaron a contar este martes tras la publicación de las requisitorias en la Gaceta Oficial.
De no presentarse al transcurrir este tiempo, el documento asegura que entonces se les declara “en rebeldía por el fiscal o el tribunal, según corresponda”. Además, “continúa la tramitación del proceso y se suspende su curso en cuanto al declarado rebelde”, lo que pudiese conducir a que ambos fueran procesados y juzgados en ausencia.
Estas requisitorias pudieran servir también de precedente para otros casos de este tipo que involucren a opositores radicados fuera del país, a los que las autoridades cubanas vinculan a hechos de sabotaje o a organizaciones consideradas por La Habana como terroristas.
