Ariel Dacal Díaz
La Estrategia para el impulso de la economía planteada por el Gobierno cubano recientemente reabre análisis y debates económicos en sus dimensiones política y técnica. El asunto más acuciante es la producción de alimentos, la potenciación del agro nacional, sus estructuras, relaciones y dinámicas de funcionamiento. Para encaminar este asunto, el gobierno aprobó el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba.
El documento refiere permanentemente el término soberanía alimentaria, al tiempo que acude al término seguridad alimentaria. Entonces ¿soberanía alimentaria o seguridad alimentaria? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué precisiones necesitan estos términos para la realidad cubana? Ese es un asunto, en inicio, para la economía política, y como tal debe ser abordado.
Miremos esta dualidad más en detalle. Tanto la comprensión de seguridad alimentaria como la de soberanía alimentaria nacen en los predios históricos del neoliberalismo. Ambas tienen en común el objetivo de lograr que toda la población de un país esté bien nutrida, para lo cual debe poder acceder en todo momento a los alimentos necesarios. Pero discrepan en cómo lograrlo. En esencia, ambas resultan de la lucha política entre paradigmas de desarrollo en general, y del desarrollo agrícola en particular.
Las dos comprensiones se expusieron en 1996, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en Roma por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Desde entonces, el debate oficial apunta a la seguridad alimentaria, referida al derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental a no padecer hambre.
La idea de soberanía alimentaria, presentada por Vía Campesina,1 refiere al derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y de alimentación, a proteger y reglamentar la producción nacional y el mercado doméstico, a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable.
Ese debate toca las raíces mismas del orden económico internacional, signado por las lógicas del Capital, la maximización de la ganancia y la consecuente mercantilización de la vida.
Si bien seguridad alimentaria significa que cada niño y niña, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza de contar cada día con el alimento suficiente, esta propuesta no refiere como problema central la procedencia del alimento ni el tipo de relación que se establece para la producción, comercialización y su consumo.
Desde la teoría de las ventajas comparativas, un país podría exportar recursos de los que dispone abundantemente (por ejemplo, petróleo u otros bienes naturales) y a cambio importaría todos los alimentos que necesita. Esto garantiza seguridad alimentaria. Incluso la ventaja de no producir con costos elevados, lo que puede obtener a menos precio. De igual manera, a modo de ejemplo, la importación de alimentos baratos desde los Estados Unidos y Europa parece una “excelente” manera que tienen los países pobres de lograr seguridad alimentaria.
En la práctica, el comercio agrícola liberalizado, que brinda acceso a los mercados sobre la base de los bajos precios de los alimentos, provenientes de países con fuertes subsidios agrícolas, niega a los productores locales el acceso a sus propios mercados. Se trata de una fórmula en la que el mercado manda, o más bien sirve a la concentración de una treintena de empresas con alcance global.
Si para alimentar a su población un gobierno depende de los caprichos del mercado internacional, o de la voluntad de una potencia que puede utilizar los alimentos como instrumentos de presión internacional, o de la imprevisibilidad y los altos costos del transporte de larga distancia, ese país no está seguro.
La comprensión de soberanía alimentaria trasciende la satisfacción de la necesidad vital de alimentación. Si bien no niega el comercio internacional, defiende políticas y prácticas comerciales que sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables. Posiciona el derecho de cada pueblo a impedir que sus mercados sean inundados por excedentes de otros países, volcados al mercado internacional mediante la práctica del dumping.
La soberanía alimentaria se opone a la liberalización descontrolada del comercio y a la organización de los mercados agrícolas impuesta por la Organización Mundial de Comercio, cuyas normas quebraron las medidas protectoras a la agricultura, implementadas por los gobiernos de los países en vía de desarrollo. Como resultado, se empuja a los agricultores y agricultoras a abandonar sus tierras, y se obstaculiza el desarrollo económico local.
La soberanía alimentaria, más que un concepto o solución técnica al problema de la producción, distribución y consumo de alimentos, se trata de principios y ética de vida, paradigma donde el respeto y las relaciones de equidad —entre las personas y con los bienes naturales— son valores constituyentes.
Estas propuestas emergen de un proceso de construcción política colectiva, participativa y popular, en el camino de lucha contra el modelo agroexpotador dominante. Frente a la agricultura basada en el petróleo (urea, combustible para motores y transportarte de productos agrícolas a grandes distancias), presentan una agricultura basada en fuentes de energía renovable, y el acercamiento de la producción al consumo.
La soberanía alimentaria plantea cambios a la estructura agraria nacional, como prioridad ante el mercado internacional. Propone una reforma agraria genuina. Incluye la defensa de los derechos de autonomía de los pueblos y de las comunidades. Propugna una tecnología de producción que combine el conocimiento tradicional con nuevas prácticas basadas en la agroecología. Plantea que los pueblos de las áreas rurales deben tener acceso a tierra productiva, y recibir precios justos por sus cosechas para una vida digna. Concibe, como solución al hambre y reducción de la pobreza, el desarrollo económico local.
La soberanía alimentaria se materializa en el derecho a decidir cómo organizar la producción, qué y cómo plantar, y cómo organizar la distribución y el consumo de alimentos, de acuerdo con las necesidades de las comunidades, en cantidad y calidad suficientes, priorizando productos locales y variedades criollas.
Optar por la soberanía alimentaria tiene consecuencias importantes en diversos planos. Entre ellas, pasar de la producción industrial orientada a la exportación a la pequeña producción campesina, que orienta modos de vida congruentes con la sostenibilidad, la redistribución, la justicia y la equidad. Así como la lucha contra los organismos genéticamente modificados, y el fomento de prácticas de agricultura orgánica, agroecológica y sostenible.
El derecho a la alimentación es un derecho humano básico que se realiza, también, en aquellos de los campesinos y las campesinas. Hablo de derechos a los medios de producción agrícola, a la información y a la tecnología agrícola, a las semillas, al saber y las prácticas tradicionales, a determinar el precio y el mercado para su producción, a desarrollar sistemas de comercialización comunitarios, a la diversidad biológica, a preservar el medio ambiente, a la asociación, opinión y expresión, y al acceso a la justicia.
El caso cubano presenta datos muy interesantes referentes al cambio de la matriz de producción agrícola. Con poco más de 20 años, la búsqueda de soberanía alimentaria muestra potencialidades y límites a tener en cuenta en la nueva etapa de rediseño agrícola en la Isla, de la cual el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional da cuenta.
Como respuesta a la crisis iniciada en la década del 90, Cuba desarrolló un movimiento de amplia participación popular como clave para encaminar la soberanía alimentaria. La transformación de los sistemas agrícolas ha consistido, principalmente, en la sustitución de insumos químicos por biológicos y el uso eficaz de recursos locales, lo que ha favorecido la proliferación de prácticas agroecológicas.
Cuba es señalada como un buen ejemplo de conversión de una agricultura a mayor escala hacia sistemas orgánicos o semiorgánicos. Entre las propuestas más exitosas están el Programa Nacional de Agricultura Urbana, que alcanza a más de 350 000 productores, y el Agroecológico “de Campesino a Campesino” de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), a más de 100 000 familias. En el momento de mayor esplendor, las cooperativas y pequeños agricultores diversificados, con cerca del 30 % del área cultivable, producían alrededor del 70 % de los alimentos agropecuarios del país.
Como parte de esa reconversión, se ha ampliado la aplicación de sistemas agroecológicos en la agricultura cubana, lo que ha estado motivado, en lo fundamental, por tres factores: a) falta de insumos químicos desde principios de los noventa, b) conservación del medio ambiente y uso de bienes localmente disponibles, y c) positivos resultados en eficiencia y productividad de los sistemas orgánicos.
Desde el año 2008, la producción de alimentos ha sido declarada por el Estado cubano un tema de seguridad nacional. Una de las medidas más importantes ha sido la entrega en usufructo de cerca de dos millones de hectáreas de tierras estatales ociosas, a más de 200 000 personas naturales. En la actualidad, el sector cooperativo y privado explotan el 70 % de la tierra y producen más del 75 % de los alimentos. Estos sectores engloban a 500 000 pequeños agricultores y agricultoras.
Pese a tales procesos alentadores, el país importa cerca del 70 % de los alimentos que necesita. se acumula una gran cantidad de tierras ociosas o mal utilizadas, la centralización en la gestión agrícola continúa siendo un lastre para el despegue y diversidad productiva y comercializadora.
La descentralización tiene varios retos. Por ejemplo, el país cuenta un potente sistema nacional de innovación que dispone de una importante cantidad de instituciones de investigación y formación, y de personal científico y técnico calificados. Sin embargo, este ha sido diseñado para un modelo de desarrollo agrario homogéneo, tecnificado y para responder a las necesidades de grandes empresas agropecuarias.
De cara al nuevo escenario, se requiere un sistema complementario que satisfaga las necesidades de los cerca de 500 000 pequeños agricultores y agricultoras que existen en el país, y que realizan la producción de alimentos a pequeña o mediana escala, y cuyos sistemas productivos presentan problemáticas y características económicas, ambientales y tecnológicas heterogéneas.
Un problema central para el avance de la soberanía alimentaria parece ser que las bases de la reconversión productiva del agro cubano han sido más una respuesta a la crisis que un cambio de paradigma productivo.
Fernando Funes ha alertado que, si bien durante los años noventa, las prácticas de agricultura orgánica fueron aplicadas masivamente (uso de biopesticidas, fertilización orgánica, uso de tracción animal, de policultivos, sistemas diversificados y fuentes locales de alimentación animal), cierta recuperación de la economía cubana a inicios de los 2000 favoreció el retorno a prácticas convencionales: acceso creciente a insumos químicos y la centralización de procesos productivos y de comercialización.
La prevalencia de esas concepciones y prácticas pone en riesgo la probada potencialidad cubana de hacer una transición consistente de un modelo agrícola centralizado, de gran escala y de monocultivo, a un modelo de pequeña y mediana escala, diversificado y descentralizado.
Algunas de las claves para sostener un modelo de soberanía alimentaria en Cuba apuntan a desarrollar soluciones más integradas, innovadoras y localmente orientadas; a encauzar el poder de decisión más cerca del lugar donde se produce, a comprender que las cooperativas no son empresas estatales y a fomentar aún más un cambio cultural en el uso y cuidado de la tierra.
Como ha demostrado el Proyecto PIAL2 en sus años de trabajo con productores y productoras del país, todos estos esfuerzos son exiguos si no se generan mayores niveles de participación de quienes producen en la búsqueda de soluciones. Potenciar sus capacidades creativas y de experimentación, así como posibilitar espacios de articulación, intercambio y construcción colectiva en los escenarios productivos es una condición impostergable.
Joao Pedro Stedile, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y miembro de la Vía Campesina, sugiere tomar en cuenta, dentro de los debates cubanos sobre las soluciones a los problemas del agro, algunos de los principios actualizados que encaminan la concreción de políticas de la soberanía alimentaria. En sus planteos parte de reconocer los avances significativos de Cuba en varios de esos temas.
- Desarrollar sistemas agroecológicos como matriz productiva que induzca la producción de bioinsumos.
- Procurar el acceso a semillas y su reproducción por los campesinos y las campesinas.
- Realizar un programa de cultivos de árboles nativos y frutales en todos los espacios disponibles, rurales y urbanos.
- Desarrollar agroindustrias en formato de cooperativas a escala local.
- Aplicar las técnicas ya existentes para conservar alimentos sin uso de químicos.
- Diseñar modelos productivos cerca de quienes producen y en forma cooperativa.
- Desarrollar programas de investigación a escala local, producir variedades más acordes al territorio.
- Potenciar políticas de renta básica para que la población pueda comprar esos alimentos.
- Garantizar precios justos para los campesinos y las campesinas.
- Procurar, mediante la eliminación de intermediarios, mecanismos de traslado directo de los productos a los consumidores.
La soberanía alimentaria es un problema de seguridad nacional para Cuba. Es un frente imprescindible en la batalla contra el bloqueo norteamericano y los vaivenes de una economía global esencialmente injusta. Al mismo tiempo, constituye un desafío cultural y político. Es una exigencia a la necesaria reconfiguración del socialismo cubano.
En un planteo más general, la soberanía, al tiempo que condición externa, como defensa del territorio vulnerado desde fuera, tiene su condición interna en la capacidad de tomar decisiones colectivas. Alimento y soberanía develan su organicidad en la pregunta ¿quiénes deciden qué y cómo se produce, se distribuye y se consume? Esta es, quizás, la pregunta que necesita responder el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba para ser sostenible.
Notas
- Vía Campesina es un movimiento social internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, indígenas, campesinos sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. Vincula las luchas sociales de los cinco continentes. Reúne a 148 organizaciones de 68 países. La CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), referente latinoamericano, reúne a 52 organizaciones de 20 países.
- Proyecto para fortalecer un Sistema de Innovación Agropecuaria en el Desarrollo Local (PIAL). Ha desarrollado su trabajo, desde principio de los años 2000, hacia la innovación agropecuaria local enfocada a la demanda de las cadenas agroalimentarias rurales, inicialmente con el acceso a las semillas y las tecnologías. Actualmente se enfoca en proporcionar un Sistema de Innovación Agropecuaria Local (SIAL) sobre la base de sus experiencias y buenas prácticas.
