México enfrentó en el pasado agudos conflictos para defender el derecho de asilo, que al final se tradujeron en largo tiempo para alcanzar una solución.
El motor del choque era el mismo: el Estado territorial sostiene que persigue delincuentes, mientras el Estado asilante califica la naturaleza del caso.
La disputa está prevista en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), la más reciente del sistema interamericano, que declara ilícito el beneficio para quienes esstán sujetos a la acción penal por delitos comunes, salvo que las causas “revistan claramente carácter político”.
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Quien califica la naturaleza del caso es el Estado asilante, según la Convención, que así resolvió un largo periodo de convulsiones políticas en la región.
El caso emblemático de esa etapa fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de encabezar con su partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) una rebelión militar en Perú.
Haya de la Torre se refugió en enero de 1949 en la embajada de Colombia, que le otorgó el asilo. Así se abrió una disputa política y legal, que llegó a la Corte Internacional de Justicia con el mismo choque de argumentos: delito común contra persecución política.
Pero la decisión de La Haya fue tan ambigua que no resolvió nada. Haya de la Torre se quedó cinco años en la embajada colombiana, hasta que en abril de 1954 el gobierno peruano cedió y permitió que el asilado viajara a México.
Golpe en Chile
Entre el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973 y noviembre de 1974, la embajada de México en Santiago recibió a más de 600 chilenos, un centenar de mexicanos y otro tanto de personas de terceros países.
La evacuación fue lenta y difícil. La embajada y la cancillería de México tuvieron que trabajar con paciencia y extremo cuidado para sortear el burocratismo exasperante del régimen militar, interesado en impedir o al menos demorar la salida del grupo.
Jorge Carrillo Olea, quien era jefe de la Sección Segunda (inteligencia) del Estado Mayor Presidencial, reveló el año pasado un hecho hasta entonces desconocido: en forma clandestina, México sacó asilados a quienes la dictadura les negaba el salvoconducto o quienes de plano no lo gestionaban, convencidos de que serían rechazados.
Siete meses antes del golpe y ante el clima de tensión creciente, contó Carrillo Olea, a petición del embajador Gonzalo Martínez Corbalá, el presidente Luis Echeverria envió a la embajada en Santiago a dos militares “confiables”, para resguardar al personal y a la sede.
En la valija diplomática llevaban cuatro fusiles automáticos M2, cartuchos, 40 mil dólares en efectivo y un radioteléfono. Todo era ilegal, pero la valija pasó.
Además de la atmósfera de violencia, Martínez Corbalá recelaba de la “relación tan estrecha” que había cultivado con Pinochet el agregado militar, el general Manuel Díaz Escobar, ex jefe de los Halcones del 10 de junio. Era “desafiante” con el embajador y de “completa agresividad” contra los oficiales enviados.
Tras el golpe, el radioteléfono fue la única vía de comunicación. Con el apoyo del pequeño equipo militar de confianza, México ejecutó la movilización secreta que permitió sacar hasta el último solicitante de asilo y sólo entonces romper relaciones.
Cámpora: “mortal de necesidad”
En otro caso, el ex presidente Héctor J. Cámpora, quien había sido embajador de su país en México, se convirtió en uno de los principales objetivos de la dictadura argentina que se instauró con el golpe del 24 de marzo de 1976.
Cámpora pudo llegar a la embajada mexicana, donde pidió asilo. Igual que los chilenos, los militares argentinos pusieron pretextos y demoras para evitar extender los salvoconductos.
En la embajada el ex presidente empeoró de un malestar que ya traía. Una primera revisión mostró que era un tumor canceroso en las parótidas.
Aún así los golpistas no lo dejaron salir. Sólo lo harían con la prueba de que la enfermedad era “mortal por necesidad”. Y aún en ese caso la autorización no sería inmediata.
La historia de la tortuosa negociación con la junta militar está registrada en el intercambio de mensajes entre el embajador José Antonio Lara Villarreal y la Secretaria de Relaciones Exteriores, ahora desclasificado por el Acervo Histórico Diplomático.
Los militares dijeron a Lara que el ambiente de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y, en particular, la presencia en el país de una misión de la Organización de Estados Americanos, había endurecido posiciones en su “frente interno”. No podían soltar a Cámpora.
La gravedad del caso y la persistencia de la diplomacia mexicana lograron un hecho insólito. Fuera de las normas de asilo, Cámpora pudo salir de la embajada a que le practicaran una biopsia, que confirmó el diagnóstico.
El trayecto y la estancia en el hospital tuvieron el explícito reconocimiento de los militares de respeto a las garantías de asilo.
El expresidente por fin pudo viajar a México el 26 de noviembre de 1979. Murió en Cuernavaca el 19 de diciembre de 1980.
*Este artículo fue publicado originalmente en La Jornada. Se reproduce con la autorización expresa de su autor.
