En Guatemala, Juana Ramírez Santiago, fundadora de la organización civil Red de Mujeres Ixiles de Nebaj, dedicada a la defensa de los derechos de la mujer indígena en la región, recibió cuatro disparos este viernes. Tenía 54 años. Su muerte se suma a la de otra dirigente, del Comité de Desarrollo Campesino, asesinada hace varias semanas. “Exigimos a las autoridades investigar y esclarecer este homicidio que enluta a otra familia en Nebaj. Tienen que detener al o los responsables, este hecho no puede quedar impune”, dijeron desde la red.
Esas muertes se suman a los de otros 3 líderes indígenas defensores de sus tierras, asesinados en el último año. La oficina de la ONU para el Medio Ambiente había pedido que “la violencia contra los activistas por los derechos territoriales cese inmediatamente”.
En Honduras, el pasado 20 de septiembre se realizaron varios homenajes a la líder social Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, a propósito de los juicios que se están llevando a cabo estos días contra ocho presuntos responsables del crimen y la posibilidad de que la Corte Suprema se expida al respecto. El crimen de Berta reveló que circulaban listas negras en la policía militar con los nombre de líderes y lideresas sociales.
En Nicaragua, este domingo, en el contexto de una nueva protesta contra Daniel Ortega, otro estudiante, un joven de apenas 16 años, fue asesinado por la policía en medio del operativo de represión.
En Colombia, la ONG especializada “Somos defensores”, difundió un estudio de ocho años de duración: documentó 609 homicidios de líderes sociales entre 2010 y 2018 en el país, además de 2.646 amenazas y 328 atentados: “Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las Farc y dejado el proceso adelantado con el Eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo” dicen en un documento difundido este domingo.
En México, “el Estado mexicano hace uso del crimen organizado para encubrir los asesinatos de líderes sociales ambientalistas” dijo Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Allí, más de cien militantes o activistas políticas fueron asesinados sólo en lo que va de este 2018, algunos de ellos eran candidatos a cargos locales en las últimas elecciones de junio.
