El Ministerio de Economía Planificación (MEP) de Cuba aprobó 113 nuevas solicitudes para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas, y ya suman 1014 actores económicos de ese tipo en la Isla desde que se inició el proceso en septiembre pasado.
La llegada de las Mipymes, mediante una reforma estructural largamente esperada, ha sido una de las últimas medidas con las que el gobierno cubano intenta remontar la profunda crisis económica que afrenta la nación.
Según los datos del MEP reflejados en un despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), 978 de las proyectos aprobados para este nuevo tipo de gestión corresponden a la gestión privados, 18 tienen un carácter estatales e igual cifra se inscriben como Cooperativas No Agropecuarias (CNA).
Entre la Mipymes existentes, el 42% corresponde a nuevos emprendimientos y 65 % forman parte de proyectos de desarrollo local. Además, 30 de ellas han realizado previamente operaciones de exportación y ocho están incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana.
Llama la atención que la mayoría de los emprendimientos que adquirieron personalidad jurídica estén enfocado en la prestación de servicios y, en menor medida, en la elaboración de alimentos.
Entre las actividades económicas más representadas por el nuevo empresariado privado en Cuba sobresalen la elaboración de pastas alimenticias, servicios de construcción, elaboración de productos de panadería y dulcería, servicios de impresión, actividades de programación informática, elaboración de vinos.
Se estima que en total estos actores económicos generen 15 801 nuevos puestos de trabajo.
El sector privado fue marginado de la economía cubana durante los primeros años de la Revolución, y emerge en medio de complicadas circunstancias.
Su importancia ante la necesidad de desatar las formas productivas ha sido reconocida por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Gobierno desde hace más de una década, pero no fue hasta el pasado mes de septiembre que la determinación tomo cuerpo de ley.
Solo diez días después de entrar en vigor fueron aprobadas las primeras 35 solicitudes. Sólo tres de ellas tenían participación estatal.
