El ministro del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, presentó dos acusaciones en el Ministerio Público en contra del expresidente Evo Morales y de su exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tras un mes de una convulsión social que ha dejado 32 muertes.
“Son dos denuncias. Una contra Evo Morales, por sedición y terrorismo, y estamos pidiendo la máxima pena, y la otra denuncia es contra el exministro, Juan Ramón Quintana”, dijo Murillo a los periodistas en la Fiscalía.
El titular del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que llegó al poder tras la renuncia de Morales con el respaldo de las fuerzas armadas –en lo que partidarios del exmandatario y gobiernos de izquierda consideran un golpe de Estado–, explicó que la denuncia es a raíz de un video en el que supuestamente se escucha a Evo coordinando desde su asilo en México los bloqueos en el país.
“Se solicitará en ambos casos las penas máximas establecidas en el ordenamiento jurídico”, agregó Murillo. La pena puede ir de 15 a 20 años de cárcel.
En referencia a Quintana expresó que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno”.
Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, confirmó esta jornada que esa instancia inició una investigación de oficio contra el exjefe de Estado por la grabación y que se envió a una prueba pericial a Argentina.
Morales desde su exilio mencionó que el video es un “montaje”.
Mientras, en el país avanza un acuerdo político para convocar nuevas elecciones que no contemplarían la participación del expresidente.
“Hemos avanzado un 95% del acuerdo y estamos haciendo un gran esfuerzo de avanzar lo más rápido posible con todas las fuerzas políticas para llamar a elecciones”, dijo el viernes a The Associated Press el senador Omar Aguilar del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
Desde la oposición, la senadora Shirley Franco explicó a la prensa que se definió que Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera no están habilitados para participar, ya que se hará respetar el resultado del referendo de 2016 en el que exgobernante perdió la posibilidad de reformular la Constitución para postularse a un cuarto mandato consecutivo.
Aguilar prefirió no referirse sobre el tema en nombre de su partido, pero dijo a título personal que Morales no debería participar. Su colega del MAS, Efraín Chambi, expresó “que se deberá hacer cumplir la Constitución” y que no se debe politizar el tema para que la negociación pueda llegar a un acuerdo definitivo.
Paralelamente, el cuerpo diplomático le dio el saludo protocolar a la presidenta interina Áñez, quien cumple 10 días de gobierno. Al evento no asistieron los embajadores de México, Nicaragua y Cuba.
El embajador de Rusia, Vladimir Ivanovich, dijo que su gobierno reconoce y apoya el mandato transitorio de Áñez.
Rusia reconoce a presidenta autoproclamada como “nueva dirigente” de Bolivia
La gobernante interina explicó que su gestión está siendo muy difícil por las fuertes protestas con bloqueos que provocaron escasez de alimentos y combustible, sobre todo en La Paz, donde está la sede del gobierno. También pidió ayuda internacional para llevar a cabo las elecciones lo más antes posible.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica han hecho un llamado al acercamiento de todas las partes. Por su parte, el cardenal Toribio Ticona pidió al pueblo boliviano deponer los actos de violencia y que sea el diálogo el camino de salida a la crisis.
Los bloqueos en Bolivia han perjudicado el libre tránsito de alimentos y combustible. Una de las ciudades más perjudicadas es La Paz, donde está la sede de gobierno.
Morales renunció el 10 de noviembre a causa de protestas por un supuesto fraude –que niega– a las que se sumaron la policía y luego los militares. Poco después se fue exiliado a México, donde permanece. Sus partidarios se mantienen en las calles pidiendo la renuncia de Añez y han sido reprimidos por las fuerzas policiales.
