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Katia lleva más de tres años en España sin poder trabajar legalmente. Alejandro no puede salir del país desde 2023. Dayron no ha podido aprovechar el servicio de educación especial e inclusiva para su hijo autista porque su estatus le impide acceder a algunos beneficios de la Seguridad Social.
Como ellos, miles de cubanos que viven en situación administrativa irregular ven en la regularización extraordinaria anunciada hace muy poco por el gobierno de España, una oportunidad para salir del limbo legal y acceder a empleo formal y pago de impuestos, sanidad pública, residencia estable, educación para adultos, entre otros derechos posibles que se pueden garantizar en España gracias a la contribución al fisco que hacen trabajadores, empresarios y propietarios.
El pasado 26 de enero, el gobierno español anunció un acuerdo con el partido de izquierda Unidas Podemos para regularizar de forma extraordinaria a alrededor de 500 mil migrantes que hubieran llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar permanencia durante al menos cinco meses en el país.
La medida representa un punto de giro en la política migratoria española con implicaciones directas sobre derechos y acceso fundamentales, también para la comunidad cubana migrante.
El plazo para presentar solicitudes ante las oficinas de Extranjería vence el próximo 30 de junio y podrán acogerse a la medida los migrantes irregulares que carezcan de antecedentes penales.
Es el caso de Katia, cubana de 37 años, quien emigró a España en septiembre de 2022 y se encuentra en situación irregular debido a demoras administrativas en la tramitación de su residencia. “Yo quedé en situación de ilegalidad porque empecé un máster y hubo una demora en la llegada de mis antecedentes penales desde Cuba. Esa demora de meses hizo que perdiera el tiempo en el que podía hacer un cambio de estatus y establecer una residencia temporal. He estado así por tres años y un poco más. Actualmente estoy en espera de la residencia. Apliqué a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. La demora ha hecho que ya lleve seis meses esperando desde que la solicité. Esta regularización masiva podría beneficiarme si la demora de mi trámite persiste”, contó a OnCuba.
Actualmente está desempleada debido a la dificultad que supone —para ella y para cualquier inmigrante en su misma condición— acceder a un empleo. “Ha sido muy difícil, aun cuando existen personas, empresas u otras vías posibles. Esto conlleva esfuerzos y sobreesfuerzos, precarización y vulnerabilidades de todo tipo. España es un país cuyo sistema no facilita ni posibilita una resolución rápida. La regularización es vital para poder tener estabilidad laboral y financiera”, lamenta.
Estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) muestran que en enero de 2025 vivían en España alrededor de 840 mil migrantes irregulares, un aumento del 680 % respecto a 2017, cuando la cifra era de 107 mil. En menos de una década, la población migrante irregular en el país se ha multiplicado ocho veces. En el caso de los cubanos, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y proyecciones basadas en empadronamientos, a comienzos de 2025 había alrededor de 252 mil personas nacidas en Cuba residiendo en España. Solo en 2025, cerca de 27 mil cubanos se empadronaron, es decir, se inscribieron en el Padrón Municipal de Habitantes y acreditaron su domicilio en España, un trámite que no garantiza estatus legal.
Aunque Estados Unidos ha concentrado históricamente la mayor parte de la diáspora cubana, España se ha consolidado como el segundo destino más común para los migrantes de la isla, debido a la lengua, los vínculos históricos y la presencia de comunidades establecidas que facilitan la incorporación de los recién llegados a la sociedad de acogida.
Este nuevo decreto —que por su carácter extraordinario no necesita ser aprobado por el Congreso español— podría significar un antes y un después en las trayectorias migratorias de muchos. La medida concederá a los beneficiarios “autorización de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector”, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Antes de este paso, la regularización de personas migrantes en España ya contaba con precedentes importantes. Desde los años ochenta hasta hoy se han realizado ocho procesos similares, impulsados por gobiernos de distintos signos políticos como respuesta a momentos de alta presión migratoria y a la necesidad de introducir en el mercado laboral de forma efectiva a cientos de miles de trabajadores extranjeros.
Hubo regularizaciones en la segunda mitad de los años ochenta y comienzos de los noventa, durante los gobiernos de Felipe González; otras a finales de los noventa y principios de los 2000 bajo el mandato de José María Aznar, y el proceso más amplio se produjo en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600 mil personas obtuvieron permisos de residencia y trabajo.
Cubanos en España: saliendo del limbo
Alejandro, de 32 años y graduado en Economía por la Universidad de La Habana, espera que el nuevo decreto le permita salir del limbo legal en que se encuentra desde junio de 2023.
“Llegué a España en noviembre de 2021 con un visado de estudios para cursar un máster en Dirección y Administración de Empresas. Inicialmente me concedieron seis meses, que renové mediante la matrícula en un nuevo máster. El proceso de renovación se demoró varios meses, de julio a enero. Hasta julio de 2022 estuve en situación regular. Después entró en vigor una normativa que permitía permanecer legalmente mientras la renovación estaba en trámite, y me amparé en ella”, explicó.
Su solicitud de renovación fue denegada en junio de 2023, aunque nunca recibió notificación formal, y continuó trabajando sin saber que estaba en situación irregular.
“La regularización cambiará no solo mi presente, sino también mi futuro, profesional y personal. Actualmente trabajo como camarero, y legalizarme me permitiría aspirar a empleos en mi área de formación, acceder a la salud pública y viajar a Cuba si lo deseo. Sería un cambio radical en mi estabilidad económica y de vida”, dijo.
En España, donde se penaliza a quienes contratan personas en esta situación, las posibilidades de vivir dignamente y prosperar estando en situación irregular se estrecha para los migrantes. “Se genera además un contexto de explotación del que se habla menos de lo que se debería. Existe también una criminalización de la solidaridad, sobre todo hacia personas que, como yo, aun queriendo trabajar y teniendo opciones, no han podido hacerlo de manera regular y estable”, añadió Katia, quien reside en ese país desde septiembre de 2022.
Una de las ganancias más importantes de la regularización es la obtención de un permiso de residencia y trabajo legal desde el primer día que se aprueba la solicitud, sin depender de empleadores o contratos previos.
Según el propio Ministerio de Migraciones, las personas que vivan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y cumplan con los requisitos (incluido un historial penal limpio) podrán acceder a una tarjeta de residencia temporal renovable y autorización laboral general. Esto reduce la vulnerabilidad frente a la explotación laboral, el empleo informal y la precariedad que caracterizan la vida cotidiana de muchos migrantes sin permiso.
Para los migrantes cubanos, que en muchos casos han entrado con visados de corta duración o han experimentado salidas y retornos que dificultan su situación administrativa, este proceso significa la posibilidad real de integrar su vida laboral a la formalidad, cotizar en la Seguridad Social y aspirar a condiciones laborales más estables y protegidas, además de acceder a subsidios por desempleo, cotizaciones para pensión y protección ante accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Regularizarse para reducir la desigualdad
“La irregularidad administrativa atraviesa todos los pilares del bienestar: vivienda, empleo, formación, acceso a la salud y a la seguridad social. No tener papeles perpetúa la precariedad. La regularización desestigmatiza institucionalmente y formaliza lo que ocurría de manera informal, reduciendo la reproducción de la desigualdad”, explicó a OnCuba Daybel Pañellas, cubana, psicóloga formada en la Universidad de La Habana, reside en España desde agosto de 2025 y trabaja en la Asociación San Ricardo Pampuri, una ONG dedicada precisamente a “la inclusión sociolaboral de personas en exclusión social”.
En algunos casos, como el de Dayron y su familia, residentes en España desde octubre de 2024, la nueva normativa española podría significar una garantía de acceso a servicios esenciales para personas y niños con necesidades especiales, como su hijo, diagnosticado con autismo. En España, estos servicios solo se ofrecen de forma gratuita a quienes están dados de alta en la Seguridad Social, algo que no es posible para los migrantes irregulares, ni siquiera para quienes, como Dayron y su esposa, llegaron al país con un visado de estudios.
“Nuestra situación familiar tiene una particularidad importante. Tenemos un hijo con autismo que ha estado escolarizado todo este tiempo en la enseñanza regular española. Él necesita, además, atención especializada tanto en el ámbito educativo como sanitario. Al contar nosotros con una estancia por estudios, nuestro hijo, como acompañante, no puede ser incluido en el sistema público de salud ni acceder a los certificados de discapacidad necesarios para ser incorporado a un aula TEA en los colegios”, comentó Dayron. “La regularización masiva cambiará radicalmente nuestra situación. Uno de los aspectos que más nos satisface es que se tenga en cuenta a los menores, otorgándoles un permiso de residencia de cinco años. Para nosotros esto es fundamental”, añadió aliviada.
Lo mismo espera Alejandro. Una de las primeras cosas que hará en cuanto se regularice su estatus en España será darse de alta en la seguridad social. “Actualmente no tengo acceso y mantengo un seguro privado. Por suerte gozo de buena salud y apenas lo he utilizado, pero una de mis prioridades es integrarme al sistema público de salud una vez obtenga la residencia”, adelantó.
Una de las puertas que abre la regularización es el acceso completo a servicios públicos como la sanidad y la protección social, derechos que de otra forma se encuentran restringidos o informalmente limitados para quienes carecen de estatus regular. Aunque en España existe un sistema de atención básico incluso para irregulares, la regularización elimina barreras administrativas y psicológicas para acceder a cuidados de salud y prestaciones, como será el caso de Dayron y su familia. El decreto contempla que familiares dependientes —incluidos hijos menores que ya residan en España— puedan beneficiarse de la medida simultáneamente, lo que representa una ganancia importante en términos de cohesión familiar y estabilidad. Esto es particularmente relevante para migrantes cuya situación irregular muchas veces separa a los núcleos familiares o complica los trámites de reunificación.
Un “simple” trámite, grandes ventajas
“Muchos proyectos migratorios se construyen sobre narrativas idealizadas transmitidas por familiares, amigos y redes sociales. Esto genera expectativas irreales —como obtener papeles fácilmente, conseguir vivienda garantizada o empleos acordes a la formación— que pueden provocar frustración al llegar al destino”, explica Daybel.
La especialista advierte que la política de regularización incide sobre fenómenos preexistentes y, en particular, sobre la frustración derivada de la desvalorización profesional. “En el colectivo cubano, el problema no radica tanto en el acceso al empleo, sino en su descalificación sistemática: no obtener trabajo calificado o en áreas afines a su formación. Aquí emerge una amenaza identitaria asociada a la pérdida del estatus profesional, que genera frustración y desmotivación”, señala.
Algo similar opina la psicóloga cubana Hedels González, quien se ha dedicado a estudiar a fondo la salud mental en los procesos migratorios y cree que esta no solo depende de un estado de bienestar o resiliencia individual de los migrantes, sino de las políticas públicas que afectan las condiciones en las que viven. “La salud mental de las personas migrantes está directamente atravesada por las políticas migratorias: la incertidumbre legal, el temor a la deportación, la sensación de no pertenecer a ningún lugar y el hecho de que su destino dependa de decisiones gubernamentales generan un estrés permanente”, afirmó en entrevista con OnCuba.
Esto es visible en casos como el de Alejandro, quien espera que la regularización le permita aspirar a un empleo calificado. “Cuando tenía visado de estudios, las plazas laborales relacionadas con mi área profesional eran en formato de prácticas y con salarios de hasta 600 euros mensuales, que es el máximo permitido. Como residente podría aspirar a un empleo mejor remunerado y con estabilidad, además de dejar el trabajo de camarero, que suele ser una de las pocas opciones para quienes no tienen papeles y viven con horarios muy exigentes”.
Donde vive, en Madrid, el salario medio se encuentra entre los más elevados de España, y en junio de 2025 llegó a alcanzar los 2 367 euros mensuales. Al mismo tiempo, la capital española encabeza la lista de las ciudades más caras del país, donde el alquiler de una habitación puede rondar desde los 900 hasta los 1 200 euros o más por mes.
“Actualmente trabajo como camarero. He tenido la suerte de contar con un empleador que no se ha aprovechado de mi situación: me ha ido aumentando el salario conforme he mejorado en el puesto y me ha apoyado en los trámites para regularizarme. No todos los migrantes en el sector de la hostelería corren con esa misma suerte”, contó Alejandro.
Según Panellas, aunque muchos perciben la regularización como un simple trámite administrativo, su impacto va mucho más allá: permite a las personas migrantes recuperar autonomía y capacidad de decisión sobre su propia vida.
“En términos concretos, la regularización cambiaría principalmente mi planificación de futuro. El primer paso sería obtener el carnet de conducir, algo fundamental en España que abre muchas oportunidades laborales. El segundo sería dejar el sector de la hostelería y empezar a trabajar en lo que estudié”, afirmó Alejandro.
Además, el joven tiene planes personales que también dependen de la regularización: visitar a sus padres en Cuba, a quienes no ve desde 2023, y viajar a otros países. “Esto me permitirá recuperar la posibilidad de viajar a Cuba, e incluso conocer otros lugares que quiero visitar, algo que hoy no puedo hacer estando en situación irregular”, explicó.
Alivio y algunas incertidumbres
A pesar de la expectativa que ha generado la aprobación de la medida, muchos migrantes potencialmente beneficiarios aún no se sienten completamente tranquilos. Temen que el proceso pueda verse afectado por presiones políticas o retrocesos institucionales.
El crecimiento de tendencias de derecha y ultraderecha, representadas en partidos de la oposición como el Partido Popular y Vox, conocidos por sus posiciones contra la inmigración, alimenta esa sensación de incertidumbre.
“Sabemos que muchas personas podrían abandonar otras vías de regularización para acogerse a este decreto. Existe el temor de que, por presiones políticas, el procedimiento se frene o incluso se cancele”, expresó Dayron.
Otro de los principales desafíos radica en demostrar todos los requisitos incluido el tiempo de permanencia en el país.
“Los mayores retos están en saber exactamente qué documentos se exigirán y si se cumplen o no las condiciones. Afortunadamente, se han flexibilizado las formas de demostrar la estancia en España”, explicó una de las personas entrevistadas para este reportaje.
Entre las alternativas previstas figuran billetes de transporte público, citas médicas y la inscripción en el padrón municipal, lo que amplía las posibilidades de acreditar la permanencia sin depender exclusivamente de trámites administrativos formales.
Sin embargo, para muchos cubanos persiste un obstáculo significativo: la obtención de los antecedentes penales del país de origen, uno de los requisitos principales para aplicar.
“Quienes no los tengan ya cuentan con muy poco margen para solicitarlos. Son trámites lentos, que requieren legalización y apostilla, lo cual implica tiempo y dinero”, señaló Dayron “Esto puede dejar fuera a muchas personas”.
Katia coincide en que el éxito del proceso dependerá en gran medida de su implementación práctica.
“Esperamos que, al tratarse de una medida excepcional, se creen mecanismos ágiles y rápidos. Se dice que una vez solicitada la regularización se podrá acceder automáticamente a un permiso de trabajo, pero eso todavía está por verse”, afirmó.
Aunque aún se desconocen los detalles definitivos de su aplicación, la regularización extraordinaria ya ha generado un cambio perceptible entre quienes viven en situación irregular: la aparición de una expectativa concreta de futuro.
Para migrantes como Alejandro, la medida no es solo un trámite administrativo, sino una oportunidad para recuperar la autonomía sobre su propia vida.
“Lo primero que haría sería sacarme el carnet de conducir, algo básico aquí y que abre muchas puertas laborales. Después, dejar la hostelería y empezar a trabajar en lo que estudié”, dijo.
También hay planes personales que dependen de ese cambio legal, como volver a ver a su familia en Cuba y viajar fuera de España sin temor a no poder entrar al país a su regreso.
“Hace dos años que no veo a mis padres. Regularizarme me permitiría visitarlos y también conocer otros países, algo que hoy no puedo hacer”, explicó Alejandro.
Muchos cubanos que han elegido España como destino tras salir de la isla comparten esa misma expectativa. Esperan que el nuevo decreto les permita acceder a los mismos derechos que quienes ya se encuentran en situación regular y vivir sin la amenaza constante de la incertidumbre administrativa.
Ese estatus no depende solo de la voluntad individual de integrarse, sino también de las políticas públicas que definen quién puede ejercer plenamente su derecho a una vida digna y quién es considerado —o no— un “buen migrante”.
