Oscar Fernández
Probablemente en ningún otro país del mundo su población tendrá tanto dominio sobre lo definido en su Clasificador Nacional de Actividades Económicas como en Cuba. El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a un importante cambio de concepto respecto a la regulación del sector privado: permitir todo lo que no esté prohibido. Y para ello ha utilizado este clasificador.
Lo anunciado el pasado 5 de febrero debe ser interpretado con optimismo. Es un importante punto a favor de este proceso de reforma que inició hace diez años, y cuyo desarrollo ha quedado secuestrado en más de una ocasión. Aunque aún no está la norma jurídica, ya se publicó una primera versión del listado con las actividades restringidas.
¿Qué es lo más positivo? Se crea una amplitud mucho mayor en el marco legal, lo que permitirá movilizar capacidades productivas hasta hoy subutilizadas, o que operaban al margen de la ley. Si antes el pequeño sector privado se las había ingeniado para desarrollar sus proyectos dentro de unos marcos en extremo estrechos, ahora las posibilidades se han multiplicado varias veces.
Sin embargo, para que este cambio permita realmente el despliegue de todas nuestras potencialidades económicas, y no signifique solo una respuesta temporal a una aguda crisis de empleo, restan inmensos escollos por superar, que implican también transformaciones de conceptos.
Diez puntos que permitirían mejorar el diseño:
1. Incorporar sin dilación todas aquellas actividades profesionales que quedaron excluidas, y no sean estratégicas ni socialmente sensibles
La razón fundamental por la que el gobierno se resiste a hacerlo probablemente sea el temor al drenaje de fuerza de trabajo calificada del sector estatal al sector privado. Sin embargo, esta lógica subestima que la amenaza mayor está en la descapitalización neta que sufre el país producto de la emigración, o cuando muchos de estos profesionales son contratados por empresas extranjeras para trabajar directamente desde sus casas. Obviamente es preferible que aporten su experticia desde sus propios proyectos antes que se pierdan al servicio trasnacional. Por otra parte, no debería albergarse este temor puesto que, por un lado, está en marcha una reforma general de precios y salarios cuyo objetivo declarado es justamente reordenar la pirámide invertida y erigirse en estímulo para la retención de los mejores profesionales, y por otro, el contexto es el menos propicio para abandonar la seguridad de las plazas estatales por emprender en la incertidumbre. Lo que tal vez ocurriría es que muchos de ellos se mantendrían en sus puestos mientras intentan proyectos propios en paralelo.
2. Ofrecer garantías a largo plazo de estabilidad del marco regulatorio
La evolución del modelo económico en Cuba —reciente y no tan reciente— ha experimentado vaivenes brutales en cuanto a su concepción sobre el sector privado y cooperativo, así como al papel del mercado. El gobierno debe buscar la forma de ofrecer garantías de que este marco regulatorio que se conforma no retrocederá dentro de un par de años. Que la norma a emitir tenga rango de Ley, aprobada en Asamblea Nacional, o al menos Decreto-Ley, tal vez aporte mayor seguridad. Solo así los emprendimientos que surjan apostarán por proyectos productivos de mayor trascendencia —que por lo general requieren más tiempo de maduración y comprometen una inversión mayor— en lugar de emprender con enfoque rentista o filibustero.
3. Demostrar sencillez y velocidad en los trámites de aprobación y reducir al mínimo el espacio a la discrecionalidad administrativa
Así lo anunciaron los tres ministros en la pasada mesa redonda del 9 de febrero. Pero al analizar el proceder reciente de la burocracia administrativa a cargo de implementar, no es posible conciliar el sueño solo con esta declaración. La norma jurídica debe ser explícita. Todo proyecto que solicite operar en las actividades no restringidas y cumpla los requisitos que la ley establece, debe ser aprobado de forma automática en los términos previstos. Siempre que se otorgue facultad decisoria a un funcionario o comisión sobre la base de juicios y no de reglas, habrá mucho espacio para la corrupción.
4. Ajustar la política tributaria a objetivos de fomento en el nuevo contexto monetario
En un contexto de aguda crisis, con la enorme cantidad de damnificados económicos a consecuencia de la pandemia, y en la antesala de un necesario ajuste del empleo en el sector estatal, es urgente fomentar la actividad productiva. Para ello necesitamos una política tributaria expansiva. Esto implica diseñar adecuadas exoneraciones a todas aquellas actividades que generen empleo productivo. En muchos países se aplican exenciones de entre 1 y 3 años para emprendimientos nuevos. En definitiva, un buen estímulo productivo resultará luego en un incremento de la recaudación tributaria.
5. Ofrecer acceso a financiamiento promovido por el Estado
No quepan dudas: surgirán muchos emprendimientos. La mayoría de ellos encontrarán las vías para financiarse. Si la banca comercial estatal —sea con recursos propios o estableciendo alianzas foráneas— no crea productos financieros verdaderamente atemperados a las necesidades de estos negocios, quedará nuevamente fuera de este mercado, como ha ocurrido desde 2011. La calidad del financiamiento junto a la estabilidad del marco regulatorio constituyen factores determinantes para el éxito de los emprendimientos.
6. Garantizar plena libertad de encadenamientos entre todos los actores económicos, y fomentarlos
“La economía es una sola”, afirmó el ministro de Economía. En efecto, la única posibilidad de desarrollar armónicamente la economía es a partir de construir un tejido o ecosistema productivo coherente y altamente interconectado. Son conocidos pequeños emprendimientos que han resultado claves en la solución de importantes problemas en una industria estatal. Pero aún subsisten disposiciones emanadas de algunas OSDE1 que impiden a sus empresas crear alianzas con el sector privado, incluso en franca confrontación con disposiciones de mayor rango. Esta práctica tiene que desaparecer definitivamente. Esta Cuba necesita empresas estatales, privadas, cooperativas, extranjeras y mixtas, cooperando y compitiendo en la producción del desarrollo socialista. Y el Estado debe y puede implementarlo.
7. Facilitar acceso a mercados de suministros, sin la obligatoriedad, por ejemplo, de pasar por la intermediación de las empresas estatales en el caso de las importaciones
Este probablemente constituya la principal debilidad para el desarrollo de proyectos privados productivos. Las regulaciones actuales que posibilitan a los trabajadores por cuenta propia importar insumos solo a través de Empresas Estatales, configuran un entorno esencialmente rentista, no solo porque garantiza mercado cautivo para los intermediarios designados, sino porque obliga a pagos en MLC por estos servicios, no siempre atribuibles a gastos en divisas correspondientes al proceso mismo. Por otra parte, el universo de empresas facultadas para el comercio exterior es también limitado, y con áreas de especialización “repartidas”. De esta manera se perpetúan las estructuras monopólicas que tradicionalmente han abastecido al sector estatal con una eficiencia bien lejos de la deseada. No obstante, cuanto más avancen los encadenamientos entre empresas estatales y emprendimientos privados, surgirán más oportunidades de satisfacer ciertas demandas de insumos mutuas. Facilitar vías legales para acceder a MLC, en cuanto las condiciones macroeconómicas lo permitan, es otro de los temas imprescindibles para el reaprovisionamiento y por tanto la supervivencia de estos emprendimientos.
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8. Estudiar las estructuras de mercado para fomentar contextos más competitivos —incluyendo empresas estatales y privados— donde quiera que no se justifiquen monopolios naturales o estratégicos
En los espacios que el diseño del modelo de funcionamiento económico reserve a las relaciones mercantiles, deben fomentarse estructuras de mercado competitivas, siempre mucho más justas y socialmente más eficientes. La prohibición, por ejemplo, a organizar determinadas actividades turísticas, sólo se explica como una barrera de entrada para proteger las cuotas de mercado de las agencias que hoy operan. Si ya aceptamos que las condiciones en la etapa actual del tránsito socialista requieren el reconocimiento de estos espacios mercantiles, se impone adoptar todas las medidas para garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar sus costos sociales. Aprender a manipular las condiciones del mercado de forma que sea posible su conducción hacia los objetivos de la reproducción sistémica, constituye uno de los principales retos. Se requieren instituciones en defensa de la competencia en estos mercados, para intentar neutralizar los desdeñables comportamientos oligopólicos, que tanto laceran el bienestar del consumidor final y que impiden la emergencia de nuevos y tal vez mejores emprendedores.
9. Diseñar políticas de fomento selectivas que faciliten el avance relativo de sectores vulnerables
Estamos ante una nueva oportunidad de rectificar los errores del pasado. Una apertura al sector privado, sin que le acompañen políticas específicas que permitan un mayor empoderamiento de aquellos sectores o grupos de personas que —según numerosos estudios— ya se encontraban en desventaja y además retrocedieron durante los últimos diez años de reforma, ciertamente profundizaría las distancias. Se deberían articular medidas que estimulen proyectos liderados por mujeres, por población afrodescendiente, por familias monoparentales, por familias con muchos dependientes, por discapacitados, por jubilados, entre otros. La política social no puede ser subsidiaria ni correctora de la política económica, tiene que venir embebida.
10. Implementar rigurosas normas de responsabilidad social, protección laboral, medioambiental y otras
Comencemos por lo más elemental, el Código de Trabajo. ¿Qué norma, institución, mecanismo, sindicato, u otro, hay que crear, transformar o disolver para garantizar que los empleados en el sector privado disfruten efectivamente de los derechos que establece la ley? ¿Quién exige al empleador, quién protege al trabajador? ¿Acaso dejar toda la responsabilidad a la sala de lo laboral de los tribunales? Luego, ¿a través de qué mecanismos el Estado promueve una cultura empresarial socialmente responsable, coherente con el proyecto socialista? Estos últimos, quizás, son de los temas más retrasados de la reforma.
Otros temas seguramente se pueden adicionar a esta lista de partida. Por ejemplo, la creación de algún tipo de asociación sindical efectiva, con capacidad de interlocución y contrapartida, resulta imprescindible para la gobernanza y gestión de conflictos. También podría ser útil la creación de una especie de Instituto de Fomento, dedicado al estudio del sector privado y cooperativo, que contribuya a la coherencia en el diseño de las políticas de estímulo. La publicación anual de una especie de cartera de oportunidades para el sector privado doméstico, similar a la que realiza el MINCEX para la inversión extranjera, en la cual se expliciten las prioridades territoriales y nacionales, podría ayudar orientar mejor los esfuerzos y abreviar el camino hacia las soluciones necesarias.
Por último, con la implementación de esta llamada “lista negativa” el gobierno tiene la oportunidad de ensayar los mecanismos que operarían para las próximas MPYMES. La formalización de estas tampoco debería demorar, pero a mi juicio se debe avanzar con igual prontitud en los diez aspectos antes expuestos. No obstante, para el pleno desarrollo de nuestras fuerzas productivas, una transformación radical en el modelo de gestión de las empresas estatales que las exponga a condiciones de mercado y las obligue a innovar o perecer, continúa siendo la jugada definitoria. El ordenamiento es un paso esencial pero no es la traba principal.
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Nota:
1 OSDE: Organización Superior de Desarrollo Empresarial
Exactamente. El ordenamiento solo está aplanando el terrero para q a partir de las próximas medidas se pueda comenzar a reconstruir el país. Todavía es necesario el cambio de la tasa oficial de dólares, ya q se conoce q la mayor parte del capital para las inversiones privadas llegan en forma de remesas y si estas remesas se ven multadas por una tasa donde el peso cubano está muy sobrevalorada existe un decinsentivo.
Por otro lado es necesario q surja la reforma del empleo donde por fin se separen a trabajadores privados y a dueños de negocios privados, y otra donde se le dé total autonomía a las empresas estatales.
En cuanto a incentivar la innovacion y el emprendimiento pienso q no debería de ocurrir por parte del Estado, pienso q incentivar a nivel de localidad (puede ser el gobernador) mediante excensiones de impuesto y flexibilización de normativas se alcance un grado más justo de compenetración. Pienso q a nivel del Estado mayor se pudiera elaborar una lista de actividades q el país quiere incentivar y q varios privados vayan a competir por ella, y pues q de esa forma se le otorguen los mayores beneficios provenientes del estado mayor e incluso se creen empresas mixtas.
Y por ultimo considero necesario q la elaboración de medidas para prevenir una mayor desigualdad social.
Lo que hay que hacer el gobierno lo sabe,pero también sabe,que eso requiere de libertades,y para los comunistas la libertad no existe,lo mejor que pueden hacer es desaparecer y darle paso a las nuevas generaciones,60 años de fracaso económico son más que suficiente.
Muy sensato, como de costumbre, el análisis y nuevas propuestas del Dr. Fernández, sin embargo considero que lo urgente es comenzar a ejecutar lo aprobado, que es de gran magnitud y alta complejidad.
Primero, comenzar a avanzar, a continuación, CON PRISA Y SIN PAUSA, seguir el camino ascendente hasta lograr el necesario incremento económico.
El “desangre” de la fuerza de trabajo calificada esta sucediendo hace decadas. No solo los que emigran. Estan los que se fueron a trabajar al turismo en ocupaciones muy por debajo de sus calificaciones, los que tambien se convirtieron en TCP o trabajan en negocios que poco tienen que ver con su preparacion. Yo recientemente hice una encuesta y hay un 50% de mi graduacion que esta fuera de Cuba y los que estan alla, algunos pocos estan en puestos de direccion en empresas estatales, pero la mayoria se dedican a otras cosas totalmente diferentes. Asi que si el objetivo es evitar ese desangre, es preferible que aunque sea una parte, estos profesionales se queden aportando en el pais para pymes o emprendimientos en vez de perder totalmente esa posibilidad.
Por supuesto que si no hay garantias legales (no solo para la lista) sino tambien para el establecimiento de pymes y otros emprendimientos, no habra confianza suficiente ni incentivos para establecer un negocio privado. Hay experiencias de marchas y contra marchas en el pasado, donde las autoridades han aplicado u alto grado de discrecionalidad y han abierto y cerrado la llave a su antojo. Esperemos que haya seriedad y la ley de empresas que ya se anuncia y es tan esperada vea la luz publica muy pronto.
La excesiva centralizacion de la banca cubana y la escasez de divisas son una espada de Damocles para ofrecer creditos para fomentar estos pequenos negocios, pero se podrian buscar alianzas regionales y permitir bancos extranjeros que operen en este sector. Hay experiencias e bancos extranjeros que en los 90’s operaban en Cuba con joint ventures y empresas de capital extranjero, asi que no veo que puedan explorarse estas opciones.
Mientras mas intermediarios haya en la gestion, mas ineficientes y poco atractivos se convierten las oportunidades de negocios. Solamente el tema logistico en Cuba es de por si un reto (por experiencia propia se que importar un contenedor toma siglos); ahora imaginense si ademas hay una empresa importadora metida por el medio. Hay que ponersela un poco mas facil al empresario.
Felicidades Oscar. Ni le falta ni le sobra nada a este magnífico análisis que nos planteas. Ojalá que los decisores tengan en cuenta tu propuesta y entiendan que ayudaría decisivamente a avanzar en el camino del desarrollo.
En mi humilde opinión, agregaría la necesidad de implementar un sistema de registro contable adecuado y fidedigno que permita a la vez, la aplicación de una política fiscal más clara y justa, puesto que muchos conocen de la corrupción que hoy por hoy se genera y se lleva a cabo por parte de algunos funcionarios de la ONAT, que imponen cargas impositivas basadas en apreciaciones subjetivas de los negocios privados, pues no existen los instrumentos contables necesarios (dígase facturas, vales, estados financieros, etc.). Además, revisar el hecho de que en muchas o todas las actividades, se aplica la tasa impositiva sobre el ingreso bruto y no sobre las Utilidades netas de la actividad.
Muy atinadas y responsables estas diez recomendaciones de Oscar Fernández al gobierno. Ojalá se escuchen.
Solo agregaría una oncena: Crear, preferiblemente con carácter autónomo o, si no, dentro del Ministerio de Economía y Planificación, un instituto o entidad que tenga como objeto social fomentar la creación y desarrollo, dentro del marco regulatorio, de los emprendimientos privados. Para decirlo en términos prácticos, una instancia dentro del gobierno que tenga como objetivo central despejar el camino, “eliminar las trabas”, para que los emprendimientos privados cumplan el rol que deben cumplir en el fomento de la prosperidad, sin olvidar la equidad y la sustentabilidad.
No vale pena hacer comentarios, pues el autor no deseo debatir sus propuestas.
Excelente artículo. Pero nada de eso se logrará si no se cambia la mentalidad de los decisores. Da la impresión que toda flexibilización por lógica está condicionada por la situación difícil situación de nuestra economía. Pero mientras desde arriba están diciendo que promueven el emprendimiemto en la calle se sigue evidenciando la persecución, la satanizacion y desestimación del sector privado, procesos que supuestamente de destraban pero los pasos de avance son nulos, no basta con decir desde arriba cuando los de abajo actúan de forma contraria. Pero no se trata de mentalidad distinta sino de imposición de nuevos decretos que continúan frenando el emprendimiemto.