Diez puntos para avanzar mejor

Probablemente en ningún otro país del mundo su población tendrá tanto dominio sobre lo definido en su Clasificador Nacional de Actividades Económicas como en Cuba. El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a un importante cambio de concepto respecto a la regulación del sector privado: permitir todo lo que no esté prohibido. Y para ello ha utilizado este clasificador.

Lo anunciado el pasado 5 de febrero debe ser interpretado con optimismo. Es un importante punto a favor de este proceso de reforma que inició hace diez años, y cuyo desarrollo ha quedado secuestrado en más de una ocasión. Aunque aún no está la norma jurídica, ya se publicó una primera versión del listado con las actividades restringidas.

¿Qué es lo más positivo? Se crea una amplitud mucho mayor en el marco legal, lo que permitirá movilizar capacidades productivas hasta hoy subutilizadas, o que operaban al margen de la ley. Si antes el pequeño sector privado se las había ingeniado para desarrollar sus proyectos dentro de unos marcos en extremo estrechos, ahora las posibilidades se han multiplicado varias veces.

Sin embargo, para que este cambio permita realmente el despliegue de todas nuestras potencialidades económicas, y no signifique solo una respuesta temporal a una aguda crisis de empleo, restan inmensos escollos por superar, que implican también transformaciones de conceptos.

Diez puntos que permitirían mejorar el diseño:

1. Incorporar sin dilación todas aquellas actividades profesionales que quedaron excluidas, y no sean estratégicas ni socialmente sensibles

La razón fundamental por la que el gobierno se resiste a hacerlo probablemente sea el temor al drenaje de fuerza de trabajo calificada del sector estatal al sector privado. Sin embargo, esta lógica subestima que la amenaza mayor está en la descapitalización neta que sufre el país producto de la emigración, o cuando muchos de estos profesionales son contratados por empresas extranjeras para trabajar directamente desde sus casas. Obviamente es preferible que aporten su experticia desde sus propios proyectos antes que se pierdan al servicio trasnacional. Por otra parte, no debería albergarse este temor puesto que, por un lado, está en marcha una reforma general de precios y salarios cuyo objetivo declarado es justamente reordenar la pirámide invertida y erigirse en estímulo para la retención de los mejores profesionales, y por otro, el contexto es el menos propicio para abandonar la seguridad de las plazas estatales por emprender en la incertidumbre. Lo que tal vez ocurriría es que muchos de ellos se mantendrían en sus puestos mientras intentan proyectos propios en paralelo.

2. Ofrecer garantías a largo plazo de estabilidad del marco regulatorio

La evolución del modelo económico en Cuba —reciente y no tan reciente— ha experimentado vaivenes brutales en cuanto a su concepción sobre el sector privado y cooperativo, así como al papel del mercado. El gobierno debe buscar la forma de ofrecer garantías de que este marco regulatorio que se conforma no retrocederá dentro de un par de años. Que la norma a emitir tenga rango de Ley, aprobada en Asamblea Nacional, o al menos Decreto-Ley, tal vez aporte mayor seguridad. Solo así los emprendimientos que surjan apostarán por proyectos productivos de mayor trascendencia —que por lo general requieren más tiempo de maduración y comprometen una inversión mayor— en lugar de emprender con enfoque rentista o filibustero.

3. Demostrar sencillez y velocidad en los trámites de aprobación y reducir al mínimo el espacio a la discrecionalidad administrativa

Así lo anunciaron los tres ministros en la pasada mesa redonda del 9 de febrero. Pero al analizar el proceder reciente de la burocracia administrativa a cargo de implementar, no es posible conciliar el sueño solo con esta declaración. La norma jurídica debe ser explícita. Todo proyecto que solicite operar en las actividades no restringidas y cumpla los requisitos que la ley establece, debe ser aprobado de forma automática en los términos previstos. Siempre que se otorgue facultad decisoria a un funcionario o comisión sobre la base de juicios y no de reglas, habrá mucho espacio para la corrupción.

4. Ajustar la política tributaria a objetivos de fomento en el nuevo contexto monetario

En un contexto de aguda crisis, con la enorme cantidad de damnificados económicos a consecuencia de la pandemia, y en la antesala de un necesario ajuste del empleo en el sector estatal, es urgente fomentar la actividad productiva. Para ello necesitamos una política tributaria expansiva. Esto implica diseñar adecuadas exoneraciones a todas aquellas actividades que generen empleo productivo. En muchos países se aplican exenciones de entre 1 y 3 años para emprendimientos nuevos. En definitiva, un buen estímulo productivo resultará luego en un incremento de la recaudación tributaria.

5. Ofrecer acceso a financiamiento promovido por el Estado

No quepan dudas: surgirán muchos emprendimientos. La mayoría de ellos encontrarán las vías para financiarse. Si la banca comercial estatal —sea con recursos propios o estableciendo alianzas foráneas— no crea productos financieros verdaderamente atemperados a las necesidades de estos negocios, quedará nuevamente fuera de este mercado, como ha ocurrido desde 2011. La calidad del financiamiento junto a la estabilidad del marco regulatorio constituyen factores determinantes para el éxito de los emprendimientos.

6. Garantizar plena libertad de encadenamientos entre todos los actores económicos, y fomentarlos

“La economía es una sola”, afirmó el ministro de Economía. En efecto, la única posibilidad de desarrollar armónicamente la economía es a partir de construir un tejido o ecosistema productivo coherente y altamente interconectado. Son conocidos pequeños emprendimientos que han resultado claves en la solución de importantes problemas en una industria estatal. Pero aún subsisten disposiciones emanadas de algunas OSDE¹ que impiden a sus empresas crear alianzas con el sector privado, incluso en franca confrontación con disposiciones de mayor rango. Esta práctica tiene que desaparecer definitivamente. Esta Cuba necesita empresas estatales, privadas, cooperativas, extranjeras y mixtas, cooperando y compitiendo en la producción del desarrollo socialista. Y el Estado debe y puede implementarlo.

7. Facilitar acceso a mercados de suministros, sin la obligatoriedad, por ejemplo, de pasar por la intermediación de las empresas estatales en el caso de las importaciones

Este probablemente constituya la principal debilidad para el desarrollo de proyectos privados productivos. Las regulaciones actuales que posibilitan a los trabajadores por cuenta propia importar insumos solo a través de Empresas Estatales, configuran un entorno esencialmente rentista, no solo porque garantiza mercado cautivo para los intermediarios designados, sino porque obliga a pagos en MLC por estos servicios, no siempre atribuibles a gastos en divisas correspondientes al proceso mismo. Por otra parte, el universo de empresas facultadas para el comercio exterior es también limitado, y con áreas de especialización “repartidas”. De esta manera se perpetúan las estructuras monopólicas que tradicionalmente han abastecido al sector estatal con una eficiencia bien lejos de la deseada. No obstante, cuanto más avancen los encadenamientos entre empresas estatales y emprendimientos privados, surgirán más oportunidades de satisfacer ciertas demandas de insumos mutuas. Facilitar vías legales para acceder a MLC, en cuanto las condiciones macroeconómicas lo permitan, es otro de los temas imprescindibles para el reaprovisionamiento y por tanto la supervivencia de estos emprendimientos.  

8. Estudiar las estructuras de mercado para fomentar contextos más competitivos —incluyendo empresas estatales y privados— donde quiera que no se justifiquen monopolios naturales o estratégicos

En los espacios que el diseño del modelo de funcionamiento económico reserve a las relaciones mercantiles, deben fomentarse estructuras de mercado competitivas, siempre mucho más justas y socialmente más eficientes. La prohibición, por ejemplo, a organizar determinadas actividades turísticas, sólo se explica como una barrera de entrada para proteger las cuotas de mercado de las agencias que hoy operan. Si ya aceptamos que las condiciones en la etapa actual del tránsito socialista requieren el reconocimiento de estos espacios mercantiles, se impone adoptar todas las medidas para garantizar su adecuado funcionamiento y minimizar sus costos sociales. Aprender a manipular las condiciones del mercado de forma que sea posible su conducción hacia los objetivos de la reproducción sistémica, constituye uno de los principales retos. Se requieren instituciones en defensa de la competencia en estos mercados, para intentar neutralizar los desdeñables comportamientos oligopólicos, que tanto laceran el bienestar del consumidor final y que impiden la emergencia de nuevos y tal vez mejores emprendedores. 

9. Diseñar políticas de fomento selectivas que faciliten el avance relativo de sectores vulnerables

Estamos ante una nueva oportunidad de rectificar los errores del pasado. Una apertura al sector privado, sin que le acompañen políticas específicas que permitan un mayor empoderamiento de aquellos sectores o grupos de personas que —según numerosos estudios— ya se encontraban en desventaja y además retrocedieron durante los últimos diez años de reforma, ciertamente profundizaría las distancias. Se deberían articular medidas que estimulen proyectos liderados por mujeres, por población afrodescendiente, por familias monoparentales, por familias con muchos dependientes, por discapacitados, por jubilados, entre otros. La política social no puede ser subsidiaria ni correctora de la política económica, tiene que venir embebida.

10. Implementar rigurosas normas de responsabilidad social, protección laboral, medioambiental y otras

Comencemos por lo más elemental, el Código de Trabajo. ¿Qué norma, institución, mecanismo, sindicato, u otro, hay que crear, transformar o disolver para garantizar que los empleados en el sector privado disfruten efectivamente de los derechos que establece la ley? ¿Quién exige al empleador, quién protege al trabajador? ¿Acaso dejar toda la responsabilidad a la sala de lo laboral de los tribunales? Luego, ¿a través de qué mecanismos el Estado promueve una cultura empresarial socialmente responsable, coherente con el proyecto socialista? Estos últimos, quizás, son de los temas más retrasados de la reforma.

Otros temas seguramente se pueden adicionar a esta lista de partida. Por ejemplo, la creación de algún tipo de asociación sindical efectiva, con capacidad de interlocución y contrapartida, resulta imprescindible para la gobernanza y gestión de conflictos. También podría ser útil la creación de una especie de Instituto de Fomento, dedicado al estudio del sector privado y cooperativo, que contribuya a la coherencia en el diseño de las políticas de estímulo. La publicación anual de una especie de cartera de oportunidades para el sector privado doméstico, similar a la que realiza el MINCEX para la inversión extranjera, en la cual se expliciten las prioridades territoriales y nacionales, podría ayudar orientar mejor los esfuerzos y abreviar el camino hacia las soluciones necesarias.  

Por último, con la implementación de esta llamada “lista negativa” el gobierno tiene la oportunidad de ensayar los mecanismos que operarían para las próximas MPYMES. La formalización de estas tampoco debería demorar, pero a mi juicio se debe avanzar con igual prontitud en los diez aspectos antes expuestos. No obstante, para el pleno desarrollo de nuestras fuerzas productivas, una transformación radical en el modelo de gestión de las empresas estatales que las exponga a condiciones de mercado y las obligue a innovar o perecer, continúa siendo la jugada definitoria. El ordenamiento es un paso esencial pero no es la traba principal.

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Nota:

¹ OSDE: Organización Superior de Desarrollo Empresarial