Las autoridades cubanas han excarcelado a 6.579 presos en medio de la pandemia de coronavirus, que hasta este jueves deja 61 muertos y 1.500 positivos en la Isla, donde se aplican fuertes penas por delitos de propagación de epidemias y aún no se reportan casos positivos en prisiones.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cubano, Otto Molina, especificó que en marzo y abril fueron liberadas 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares con las «restricciones correspondientes», mientras que a otros 6.158 se les concedió la excarcelación anticipada.
En el caso de estos últimos, «el Tribunal valoró que con el tiempo cumplido (de la condena) no es necesario llegar al final de la pena en reclusión» y decidió conceder la libertad condicional y licencias extrapenales a los presos, explicó Molina en la televisión estatal cubana.
Cuba se encuentra en fase de transmisión autóctona limitada de la Covid-19 y el gobierno mantiene fuertes medidas que incluyen la limitación de movimientos, la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras, la clausura de grandes centros comerciales, aunque sin decretar aún el confinamiento obligatorio.
Las autoridades cubanas aseguran que de momento no hay brotes ni casos de la enfermedad en las prisiones de la Isla, donde se ha extremado la prevención para evitar contagios y se han establecido períodos de aislamiento para los nuevos reclusos.
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Juicios por Covid-19
Desde el comienzo de la epidemia en la Isla, a inicios de marzo, el sistema judicial cubano comenzó a imponer fuertes sanciones por delitos como la propagación de epidemias –que incluye la circulación sin la mascarilla obligatoria– y el atentado contra sanitarios, inspectores y agentes del orden.
También han arreciado la persecución y el castigo a quienes practican actividades económicas ilícitas, la especulación, y el acaparamiento, delitos especialmente sensibles para un país que sufre de desabastecimiento crónico, agudizado ahora por la pandemia.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cubano informó de que en la isla se han celebrado 418 juicios por «delitos asociados a la Covid-19» en los que se ha juzgado a 506 personas y sancionado a 503.
Varios de ellos han sido televisados como «medida ejemplarizante» y la policía ha permitido que medios estatales acompañen a los agentes en redadas para capturar a delincuentes, quienes son identificados e interpelados en cámara.
«Son procesos tramitados con celeridad, garantizando el debido proceso y los derechos de las personas, pero con rapidez para que la respuesta sea pronta, como lo necesita el momento», advirtió Molina.
Sin penas “simbólicas”
De las personas condenadas, 335 recibieron penas de cárcel porque sus conductas «atacan un bien preciado como es la salud, ponen en riesgo la seguridad colectiva y llevan una respuesta fuerte», insistió el letrado.
Otros 103 cumplirán condenas subsidiarias, en su mayoría con «trabajo correccional sin internamiento» y a 65 le fueron impuestas «multas elevadas para que la persona sienta el rigor de la pena».
«Dentro del marco penal, las sanciones se acercan al límite máximo en la mayor parte de los casos», precisó Molina.
Las condenas de cárcel pueden ser elevadas –hay reportes de un acusado que recibió 8 años– de acuerdo con los antecedentes y la gravedad del delito, mientras que las multas pueden llegar a los 5.000 pesos cubanos (unos 200 dólares), altas para un país donde el salario medio no llega a los 45 dólares mensuales.
La posición oficial es que las multas, al igual que las demás sanciones, no pueden ser «simpáticas» ni «simbólicas» porque de lo contrario «no cumplen su cometido».
«Las multas van a ser elevadas, serán de 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 pesos, para que la persona sienta el rigor de la pena que se le ha impuesto», insistió Molina.
Por su parte, grupos que se califican como defensores de los derechos humanos habían pedido la liberación de opositores al gobierno ante el riesgo de contraer el virus, aunque por ahora se desconoce si entre las personas excarceladas hay incluido algún reo de los considerados como presos políticos o de conciencia por dichas organizaciones.
También han asegurado que periodistas independientes y activistas opositores han recibido citaciones para entrevistas en dependencias policiales y han sido multados por supuestamente haber vulnerado, mediante publicaciones en las redes sociales, el Decreto-Ley 370, que entre otras cuestiones regula el uso de las tecnologías de información y comunicación en el país.
Las autoridades cubanas no han hecho referencia pública a estos hechos y aseguran que mantienen un «balance entre el rigor y la racionalidad» al aplicar sanciones y por otro lado excarcelar a miles de presos.
El Gobierno de la Isla no reconoce la existencia de presos políticos en sus cárceles y defiende que se trata de delincuentes comunes.
EFE / OnCuba
