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Por Alberto Maresca/Latinoamérica21
Una investigación de periodistas afiliados a Canal Red ha hecho públicas varias grabaciones donde se escucha a políticos hondureños de gran notoriedad, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) y el actual mandatario, Nasry Asfura, hablando sobre una trama orquestada por líderes de la ultraderecha internacional para desestabilizar a gobiernos progresistas de América Latina. El objetivo de la trama que ha revelado el ‘Hondurasgate’ era crear un medio para difundir noticias falsas sobre la gestión de Sheinbaum y Petro.
JOH, indultado por Trump pese a sus cargos por narcotráfico en Estados Unidos, habría sido la pieza clave para subvencionar la victoria de Asfura en las últimas elecciones hondureñas, contando con el apoyo de Trump. Además, JOH habría presionado para llegar al asesinato de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral y del partido progresista LIBRE, debido a sus denuncias de fraude durante las elecciones presidenciales, en particular a raíz de la injerencia explícita proveniente de Washington.
No obstante que el Hondurasgate tenga un relieve altamente doméstico en la política hondureña, su alcance regional e internacional no debe subestimarse. Los audios revelan que JOH entablaría una campaña desinformativa con el apoyo financiero del presidente argentino, Javier Milei, con el objetivo de desestabilizar el ambiente político en Brasil, Colombia y México, países gobernados por fuerzas progresistas. El gobierno de Milei alimentaría el mencionado medio de comunicación en conjunto con el gobierno de Benjamin Netanyahu y Estados Unidos.
Canal Red difundió 37 grabaciones extraídas de conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, Signal y Telegram entre algunas de las figuras políticas más relevantes de Honduras y actores vinculados a la ultraderecha internacional. Los audios, sometidos previamente a procesos de autenticación forense con el programa Phonexia Voice Inspector, revelan presuntas transferencias de dinero provenientes de instituciones públicas hondureñas, en particular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, para financiar operaciones políticas y mediáticas coordinadas desde Estados Unidos.
En uno de los audios más delicados, JOH solicita a Asfura el envío de 150 mil dólares para instalar una plataforma digital vinculada al entorno del presidente estadounidense. En otras conversaciones, JOH habla sobre apoyo financiero procedente de Israel y menciona directamente que el indulto otorgado por Trump habría sido facilitado mediante labores de lobby financiadas por actores israelíes.
Además de las campañas mediáticas, las conversaciones apuntan a proyectos geopolíticos más amplios. Entre ellos figuran la expansión de las zonas económicas especiales, la instalación de una nueva base militar en Roatán, la construcción de un centro penitenciario inspirado en el modelo salvadoreño del CECOT y proyectos de infraestructura adjudicados a empresas estadounidenses. Los audios también muestran una fuerte preocupación por limitar la presencia china en Honduras y por consolidar un alineamiento estratégico con Washington y Tel Aviv.
Independientemente de los hallazgos del Hondurasgate, existe una evidente práctica actual de alineamiento tripartito entre la derecha latinoamericana, Estados Unidos e Israel. El objetivo de esos actores parece ser contribuir a los esfuerzos de Estados Unidos para orientar la región hacia la derecha. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la prevalencia de gobiernos de derecha cumple con el objetivo de alejar a China de la región. Desde la perspectiva de Israel, la alianza con grupos cristianos sionistas, evidente en la cercanía con políticos como Jair Bolsonaro, puede asegurarle un respaldo diplomático en el marco de las continuas críticas internacionales recibidas tanto por el genocidio en Gaza como por la guerra en Irán y en el Líbano.
El Hondurasgate confirma que el alineamiento automático y la dependencia vinculada a esta práctica siguen siendo un problema estructural de la política exterior latinoamericana. La gravedad del fenómeno radica en que dicho alineamiento no parece responder a intereses estratégicos latinoamericanos, sino a agendas externas vinculadas a la preservación de la hegemonía estadounidense, globalmente decaída, y al sostenimiento diplomático de Israel en un contexto internacional cada vez más adverso para ambos actores.
La instrumentalización de campañas mediáticas, redes de desinformación y alianzas políticas transnacionales demuestra que la disputa ideológica latinoamericana ya no puede entenderse exclusivamente en clave nacional. Por el contrario, se inserta en un escenario multipolar en el que actores externos buscan influir activamente en la orientación política regional, lo que está provocando respuestas de la izquierda, como se ha visto en Barcelona.
La subordinación estratégica a Washington y Tel Aviv reproduce patrones históricos de dependencia política que limitan la capacidad latinoamericana para construir una política exterior verdaderamente autónoma y soberana. En última instancia, el caso obliga a replantear el debate sobre la autonomía regional en el siglo XXI. En un contexto de multipolaridad, aceptado por buena parte del Sur Global, América Latina enfrenta el desafío de decidir si continuar actuando como espacio de alineamiento subordinado o avanzar hacia una inserción internacional más autónoma, plural y coherente con sus propios intereses históricos y geopolíticos.
