Eric Caraballoso
Para Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), no hay dudas de que el nuevo Código de las Familias, en estos momentos en elaboración y que próximamente será llevado a referendo popular para su aprobación definitiva, será respaldado por la mayoría de los cubanos.
“Estoy convencida de que lo vamos a lograr y lo vamos a celebrar”, aseguró esta semana en la conferencia de prensa que dio inicio a la XIV Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia.
“Son conquistas en las que hemos venido trabajando desde hace muchos años y de las que ya estamos viendo resultados. Algunos indicadores nos están diciendo que nuestro pueblo va por buen camino en ese sentido”, refirió sobre los temas que deben reflejarse en la nueva norma, como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de un concepto plural e inclusivo de las familias, que incluya a las integradas por personas LGTBIQ+ y garantice sus derechos.
No obstante, Castro Espín y sus colegas y activistas abanderados de este empeño saben que se trata de un camino espinoso, con no pocos obstáculos y desafíos, y generador de controversia en la sociedad cubana, tal como ya ocurrió en los debates populares sobre la actual Carta Magna. Entonces, aunque a la postre la Constitución reconoció la igualdad de todas las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género y proscribió la discriminación por este y otros motivos, la polémica en torno al matrimonio condujo a la reescritura de un discutido artículo con su definición, el 68, lo que fue interpretado como un triunfo de los sectores más conservadores.
Ello, asegura la directora del Cenesex, se debió más a un “error metodológico” en la recogida y procesamiento de los datos resultantes de los debates, que a la oposición real de la mayoría de los cubanos al matrimonio igualitario y otras reivindicaciones para la comunidad LGTBIQ+. Por eso, afirma, esta vez es necesario estar “muy atentos a que no se repita el mismo error metodológico de cuando la Constitución, que daba una idea de que había mucha gente en contra del artículo 68 y en la realidad no era así”.
Para apoyar su opinión, la también diputada a la Asamblea Nacional rememoró sus impresiones acerca de aquellos debates populares y todo el proceso de construcción de la actual Carta Magna, así como a otros instrumentos de consulta sobre estos temas aplicados en los últimos tiempos en la Isla.
“Como diputada participé en las discusiones que se dieron en el país para diseñar la nueva Constitución, a través de debates, de mecanismos de participación popular, y pude escuchar muchos criterios en las zonas en las que estuve. Escuché los argumentos y los prejuicios que dominaban con relación a aquel famoso artículo 68, que se transformó luego con un lenguaje constitucional, y pude apreciar que la mayoría de la población está a favor de reconocer los derechos de las personas LGTBIQ+, sobre todo en el ámbito familiar, que incluye la opción del matrimonio”, narró Castro Espín.
“Incluso, la encuesta nacional de igualdad de género de 2016 plantea que el 77 % de la población entre 15 y 74 años considera que las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo deben tener iguales derechos que las demás personas. El resultado en esta encuesta es mucho más alto que el de otras anteriores, lo cual demuestra una evolución en el conocimiento y la capacidad de nuestro pueblo de reconocer estos derechos —añadió—. Esta encuesta ya nos estaba dando estas pistas al respecto, con independencia de lo que yo pude comprobar en los debates sobre la Constitución y pude consensuar con otros diputados. Si más del 86% de la población cubana votó a favor de la nueva Carta Magna, una Carta Magna que con mucha claridad blinda los derechos de las personas LGBTIQ+, yo me siento con muchas esperanzas de que este Código de las Familias va a tener la aprobación de la mayoría del pueblo y, por supuesto, va a dar lugar al reconocimiento y garantía de la pluralidad y diversidad de familias que existen en nuestro país y que deben tener un respaldo en la ley”.
Un largo camino y una pandemia
Para la directora del Cenesex, lo refrendado por la actual Constitución cubana representa “un momento de madurez” en cuanto al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en la Isla, resultado del largo camino recorrido por los defensores de estos derechos, entre ellos la institución que ella dirige y de la que asegura “ha trabajado intensamente en posicionar estos temas en la agenda política cubana”.
“Llevamos muchos años trabajando para que en la sociedad cubana se posicione explícitamente la voluntad política del Estado, el Partido (Comunista, PCC), el Gobierno, en torno a la ampliación de los derechos de las personas para que no sean discriminadas por su orientación sexual, su identidad de género y otras razones —comentó a la prensa—. Llegar a este momento es fruto de una labor importante de diálogo, de investigación científica, de comunicación, de esfuerzo, porque los derechos son resultado de conquistas sociales. No se reconocen porque se le ocurrió a una institución o porque se le ocurrió a un político o a una diputada; son producto de consensos que se van construyendo sobre bases científicas, sobre la práctica social, y que van madurando hasta cristalizar en un proyecto legislativo.”
Aun así, Castro Espín reconoció que el proceso que debe conducir a la presentación y consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias se ha visto demorado por el impacto de la pandemia, lo que no permite vislumbrar con total claridad un horizonte para su presumible aprobación. “En relación a cuando va a ser el referendo, no puedo confirmar una fecha”, respondió a una pregunta de OnCuba, aunque en declaraciones a la agencia española EFE estimó que todo el proceso podría concluir en menos de dos años.
“Por la situación de la COVID-19 toda la agenda legislativa ha tenido un relativo atraso porque ha sido difícil organizar las reuniones entre todas las personas implicadas, con los diputados y especialistas no solo de La Habana sino de todas las provincias, pero aun así se ha seguido trabajando en el Código de las Familias, en los elementos fundamentales del anteproyecto que se debe presentar en la sesión ordinaria del mes de julio de la Asamblea Nacional, donde se debe ratificar también la comisión aprobada por el Consejo de Estado para la redacción final del código, y habrá posibilidad de hacer modificaciones en cuanto a sus integrantes”, detalló.
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Acerca de esta comisión, de la que ella misma forma parte, explicó que entre los criterios que siguió el Consejo de Estado para su conformación —sobre los que, dijo, ella misma indagó en la Secretaría de la Asamblea, “porque también tenía mis inquietudes al respecto como ciudadana”— estuvo la inclusión de “personas que en su mayoría son diputados y diputadas a la Asamblea Nacional”, así como de “algunos expertos que han trabajado previamente en las investigaciones y la organización de los procesos que dieron lugar al primer documento que se le va a presentar a la comisión”, así como que en esta “hubiese una representación plural de los diferentes sectores de la sociedad cubana, como organizaciones de masas y otras de la sociedad civil”.
“No obstante, en mi criterio como diputada considero que como una práctica de participación un código como este, que tiene un grupo de elementos nuevos, que por primera vez se presentan en nuestro país, sí debería tener una representación o, al menos, una participación un poco mayor de algunas personas que, desde su rol profesional y desde sus actividades en el campo del activismo, puedan hacer aportes en el debate que va a generar este anteproyecto, en la Asamblea primero y después en la población. La oportunidad de plantear estos criterios y hacer mis propuestas al respecto la tendré como diputada en julio, en la sesión ordinaria de la Asamblea, las que, por supuesto, serán consensuadas con mis compañeros”, agregó.
Tras ese momento, en el que presuntamente debe aprobarse el anteproyecto del código, “se supone que empiece un proceso, también complejo, y se explique a la población cómo va a ser ese proceso, cuyo principal obstáculo es la pandemia. Se está analizando de qué manera se podría hacer, teniendo en cuenta cómo se está comportando la COVID-19 actualmente en el país, que ha ido creciendo en cuanto a los contagios y la mortalidad, y se mantiene una situación difícil. Esperemos que cuando comience la vacunación masiva ese escenario empiece a cambiar, pero más allá de eso existe la voluntad de crear mecanismos para este proceso, que es fundamental para nuestro país.”
Desafíos por delante
Mariela Castro Espín es consciente que el proceso en torno al nuevo Código de las Familias y otros temas asociados “ha generado muchas inquietudes y planteamientos, que nos han llegado a través de comentarios, de mensajes en las redes sociales, y que deben tenerse en cuenta”, y reiteró la intensión de las autoridades cubanas de continuar su elaboración “con el mismo compromiso y la misma intención de avanzar en la protección, reconocimiento y garantía de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y de todas las personas”.
Al respecto, la también hija del expresidente Raúl Castro, reconoce la importancia de no quedarse de brazos cruzados para lograr tal objetivo, un empeño en el que hará énfasis la actual jornada contra la homofobia y la transfobia, y en el que, sostiene, es imperioso seguir trabajando desde diversos frentes y dimensiones. “Es necesario promover la comprensión de que las familias evolucionan en el tiempo y no se pueden seguir aceptando o privilegiando solo a las familias heterosexuales con fines reproductivos. Eso es algo ya demasiado arcaico. Y es importante divulgar investigaciones científicas y argumentos que pueden servir de base para que las personas reflexionen a la hora de dejar su voto en la consulta popular”, recalcó.
Por su parte, Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, aunque también asegura sentirse optimista sobre la aprobación del código, no esconde que existen desafíos con el futuro referendo, “sobre todo asociados a personas o grupos de personas que se parapeten en posicionamientos de cualquier índole para oponerse a un Código de las Familias inclusivo, sobre todo en relación a los temas de las personas LGBTIQ+, aunque puede que no sea el único tema que se cuestione del código, porque las matrices que sostienen los fundamentalismos desde cualquier lugar no se pronuncian solo contra el avance de esta comunidad, sino que, y no solo por lo que hemos visto en Cuba sino también en experiencias similares en la región, también lo hacen, por ejemplo, sobre temas asociados a los derechos de las mujeres. Y, sin lugar a dudas, un Código de las Familias lo suficientemente inclusivo y en sintonía con el actual texto constitucional deberá también moverse hacia el blindaje de los derechos de las mujeres y también de otros grupos poblacionales”.
“Con esos desafíos, que de seguro estarán, habrá que lidiar de manera inteligente, con estrategias acertadas de comunicación, con la manera de conducir el proceso de consulta y posicionemos nuestros mensajes”, respondió a una pregunta de OnCuba.
Otros retos, en su opinión, están relacionados con la manera en que las autoridades, organizaciones y activistas favorables a la aprobación del código, expongan y defiendan sus argumentos, y logren promover un diálogo social efectivo que se traduzca luego en una mayor toma de conciencia, un debate para el que, aseveró, “no tenemos mucho tiempo, sino que resulta inminente”.
“Debemos ser capaces desde las instituciones no solo del Estado y del gobierno sino también desde las organizaciones de la sociedad civil comprometidas o conectadas con estos temas, generar estrategias inteligentes y efectivas de comunicación que entre sus objetivos esté fomentar el propio debate, la creación de espacios para el diálogo. Estrategias que no solo se queden en la transmisión de materiales audiovisuales o infografías, sino que estos sean el pretexto para generar espacios de intercambio que tributen a la construcción y a la deconstrucción necesaria acerca de estos temas”, precisó.
Para Vázquez Seijido “no es suficiente con las estrategias de comunicación tradicionales; tenemos otro gran desafío en la gestión que hacemos en las redes sociales, en las plataformas online, porque estamos en un contexto donde el escenario primordial ha sido el virtual y este también debe convertirse en un espacio efectivo para el debate, para el diálogo. Y la gestión que hacemos de nuestra misión como instituciones y organizaciones en las redes, o como activistas, debe acompañar ese diálogo y contribuir al mismo”.
Además, en su criterio, “es necesario abordar los núcleos duros de los temas, los que generan las principales polémicas, y no irnos por la periferia. Hay que abordar de manera clara y directa esos temas, por ejemplo, los asociados a las familias homoafectivas, los relacionados con la toma de decisiones reproductivas de las personas con sexualidades no heteronormativas, la adopción por parejas homosexuales, entre muchos otros temas, pero no basta con colocarlos sino la pertinencia de cómo se abordan. Ello resulta clave para enfrentar el proceso que tenemos por delante”.
Más allá del Código de las Familias
La lucha por los derechos y reivindicaciones de la comunidad LGTBIQ+ no termina con la esperada aprobación del Código de las Familias, como no lo hizo antes con la promulgación de la actual Carta Magna.
“Lo que se va a contemplar en el Código de las Familias no abarca lógicamente todos los derechos, solo los relativos a este particular —dijo la directora del Cenesex a OnCuba—, y hay una agenda legislativa bastante amplia e intensiva hasta 2024, como resultado del ordenamiento jurídico tras la aprobación de la nueva Carta Magna. En ella están contempladas otras normativas relacionadas, por ejemplo, con la identidad de género, que es un tema en el que venimos insistiendo desde hace muchos años y para el que era necesario primero haber hecho el cambio constitucional”.
Castro Espín comentó que en esta dirección también “se viene trabajando hace ya bastante tiempo e, incluso, intercambiando con especialistas de otros países, para saber cómo lo hicieron, qué funcionó y qué no, qué obstáculos han tenido en la implementación, como nuestros colegas argentinos, que nos han contado sobre las dificultades serias que han tenido al elaborar e implementar su ley de identidad de género. Todo eso lo hemos hecho para sacar experiencias y no cometer los mismos errores, aunque tal vez podamos cometer otros”.
Vázquez Seijido, por su parte, identifica como principal obstáculo tanto para el Código de las Familias como para otras normas jurídicas que puedan venir después, al patriarcado, “que es un sistema de dominación que, como en toda la región, heredamos de los procesos colonizadores”. El especialista explica que ese obstáculo está presente no solo en los países que avanzan en la elaboración de leyes sobre estos temas, sino también en aquellos que ya tienen normas jurídicas y en los que el desafío, afirma, es garantizar los derechos previstos en esas normas.
“Hablo de países como Argentina que tiene una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, y, sin embargo, las cifras de crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGTBIQ siguen en ascenso. Lo mismo pasa con el contexto mexicano, con el contexto colombiano. Y esos son referentes que tenemos que tener en cuenta, porque confirma que la norma per se no cambia automáticamente conductas y, por tanto, no asegura el disfrute del derecho”, argumenta.
Siguiendo esta línea, el subdirector del Cenesex insiste en que “la meta es la norma jurídica, sí, pero sobre todo el reconocimiento de los derechos en la práctica, no solo el matrimonio sino un grupo mucho mayor, porque no hay una única agenda ni un único interés para quienes integran la comunidad LGTBIQ+, sino que hay un conjunto de cuestiones y necesidades que tenemos que atender en Cuba como, por ejemplo, la discriminación en ámbitos como el familiar, el laboral, el escolar, en los espacios comunitarios, y tenemos que trabajar para la erosión de ese patriarcado, desde todos los lugares en que este se abraza, primero para lograr un reconocimiento de derechos y segundo para garantizar que estos sean efectivamente ejercitados”.
Para esas futuras normas, Vázquez Seijido asevera que jurídicamente el paraguas no sería el Código de las Familias, sino que ya este “está aprobado desde 2019 y es la propia Constitución. Particularmente el artículo 42, que concreta el principio de igualdad y no discriminación, y prohíbe cualquier tipo de discriminación por género, sexo, orientación sexual e identidad de género. Esa sería entonces el referente para modificar nuestro ordenamiento jurídico”.
“El Código de las Familias —precisó a OnCuba— será un ámbito de regulación, un espacio en el que deberemos reconocer y garantizar un grupo de derechos, pero, por ejemplo, en cuanto la llamada Ley de Identidad de Género, que en realidad es un término mediático, no propiamente jurídico, debemos explicar que esta, en todos los contextos donde se ha dado, no ha sido más que una ley que ha modificado las normas jurídicas relativas al registro civil en cada uno de los países, y si revisamos el cronograma legislativo cubano, vamos a encontrar que la Ley de Registro Civil y su reglamento forman parte del mismo. Y justamente abordar el tema de identidad de género es, desde mi punto de vista, urgente cuando se comience el proceso de construcción de esta ley. Es importante, es necesario que así sea, y además es armónico con este artículo 42 de la Carta Magna. Cualquier decisión contraria sería inconstitucional.”
“Yo siento que en esa clave se seguirá moviendo un grupo importante de otras normas jurídicas, como el Código Penal, que también, desde el punto de vista constitucional, debería blindar los derechos de todas las personas, pero particularmente desde el tema que estamos hablando, el de las personas con sexualidades no heteronormativas, defenderlas ante cualquier tipo de violencia que constituya un lícito penal. Y también, si se quiere, en la mirada que propone el cronograma legislativo al Código del Trabajo, que prohíbe la discriminación por orientación sexual pero no incluye expresamente la identidad de género—razonó—. O sea, que la pauta en este sentido la ha colocado ya el nuevo texto constitucional. Ese es el paraguas, es la base de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico y por ahí debe estar el camino”.
