|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por María Milagros Assandri/Latinoamérica21
En un país atravesado por crisis económicas recurrentes, la promesa de inversiones millonarias y generación de empleo suele aparecer como una solución inmediata. Sin embargo, cuando el crecimiento económico entra en conflicto con recursos naturales esenciales, surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde estamos dispuestos a avanzar? La reciente reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner ese dilema en el centro de la escena política y social argentina.
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y, por esa razón, Argentina debería mantener una protección ambiental estricta frente al avance de la actividad minera. La flexibilización de esta normativa representa un riesgo ambiental difícil de revertir y prioriza beneficios económicos de corto plazo sobre recursos fundamentales para las futuras generaciones.
La reforma de la ley de glaciares
La reforma fue aprobada por el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El Gobierno sostiene que los cambios permitirán atraer inversiones extranjeras, aumentar las exportaciones y generar empleo. Desde esta mirada, la minería aparece como un motor clave para el desarrollo económico, especialmente por la creciente demanda internacional de minerales como el litio y el cobre.
No es la primera vez que se intenta modificar esta ley. En enero de 2024, el llamado proyecto de Ley Ómnibus incluyó cambios a la normativa, pero no prosperó ante el rechazo de más de 150 organizaciones ambientales. Esta vez, sin embargo, a pesar de que en las afueras del Congreso, organizaciones ambientalistas encabezaron una protesta masiva, el oficialismo logró convertirlo en ley con el respaldo de aliados parlamentarios y gobernadores de provincias cordilleranas.
Los cambios son significativos: la reforma redefine el concepto de “ambiente periglacial”, limita la protección únicamente a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante” para la recarga de cuencas, y transfiere a las provincias la facultad de habilitar actividades en zonas que antes eran de resguardo absoluto.
Los glaciares: una herencia hídrica invaluable
Según el Inventario Nacional de Glaciares, en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que cubren aproximadamente 8.484 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes.
Según la ONU, los glaciares concentran cerca del 69% del agua dulce del planeta y entre 2000 y 2023 se perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de masa por año, contribuyendo al aumento del nivel del mar. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte, además, que 2025 se ubicó entre los tres años más cálidos registrados, con una temperatura media de 1,44 °C por encima del nivel preindustrial.
Las proyecciones científicas indican que antes de 2030 la mayoría de las cuencas glaciares de los Andes alcanzarán su punto máximo de aporte hídrico, momento a partir del cual los glaciares no podrán mantener su aporte histórico al caudal de los ríos y la disponibilidad de agua comenzará a disminuir de manera sostenida.
El argumento económico
Quienes apoyan la reforma no carecen de argumentos. La creciente demanda global de minerales críticos posiciona a Argentina como un actor estratégico de la transición energética: el país posee reservas de litio —esencial para baterías y almacenamiento energético— y de cobre. El Gobierno y los gobernadores de las provincias mineras sostienen que la reforma era una condición indispensable para atraer inversiones internacionales.
Los números respaldan parte de ese entusiasmo: en 2025, la minería exportó más de 6.000 millones de dólares, marcando un récord histórico y representando el 6,9% del total de las exportaciones argentinas. El sector estima que los principales proyectos de cobre podrían atraer casi 20.000 millones de dólares en inversiones y colocar a Argentina entre los grandes productores globales del mineral.
Sin embargo, a pesar del récord exportador, la minería representa alrededor del 1% del PIB argentino, una proporción llamativamente baja para un país que concentra una porción relevante de los recursos minerales globales. La brecha entre el potencial y el aporte efectivo a la economía nacional, abre el debate sobre el grado en que el desarrollo minero ha logrado traducirse en beneficios económicos para el conjunto del país.
El problema no es la minería, sino sus límites
El problema no radica únicamente en la actividad minera, sino en los límites que se establecen para llevarla adelante. Los glaciares y ambientes periglaciares cumplen una función vital: abastecen de agua a millones de personas, regulan ecosistemas y ayudan a enfrentar los efectos del cambio climático. Permitir actividades extractivas cerca de estas zonas implica aumentar el riesgo de contaminación, alteración de cuencas hídricas y daño ambiental irreversible.
Cuando el uso industrial del agua para la minería crece, el acceso para pequeños y medianos productores agrícolas y para las comunidades locales se vuelve cada vez más limitado. Las consecuencias documentadas incluyen intoxicaciones, pérdida de fauna, contaminación del agua y del suelo, y el deterioro progresivo de los ecosistemas.
Además, numerosos especialistas y organizaciones ambientales advierten que, una vez afectados estos ecosistemas, su recuperación puede tardar décadas o incluso ser imposible. En un contexto global donde el acceso al agua dulce se vuelve cada vez más crítico, debilitar mecanismos de protección ambiental parece una decisión contradictoria y peligrosa.
Si bien quienes apoyan la reforma sostienen que existen tecnologías capaces de reducir el impacto ambiental de la minería, confiar únicamente en controles futuros no garantiza que los daños puedan evitarse. La experiencia demuestra que muchas veces los intereses económicos terminan prevaleciendo sobre las regulaciones ambientales.
El federalismo ambiental: ¿solución o riesgo?
Uno de los ejes centrales de la reforma es la delegación de competencias hacia las provincias, lo que el oficialismo denomina “federalismo ambiental”. El argumento es que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales y deben tener mayor autonomía para gestionarlos.
Sin embargo, cuando se trata de recursos hídricos compartidos entre provincias —como sucede con las cuencas de la Cordillera de los Andes— la fragmentación regulatoria puede generar conflictos de intereses y vacíos de protección. Un glaciar que alimenta un río interprovincial puede generar impactos que exceden los límites de una única jurisdicciones, por lo que su gestión suele requerir mecanismos de coordinación. La Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas promueve la gestión integrada de las cuencas hídricas, reconociendo que su administración requiere coordinación entre las distintas jurisdicciones involucradas.
El agua no espera
Argentina no debería verse obligada a elegir entre desarrollo económico y protección ambiental. El verdadero desafío consiste en construir políticas que permitan crecer sin comprometer recursos esenciales para la vida. Cuando se pone en riesgo el agua, no solo se discute una ley: se discute el futuro de todo un país.
Los glaciares andinos ya están retrocediendo como consecuencia del cambio climático. Flexibilizar ahora su protección legal equivale a acelerar un proceso que ya es preocupante y que, según las propias proyecciones científicas, se volverá crítico antes de 2030. Ante esta realidad, la pregunta no es si el agua es más importante que los dólares de la minería: es si estamos dispuestos a asumir el costo de una decisión que podría ser irreversible.
La Ley de Glaciares no debería modificarse pensando únicamente en inversiones inmediatas. Porque el agua que hoy se protege será la misma que mañana necesitarán millones de argentinos.
El texto fue publicado originalmente en Latinoamérica21. Lea el original.
