La Fiscalía General de la República de Cuba lleva a cabo investigaciones por robos de productos esenciales en las provincias de La Habana y Sancti Spíritus, donde se han identificado tanto a los presuntos autores como las circunstancias que rodean los hechos.
Uno de los casos más sensibles ocurrió en el municipio Habana del Este, donde se reportó el robo de 197 sacos de leche en polvo destinados a la alimentación de más de 4 900 niños menores de dos años como parte de la canasta familiar normada.
Según se informó el pasado martes, las autoridades recuperaron más del 70 % del producto sustraído y detuvieron a cinco personas, incluidos trabajadores del propio centro y receptadores. Todos se encuentran bajo medida cautelar de prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
En total, la Fiscalía ha confirmado que siete personas enfrentan prisión provisional por este hecho: dos empleados del frigorífico, un cuentapropista que adquirió una gran parte de la leche a precios elevados, y cuatro intermediarios que facilitaron su venta mediante plataformas digitales.
Las pesquisas aún están en curso con el fin de reunir más pruebas, refirió la Fiscalía.
Cinco detenidos por robo de casi 200 sacos de leche en polvo destinados a niños en Cuba (+Video)
Robos de balitas de gas
En paralelo, en la provincia de Sancti Spíritus se investigan delitos vinculados al robo y comercialización ilegal de balas de gas licuado.
Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas. De ellas, tres permanecen bajo prisión provisional.
Dos están señaladas como responsables del hurto en más de 20 viviendas, mientras que los otros dos implicados comercializaban el gas de forma ilícita.
La Fiscalía indaga también sobre los mecanismos de control y adquisición de estos recursos.
Estos hechos tienen un impacto directo en la población, en especial debido a las condiciones económicas que enfrenta el país, refirió la propia Fiscalía General de la República.
La Fiscalía aseguró que “ejercerá acción penal ante los tribunales, exigiendo sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, con respeto a las garantías constitucionales”.
En la nota, la institución reiteró su misión de actuar conforme a la ley: “reafirma su compromiso de proteger los intereses del Estado y los derechos de las personas, actuando siempre en marco de la legalidad”.
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