Por Torivio Fodder, University of Arizona
La nueva película del director Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, narra la historia real de una serie de asesinatos ocurridos en las tierras de la Nación Osage en Oklahoma, Estados Unidos, en la década de 1920.
Basada en la meticulosa investigación de 2017 de David Grann, la película profundiza en la dinámica racial y familiar que sacudió Oklahoma hasta la médula cuando se descubrió petróleo en las tierras de los Osage. Los colonos blancos atacaron a los miembros de la Nación Osage para robárselas y quedarse con las riquezas que había bajo ellas. Pero desde una perspectiva histórica, este crimen es sólo la punta del iceberg.
Desde principios del siglo XIX hasta la década de 1930, la política oficial estadounidense desplazó a miles de nativos americanos de sus hogares ancestrales mediante los conocidos como “traslados de indios”. Y a lo largo del siglo XX, el Gobierno federal recaudó miles de millones de dólares de las ventas o arrendamientos de recursos naturales como madera, petróleo y gas en tierras indias, que se suponía debía desembolsar a los propietarios de las tierras. Pero no rindió cuentas de estos fondos fiduciarios durante décadas, y mucho menos pagó a los indios lo que se les debía.
Soy director del Programa de Gobernanza Indígena de la Universidad de Arizona y profesor de Derecho. Mi ascendencia es comanche, kiowa y cherokee por parte de padre y pueblo por parte de madre. Desde mi punto de vista, Los asesinos de la luna es sólo un capítulo de una historia mucho mayor: Estados Unidos se construyó sobre tierras y riquezas robadas.
Expansión hacia el Oeste y robo de tierras
Según la versión tradicional, el Oeste americano fue poblado por laboriosos colonos que se ganaron la vida a duras penas, formaron ciudades y, con el tiempo, crearon estados. En realidad, en esas tierras vivían ya cientos de naciones nativas, cada una con sus propias formas de gobierno, cultura y lengua.
A principios del siglo XIX, las ciudades del este crecían y los densos centros urbanos se volvían inmanejables. Las tierras indias del oeste eran un objetivo atractivo, pero la expansión hacia allá se topó con lo que se conocería como “el problema indio”. Esta frase muy utilizada reflejaba la creencia de que Estados Unidos tenía el mandato divino de colonizar Norteamérica, y los indios se interponían en el camino.
A principios del siglo XIX, la elaboración de tratados entre Estados Unidos y las naciones indias pasó de ser un proceso de cooperación a convertirse en una herramienta para expulsar por la fuerza a las tribus de sus tierras.
A partir de la década de 1830, el Congreso presionó a las tribus indias del este para que firmaran tratados que las obligaban a trasladarse a reservas en el oeste. Esto tuvo lugar a pesar de las objeciones de figuras públicas como el pionero y congresista por Tennessee Davy Crockett, organizaciones humanitarias y, por supuesto, las propias tribus.
El traslado forzoso afectó a todas las tribus al este del río Misisipi y a varias tribus al oeste del mismo. En total, unos 100 000 indios americanos fueron expulsados de sus tierras orientales a reservas occidentales.
Pero la apropiación de tierras más perniciosa estaba aún por llegar.
La Ley General de Asignación
Incluso después de que los indios fueran acorralados en reservas, los colonos presionaron para conseguir un mayor acceso a las tierras del oeste. En 1871, el Congreso puso fin formalmente a la política de elaboración de tratados con los indios. Después, en 1887, aprobó la General Allotment Act, también conocida como Ley Dawes. Con esta ley, la política estadounidense hacia los indios pasó de la separación a la asimilación, es decir, la integración forzosa de los indios en la población nacional.
Para ello fue necesario cambiar las estructuras tribales de propiedad comunal de la tierra bajo un sistema de reservas por un modelo de propiedad privada que disolvió las reservas por completo. La Ley de Adjudicación General se diseñó para dividir las tierras de las reservas en adjudicaciones para indios individuales y abrir las tierras no adjudicadas, que se consideraban excedentes, a la colonización no india. Las tierras sólo podían adjudicarse a los hombres cabeza de familia.
Según el estatuto original, el Gobierno de EE. UU. mantenía las asignaciones indias, que medían aproximadamente 160 acres por persona (poco más de medio kilómetro cuadrado), en fideicomiso durante 25 años antes de que cada adjudicatario indio pudiera recibir un título claro. Durante este periodo, se esperaba que los indios adjudicatarios se dedicaran a la agricultura, se convirtieran al cristianismo y asumieran la ciudadanía estadounidense.
En 1906, el Congreso modificó la ley para permitir al secretario de Interior expedir títulos de propiedad siempre que se considerara que un indio adjudicatario era capaz de gestionar sus asuntos. Una vez que esto ocurría, la adjudicación quedaba sujeta a impuestos y podía venderse inmediatamente.
Genocidio cultural legal
Los indios adjudicatarios a menudo tenían escasos conocimientos de agricultura y aún menos capacidad para gestionar sus tierras recién adquiridas.
Incluso después de ser confinadas en reservas occidentales, muchas tribus habían mantenido sus estructuras de gobierno tradicionales y habían intentado preservar sus prácticas culturales y religiosas, incluida la propiedad comunal de bienes. Cuando el Gobierno estadounidense les impuso un sistema ajeno de propiedad y gestión, muchos terratenientes indios se limitaron a vender sus tierras a compradores no indios o se vieron sujetos a impuestos que no podían pagar.
En total, la adjudicación eliminó 90 millones de acres de tierra (alrededor de 364 200 kilómetros cuadrados) del control indio antes de que la política finalizara a mediados de la década de 1930. Esto condujo a la destrucción de la cultura india, a la pérdida de la lengua cuando el Gobierno federal implantó su política de internados y a la imposición de una miríada de normas, como se muestra en Los asesinos de la luna, que afectaban a la herencia, la propiedad y las disputas por el título cuando fallecía un adjudicatario.
Una medida de justicia
En la actualidad, hay unos 56 millones de acres (unos 226 623 km²) bajo control indio. El Gobierno federal posee la titularidad de las tierras, pero las mantiene en fideicomiso para las tribus indias y los particulares.
Estas tierras contienen muchos recursos valiosos, como petróleo, gas, madera y minerales. Pero en lugar de actuar como administrador de los intereses indios en estos recursos, el Gobierno de EE. UU. ha incumplido repetidamente sus obligaciones fiduciarias.
De acuerdo con la Ley General de Adjudicación, el dinero obtenido de la prospección de petróleo y gas, la minería y otras actividades en las tierras indias adjudicadas se depositaba en cuentas individuales en beneficio de los indios adjudicatarios. Pero durante más de un siglo, en lugar de efectuar los pagos a los propietarios indios, el Gobierno gestionó mal esos fondos, no rindió cuentas de ellos por orden judicial y destruyó sistemáticamente los registros de desembolsos.
En 1996, Elouise Cobell, miembro de la Nación de los Pies Negros de Montana, presentó una demanda colectiva para obligar al Gobierno a rendir cuentas históricas de esos fondos y arreglar su fallido sistema de gestión. Tras 16 años de litigio, la demanda se resolvió en 2009 por unos 3 400 millones de dólares.
El acuerdo preveía 1 400 millones de dólares para pagos directos de 1 000 dólares a cada miembro del grupo, y 1 900 millones para consolidar los complejos intereses de propiedad que se habían acumulado a medida que la tierra se transmitía de generación en generación, lo que hacía difícil rastrear a los adjudicatarios y desarrollar la tierra.
“Todos sabemos que el acuerdo es inadecuado, pero también debemos encontrar la forma de curar las heridas y lograr cierta medida de restitución”, declaró Jefferson Keel, presidente del Congreso Nacional de Indios Americanos, cuando la organización aprobó una resolución en 2010 en la que respaldaba el acuerdo.
¿Quiénes son los lobos?
Los asesinos de la luna ofrece una instantánea del robo de tierras a los indios estadounidenses, pero la historia completa es mucho más amplia. En una escena de la película, Ernest Burkhart –un hombre blanco sin educación, interpretado por Leonardo DiCaprio, que se casó con una mujer Osage y participó en los asesinatos de Osage– lee entrecortadamente de un libro infantil ilustrado.
“Hay muchos lobos hambrientos”, lee. “¿Puedes encontrar a los lobos en este dibujo?”. En la película queda claro que los ciudadanos del pueblo son los lobos. Pero el mayor lobo de todos es el propio Gobierno federal, y el Tío Sam no aparece por ninguna parte.
Torivio Fodder, Indigenous Governance Program Manager and Professor of Practice, University of Arizona
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
