Hace tres meses el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado dentro de su casa en las lomas de Puerto Príncipe. Y como es normal en el país caribeño de habla francesa, todavía no se sabe bien lo que pasó.
Aparentemente, en la madrugada del 7 de julio un grupo de individuos, la mayoría antiguos policías y militares colombianos, se presentaron armados en la residencia del presidente, ingresaron a la fuerza, invadieron su alcoba y dispararon a mansalva. Saldo: el presidente asesinado y su esposa gravemente herida.
La mayoría de los asaltantes fueron apresados, algunos miembros de la guardia presidencial lograron escapar. Pero otros, incluyendo el jefe de la guardia, están detenidos. Tres meses después, es muy poco lo que se sabe.
Faltan por definir sus autores intelectuales, aunque OnCuba adelantó la posibilidad de que el narcotráfico estuviera detrás del asesinato. Tal vez por eso hasta el día de hoy ningún fiscal se ha hecho cargo del asunto y ningún juez ha confirmado que presidirá el juicio. Todos están estudiando el tema. La conclusión es obvia: la larga mano del narcotráfico calla bocas y compra conciencias.
En resumen, el país está de nuevo en manos de pandillas armadas mientras sus habitantes y la comunidad internacional siguen sin saber cómo sucedieron los hechos.
Pese a los arrestos, “la verdad es que la población tiene grandes dudas sobre la investigación y varios sectores de la vida pública en Haití han criticado la lentitud de los procedimientos policiales y judiciales, así como la negativa de las autoridades a difundir información sobre los avances de las pesquisas. Tienen miedo”, confirma a OnCuba Jean-Jacques Lamonte, un abogado haitiano con oficinas en Miami y Puerto Príncipe.
Si bien las investigaciones continúan, tres meses después los oficiales de la policía haitiana indicaron que varios elementos apuntan a que Christian Emmanuel Sanon, un médico de 63 años basificado en Florida, conspiró y contrató a mercenarios colombianos con el objetivo de matar a Moïse y de hacerse con el poder. El galeno fue arrestado en Florida el pasado 11 de julio. Pero como las autoridades haitianas no siguieron el proceso ni enviaron a las autoridades estadounidenses parte de la documentación, no hubo otra alternativa que soltarlo. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Su abogado, Stanley Gaston, señaló en declaraciones a la agencia Efe que “el proceso judicial se compone de violaciones a los derechos de las personas” al producirse detenciones “sin que haya habido ningún delito flagrante”. Una defensa lineal de su cliente prófugo que crea más certezas de su culpabilidad.
Aun así, y confundiendo más el asunto, al contrario de lo manifestado por la policía local, las autoridades parecen señalar a Sanon como el autor intelectual del asesinato, aunque sin aportar grandes pruebas. El actual primer ministro, Ariel Henry, y la viuda del mandatario, Martine Moïse, afirmaron ante la prensa internacional que los responsables del magnicidio aún no han sido detenidos. Pero tampoco han dicho de quién sospechan.
En medios jurídicos haitianos se comenta que una ex jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq Thélot, estaba involucrada en el plan de arrestar a Moïse. La policía local emitió órdenes de arresto contra Thélot y otros funcionarios, incluido un ex empleado judicial y un ex senador. Pero hasta ahora los intentos de arresto han sido infructuosos.
Este jueves el gobierno de Haití solicitó asistencia de la ONU para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato.
“El Ministerio de Exteriores de Haití pide la asistencia de la ONU para llevar a cabo una investigación internacional en torno al asesinato del presidente Jovenel Moïse”, ha indicado la Embajada de Haití en República Dominicana a través de su cuenta en Facebook. El gobierno pidió, además, el apoyo de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y ha reiterado que el asesinato de Moïse y las heridas sufridas por la primera dama “suponen un crimen internacional por las sospechas de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del atentado”.
El miércoles se presentó, finalmente, el caso ante la Justicia. El tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe debe nombrar uno o varios jueces que tendrán la responsabilidad de investigar el asesinato de Moïse.
Sin embargo hay un escollo. El magistrado Bernard Saint-Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Príncipe, dijo que algunos jueces con los que se puso en contacto sobre el caso se mostraron reticentes y confesaron preocupaciones por su seguridad. Saint-Vil agregó que se necesitan medidas de seguridad adicionales, ya que algunos funcionarios judiciales temen por su vida en medio de amenazas de muerte.
Por otro lado, este refuerzo de seguridad solicitado se produce en medio de la inquietud por el estado de los sospechosos del crimen, trasladados a una prisión donde las condiciones han sido tachadas de tortura por las Naciones Unidas, y donde miles de presos permanecen recluidos durante años sin juicio.
OnCuba le preguntó a un ex senador haitiano cuál sería una solución “aceptable”. La respuesta: “Que invadan de nuevo y nos deshagan del narcotráfico”. O que “nos acepten como Estado libre asociado, como Puerto Rico. No veo nada más”.
