The Associated Press
Aunque parezca contradictorio, el brasileño Toni Reis, un militante gay y autodefinido comunista, apuesta por el diálogo con el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
El 19 de diciembre, días antes de que la administración de Bolsonaro entrara en funciones, Reis, presidente de la Alianza LGBTI+ –una de las entidades gays más representativas de Brasil–, fue invitado a una reunión con Damares Alves, quien se convertiría en la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
Fue la primera vez que Reis y los representantes de otras 30 organizaciones fueron invitados por el equipo de un gobierno antes de asumir y el gesto, pese a algunos prejuicios, ayudó a dejar la resistencia a un lado.
“Estamos con los ojos abiertos, pero el miedo comenzó a disiparse”, dijo Reis a The Associated Press.
Pese a que muchos creían que rápidamente se convertirían en la punta de lanza contra la administración de Bolsonaro, los movimientos sociales brasileños han acompañado expectantes las primeras decisiones del gobierno y estudian cómo reaccionar.
Desde la campaña presidencial la desconfianza mutua ha guiado la relación entre el presidente y diferentes organizaciones de mujeres, negros, homosexuales y LGBT e indígenas.
La elección de Bolsonaro, un exmilitar con un robusto historial de comentarios racistas y homofóbicos alimentó el temor de que su gobierno avanzara en el cercenamiento de las libertades individuales.
Y si bien algunas decisiones administrativas generaron revuelo, concluida la segunda semana de gobierno la mayor parte de las agrupaciones y organizaciones no gubernamentales que representan a las minorías se mantienen cautas.
La ministra Alves dijo que Brasil está comenzando una nueva era en la que “los niños se visten de celeste y las niñas de rosa”, en contraste a una supuesta inversión de valores que había sido promovida por los gobiernos de izquierda en los últimos años.
Las demandas de la población LGBT desaparecieron explícitamente de las principales directrices del ministerio. Sin embargo, la ministra explicó durante la asunción de su cargo que esa población será una de sus preocupaciones y habrá una dirección específica que se ocupará de implementar políticas para homosexuales.
Alentados por el miedo a que fueran prohibidos los matrimonios entre personas del mismo sexo, en noviembre y diciembre se celebraron casamientos colectivos gays en varias ciudades de Brasil.
La ministra Alves “hizo declaraciones para la base electoral que los apoya, pero con nosotros hasta ahora cumplió. Nos dijo que su gabinete será abierto para los LGBT y mantuvo el cuadro de funcionarios que trabajaban en políticas para la comunidad”, explicó Reis.
Hasta ahora, ningún movimiento convocó a protestas o actos contra Bolsonaro.
La decisión más polémica del mandatario fue que el Ministerio de Agricultura absorbiera una de las principales atribuciones de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), históricamente el organismo encargado de identificar, demarcar y proteger las tierras de los pueblos originarios.
Mediante un decreto Bolsonaro entregó la demarcación de nuevas tierras a Agricultura, una transferencia que la mayoría de las organizaciones indígenas interpretaron como la subordinación completa de la política indigenista al negocio agropecuario.
Los indígenas “están en una situación de fragilidad diferente a cualquier sector porque dependen del Estado, que les brinda acceso a la tierra y seguridad para sobrevivir”, opinó Sergio Praça, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas.
Como muestra de una hostilidad creciente hacia esa población, la FUNAI reportó esta semana un violento episodio de invasión de tierras ya demarcadas en Maranhao, estado del noreste de Brasil, en un área codiciada para la extracción de madera y cría de ganado.
Praça aseguró que los grupos originarios, a diferencia de otras minorías, pueden reaccionar rápidamente.
Hasta ahora, la resistencia se ha canalizado por la vía judicial. Decenas de pueblos indígenas se presentaron ante el Ministerio Público para pedir que la justicia anule la transferencia de la demarcación de tierras a Agricultura.
“El Estado brasileño nunca ayudó mucho a los homosexuales. Bolsonaro no hará nada para mejorar eso, pero creo que tampoco los perjudicará”, agregó el politólogo.
Brasil es uno de los países donde más homosexuales y transexuales son asesinados en el mundo. En 2018 hubo 420 muertes –incluidos suicidios– según un reporte del Grupo Gay de Bahía (GGB).
Luiz Mott, presidente del GGB, dijo que se creó un “pánico injustificado” ante la llegada del nuevo gobierno y, pese a estar políticamente en contra, aseguró que da un voto de confianza a Bolsonaro.
“Si bien tiene un historial de intolerancia, creo que las autoridades deben ser evaluadas desde que están en funciones. Bolsonaro prometió que los crímenes de odio tendrán la pena agravada, entonces por ahora tiene mi voto de confianza de que hará algo por nosotros”, dijo Mott.
Las controvertidas declaraciones de Bolsonaro no sólo tuvieron como blanco a los gays y las mujeres. Los negros también fueron ofendidos cuando en un discurso en 2017 dijo que los “afrodescendientes no sirven para nada, ni para recrear”.
Sin embargo, Lúcia Xavier, miembro de la Articulación de Mujeres Negras Brasileñas, adoptó la misma cautela que Mott. Su organización analiza los primeros pasos del ultraderechista para saber si “de hecho” van a afectar a la comunidad negra.
“Una cosa es lo que dicen y otra, diferente, es lo que van a hacer”, aseguró Xavier.
