Los transportistas particulares de la provincia cubana de Villa Clara que no se presenten a trabajar corren «el riesgo» de perder sus licencias, de acuerdo con medios de prensa locales.
«Los transportistas privados que no se presenten a trabajar en sus respectivas piqueras para este viernes 16 de agosto, podrán perder la licencia operativa de transporte», declaró Héctor Amador González, director de Transporte en ese territorio, al periódico villaclareño Vanguardia.
La publicación local reconoce que tras la entrada en vigor el pasado lunes de los precios topados a un grupo de productos y servicios en la provincia, «ha mermado considerablemente el flujo de porteadores por cuenta propia en la ciudad de Santa Clara y el resto de los municipios».
Ante esta situación, explica el medio, el gobierno provincial, de conjunto a las autoridades de transporte y el cuerpo de inspectores, «decidió tomar la anterior medida».
«Se conoce que hay vehículos que no están siendo conducidos o explotados por esa razón (inconformidad con el control de precios), y no vamos a permitir actitudes que vayan en contra del pueblo», aseguró Amador González, quien enfatizó en que «los propietarios de la licencia operativa tienen la obligación de ejercer su trabajo».
Establecen precios topados para transportistas particulares en Camagüey
El funcionario explicó que aunque existen causas comprendidas en la ley para la suspensión temporal de la licencia hasta 90 días, como roturas, enfermedades u otros impedimentos, las autoridades no permitirán que los transportistas privados que desaprueban los nuevos precios protesten por el tope de los precios establecido por el gobierno dejando de trabajar.
«Alertamos a los titulares que quien entregue la licencia, para luego ejercer de forma ilegal, estaría realizando una actividad económica ilícita y eso es un delito penalizado», afirmó.
El director de Transporte exhortó a los cuentapropistas a «asimilar las nuevas medidas no como disposiciones en contra de su economía, sino como necesarias para que el pueblo trabajador pueda tener opciones de transportación».
«Los precios topados son irrevocables e irreversibles, de eso, no tengan duda», concluyó.
El 12 de agosto comenzaron a regir en Villa Clara precios topados para productos y servicios en el sector privado, establecidos por el gobierno de la provincia. Además del transporte –urbano e intermunicipal, lo mismo en camiones y automóviles que en motos y coches–, fueron incluidos productos industriales como la cerveza, el refresco enlatado y la malta, productos elaborados como la pizza y el pan, productos agrícolas y la carne de cerdo.
Tras la aprobación de esta medida, trabajadores privados mostraron inconformidad, en particular muchos transportistas, que optaron por dejar trabajar, como ha sucedido en situaciones similares en otros territorios cubanos. El anuncio de este miércoles también ha generado inconformidades que empiezan a manifestarse ya en las redes sociales.
Ahora resulta que los que no estén de acuerdo con los precios, tienen que trabajar obligados. Creo que sería más serio…
Posted by Ricardo Torres Perez on Friday, August 16, 2019
La limitación de los precios a productos y servicios forma parte de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno cubano de conjunto con el incremento de salarios y pensiones con el objetivo de evitar la inflación, que han sido cuestionadas por cuetapropistas, clientes y economistas dentro y fuera de la Isla.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución publicada en la Gaceta Oficial que establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal, «no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población».
En la propia resolución se faculta a los presidentes de los gobiernos locales para fijar los precios y tarifas máximas del sector privado –algo que ya han hecho las autoridades de varias provincias cubanas– y los responsabiliza con la creación de los mecanismos de control, supervisión y atención de quejas sobre el tema.
Las autoridades locales deben adoptar las medidas sobre los infractores «en un plazo no mayor de una semana» tras conocerse la violación de lo estipulado, según dijo la propia ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en una reciente conferencia de prensa.
