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La Empresa Eléctrica de La Habana comenzó a colocar “trampas químicas” en sus subestaciones como medida contra posibles robos de aceite dieléctrico de los transformadores, una práctica que las autoridades cubanas reconocen que se ha extendido por el país.
Así lo informó la propia entidad habanera en sus redes sociales, una medida que —según explicó en una breve nota— busca identificar a los autores de este tipo de delitos.
No obstante, la comunicación oficial no precisa en qué consisten esas trampas, cómo permiten la identificación de los presuntos ladrones ni si las sustancias utilizadas pueden representar algún riesgo para la salud de quienes entren en contacto con ellas.
Tampoco cuántos dispositivos de este tipo ya se han colocado o se planea colocar en La Habana, o si la medida se extenderá a otras provincias.
Aumento de los robos
La advertencia llega en medio de una agudización de la crisis energética en la isla y un incremento de los robos de aceite dieléctrico, un producto empleado en los transformadores para aislar sus componentes eléctricos y contribuir a su refrigeración.
Su extracción puede provocar el sobrecalentamiento de los equipos y daños en las bobinas, hasta llegar a ocasionar averías irreversibles.
El problema ha sido reconocido públicamente por autoridades del sector eléctrico.
A finales de julio, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo ante la Asamblea Nacional que el robo de aceite dieléctrico ocurre “a diario” en Cuba y que el volumen sustraído es “casi similar” al que produce el país durante el mismo período.
Desde Holguín, Eduardo Felipe Gutiérrez Estrada, especialista principal de seguridad y protección de la Empresa Eléctrica de esa provincia, describió recientemente la situación como “una especie de epidemia extendida por todo el país” y señaló entre los factores que la favorecen la lentitud de los procesos judiciales.
Delito de “sabotaje”
El robo de aceite de los transformadores está contemplado como sabotaje en el nuevo Código Penal cubano, una tipificación extendida a otros delitos contra el sistema eléctrico de la isla.
Las sanciones pueden situarse entre siete y 15 años de prisión y llegar hasta 30 años o cadena perpetua cuando concurren circunstancias de mayor gravedad.
Si durante estos hechos se emplea violencia contra los custodios, el caso se puede procesar como robo con violencia, delito que contempla penas de entre 15 y 30 años de prisión o privación perpetua de libertad.
Las “trampas químicas” se incorporan así a otras medidas adoptadas en la isla para intentar frenar la extracción ilegal de aceite. Entre ellas figuran la reparación de cercas perimetrales, la instalación de candados, el sellado de válvulas y el incremento de los recorridos y controles en las subestaciones, según las autoridades.
