La COVID-19 ha traído crisis económicas y sociales en gran parte del mundo, y sobre todo en el Tercero, donde la deficiente infraestructura, la pobreza, la dependencia de la exportación de recursos, la desigualdad y la falta de responsabilidad resultan endémicas. Las protestas contra la escasez, la violencia estructural, la brutalidad policial y la corrupción estallaron en todas partes, desde Estados Unidos hasta Colombia, Haití, Brasil, Guatemala, Ecuador, Chile y Argentina, por solo mencionar algunos casos.

Los eventos de ese tipo en América Latina rara vez merecían la cobertura de los medios de difusión estadounidenses, hasta que sucedieron en Cuba. De alguna manera, las protestas en la Isla fueron similares a las de otras partes departes de la región. Pero eran, a la vez, diferentes.

Los cubanos protestaban contra un gobierno que Estados Unidos ha declarado oficialmente enemigo y que ha estado tratando de derrocar activamente durante más de sesenta años. Estados Unidos ha promovido la actividad antigubernamental en Cuba con armas, dinero y palabras. No es entonces sorprendente que el presidente Biden, quien tuvo poco que decir sobre las decenas de muertos y cientos de heridos por la policía durante las protestas en Colombia, además de expresar su respaldo al presidente Iván Duque, diera en repetidas ocasiones su apoyo a los manifestantes cubanos con la denuncia obligatoria del “régimen autoritario de Cuba”. Sus palabras se reflejaron en todo el espectro de las voces dominantes de Estados Unidos. Las pocas excepciones son académicos que realmente saben algo sobre Cuba como Louis Pérez  Jr. y William LeoGrande, entre otros.

Con respecto a las revoluciones latinoamericanas, los políticos liberales y los expertos se han alineado con la extrema derecha y con Donald Trump, quien llamó a Nicaragua, Venezuela y Cuba una “troika de la tiranía” y prometió “poner fin a la glamorización del socialismo y el comunismo”. El New York Times intervino obedientemente con Trump en ese momento denunciando a Bernie Sanders por su visita a Nicaragua en 1985.

Una historia de subversión. Buscando alternativas

Después de la victoria revolucionaria de 1959 en Cuba, los funcionarios estadounidenses reflexionaron sobre cómo responder. ¿Podrían controlar esta revolución en interés de las corporaciones estadounidenses, como lograron hacer en Bolivia y Guatemala en 1954? Les preocupaban especialmente los mayores impactos de una revolución exitosa.

Un funcionario del Departamento de Estado escribió entonces: “hay indicios de que si la Revolución Cubana tiene éxito, otros países de América Latina, y quizás de otros lugares, la utilizarán como modelo. Deberíamos decidir si queremos que la Revolución cubana tenga éxito”. Unos meses después, otro advirtió: “nuestra actitud hasta la fecha [podría] ser considerada un signo de debilidad y dar ánimos a elementos comunista-nacionalistas en otros lugares de América Latina que están tratando de hacer avanzar programas similares a los de Castro”. Mostraron mucha menos preocupación por el pueblo cubano que el embajador de Estados Unidos en ese momento. “Esta es la regla de un solo hombre con la aprobación total de las ‘masas'”, concluyó el embajador.

Al comprometer a Estados Unidos a establecer un “gobierno sucesor” en Cuba, otro reconoció a regañadientes “el impacto que la verdadera honestidad, especialmente a nivel laboral, ha tenido en la gente” y “el hecho de que una gran mayoría de los cubanos […] han despertado con entusiasmo a la necesidad de una reforma social y económica”.

Una herramienta fue el embargo. El objetivo era socavar la economía, “promover la disensión interna; erosionar su apoyo político interno [y] crear condiciones que conduzcan a una rebelión incipiente”. El “único medio previsible de alienar el apoyo interno”, dijo el Departamento de Estado, “es mediante el desencanto y el descontento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Deben tomarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, [negar] dinero y suministros a Cuba, disminuir los salarios monetarios y reales, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Otra herramienta, esa que la administración Clinton denominó el carril dos, ha sido el cultivo y financiamiento de posibles movimientos de oposición en Cuba. La notoria Helms-Burton o “Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, de 1996, mejor conocida por su fortalecimiento del embargo, incluía planes para ayudar a organizaciones que podrían formar un posible “gobierno de transición” en la Isla.

La USAID continúa canalizando millones de dólares anuales para la “construcción de la democracia” y las “organizaciones independientes de la sociedad civil” en la Isla y las convence de oponerse al gobierno cubano.

Cuando Fidel Castro renunció en 2008, Estados Unidos lamentó el estado de la oposición cubana que estaba financiando y apoyando. “No es probable que el movimiento disidente tradicional suplante al gobierno cubano […]. Tendremos que buscar en otra parte, incluso dentro del gobierno mismo, para identificar a los sucesores más probables del régimen de Castro”, escribió la Sección de Intereses de Estados Unidos en 2009. “Vemos poca evidencia de que las principales organizaciones disidentes tengan mucha resonancia entre los cubanos comunes”.

En su lugar, miraron con esperanza a “personas más jóvenes, incluidos blogueros, músicos y artistas plásticos y escénicos” como posibles líderes de un movimiento antigubernamental. “Creemos que debemos tratar de ampliar nuestros contactos dentro de la sociedad cubana […] para facilitar y alentar a las generaciones más jóvenes de cubanos que buscan una mayor libertad y oportunidad”.

El dinero siguió fluyendo, en gran parte a ONG anónimas y organizaciones de la sociedad civil que promueven estos fines. Las organizaciones que afirman apoyar a mujeres, comunidades afrocubanas y LGBTI aumentaron su protagonismo. Los beneficiarios de subvenciones como Development Alternatives, Inc. y Creative Associates International, Inc. enviaron personal de manera encubierta a Cuba para “buscar oportunidades para establecer contactos”.

En 2010 Creative Associates informó: “Nuestro programa ayudó en la formación y desarrollo de una iniciativa que busca establecer lazos de colaboración e identidad entre líderes culturales y comunitarios. El proyecto fue creado por un núcleo de promotores culturales con la visión de una sociedad más participativa. Se reclutó a un gran número de figuras culturales para apoyar el proyecto”.

Sin embargo, Creative luchaba por “contrarrestar la apatía y estimular el compromiso cívico”. Los proyectos de Creative Associates incluyeron, entre otros, los siguientes: “Moviendo a las comunidades afrocubanas a la acción”; “Mapeo de líderes comunitarios jóvenes” y “Creación de capacidad para la movilización social pacífica”. El 30 de junio de 2021 la USAID publicó una nueva convocatoria para los solicitantes de subvenciones, señalando: “los últimos meses han sido un momento decisivo para que los cubanos exijan mayores libertades democráticas y respeto por los derechos humanos. Artistas y músicos han salido a las calles para protestar contra la represión del gobierno, produciendo himnos como ‘Patria y Vida’, que no solo ha traído una mayor conciencia mundial sobre la difícil situación del pueblo cubano, sino que también ha servido como un grito de guerra por el cambio en la Isla”.

Y continuaba: “El objetivo de esta ronda de subvenciones fue aumentar la eficacia de los grupos independientes de la sociedad civil para promover mayores derechos humanos y libertades”. La llamada señaló que “muchos cubanos rehúyen las formas tradicionales de promoción. No obstante, los esfuerzos recientes de organizaciones religiosas, artistas y otros grupos marginados demuestran la creciente voluntad del pueblo cubano de exigir rendición de cuentas y un mayor respeto por los derechos humanos. Al incorporar un grupo más amplio de grupos como parte de las demandas de los ciudadanos, la sociedad civil puede expandir efectivamente sus filas, al mismo tiempo que aumenta la conciencia sobre las fallas del gobierno cubano, que abarcan tanto los derechos políticos como los sociales. La USAID busca apoyar a estos grupos en sus demandas de mayores derechos y libertades democráticas”.

En otras palabras, el programa instaba a los cubanos a movilizarse contra el gobierno, al tiempo que reconocía tácitamente que gran parte de la población aún carecía de “conciencia” acerca de las fallas del gobierno.

No creo que los cubanos que salieron a las calles el 11 de julio simplemente respondieran a la manipulación del gobierno de Estados Unidos o esperaran obtener financiamiento. Fueron motivados por problemas reales y tienen todo el derecho a exigir una respuesta del gobierno.

La respuesta más común y basada en principios de la izquierda apoya el derecho de los cubanos a protestar y al mismo tiempo se opone a los intentos de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Cuba. Nos oponemos a los intentos de Estados Unidos de provocar la disidencia cubana devastando la economía del país con el embargo, y nos oponemos a la intromisión de Estados Unidos, que intenta manipular a las organizaciones cubanas para impulsar un cambio de régimen. Si bien nos oponemos a la represión del gobierno cubano contra los manifestantes, también creemos que la paranoia del gobierno cubano que ve la mano malévola de Estados Unidos en cada desafío a sus políticas no es realmente tan descabellada.

La mejor manera de promover un espacio para que los cubanos debatan, protesten y busquen soluciones a la crisis es que Estados Unidos reconozca la soberanía cubana, cese sus actividades encubiertas, termine el embargo y permita la ayuda humanitaria que los cubanos necesitan desesperadamente para superar la pandemia y la crisis económica que aqueja a la Isla.

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* Este texto fue publicado originalmente en inglés en NACLA. Se publica una versión en español con la autorización expresa de su autora.