Casi 2,400 migrantes centroamericanos se registraron el viernes ante las autoridades migratorias de México en su paso hacia Estados Unidos, después de que en la madrugada unos 2,000 pasaron caminando hacia territorio mexicano sin ser detenidos.
Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración, confirmó la noche del viernes que 2,373 migrantes (entre ellos 431 menores de 17 años), en su gran mayoría de Honduras, se habían registrado ante la migración mexicana como parte de una nueva política que autoriza permisos humanitarios temporales para los migrantes que llegan al país.
El funcionario entregó 10 tarjetas de visitantes por razones humanitarias a igual número de personas que forman parte de la caravana de migrantes, como un acto simbólico de lo que esperan entregar a los demás. Además del permiso de entrada la tarjeta también les permite obtener trabajo, educación y servicios de salud.
El viernes a las 4 de la madrugada un grupo de migrantes, que habían dormido a la intemperie en el parque central de la ciudad fronteriza de Tecún Umán en Guatemala, se levantaron y empezaron a caminar en fila para cruzar el puente que divide Guatemala y México.
Como ambas estaciones fronterizas estaban cerradas algunos migrantes forzaron los portones de las fronteras y pasaron caminando hacia territorio mexicano. Otros migrantes, la menor parte, optaron por hacer fila a la espera de que la estación migratoria mexicana comenzara a operar para solicitar una visa humanitaria y registrar su entrada.
Tras su ingreso la caravana empezó a caminar sobre la carretera hacia la ciudad de Tapachula.
Un grupo de unas 250 personas permaneció en el parque, mientras en la capital guatemalteca otro grupo de migrantes buscaba llegar a la frontera de Tecún Umán.
Edgar Corzo Sosa, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, dijo que hasta ahora la policía federal no ha actuado para detenerlos.
“Nosotros solo haremos acompañamiento. Hay una marcada diferencia entre lo que vimos el año pasado y lo que vimos ahora”, dijo el funcionario que visitó la zona.
El jueves la sede de Migración de México colocó brazaletes en las manos, tomó huellas digitales y registró a cientos de migrantes, a quienes informó que el trámite de su visa humanitaria tomará cinco días, y que podían esperan en Guatemala o en las cercanías de territorio mexicano a que ésta les fuera entregada. Las autoridades también entregan agua y comida a los viajeros.
Los migrantes recibieron un trato diametralmente opuesto al de las dos anteriores caravanas de 2018 que fueron recibidas con policías y militares, retenes y gases lacrimógenos al intentar cruzar la frontera.
Jackeline Chávez recuerda muy bien lo que pasó en octubre pasado cuando policías y militares le impidieron el ingreso irregular a México. La migrante hondureña, de 24 años, intentó pasar la frontera en la primera caravana, pero al cruzar a tierras mexicanas fue detenida y deportada junto a su esposo y sus dos hijas, pero ahora lo volverá a intentar.
“Ya nos deportaron una vez, pero vamos a volver a intentarlo”, dice la mujer junto a su esposo e hijas. Ahora hará el registro migratorio y esperará los cinco días para que le entreguen la visa humanitaria.
Raúl Pérez caminaba sobre el puente la madrugada del viernes llevando del brazo a su sobrina de 16 años. La adolescente está embarazada, por lo que ellos consideran que registrarse en la entrada es la mejor opción.
“Ella fue violada en un incidente ahí; mataron al padrastro”, dijo el hombre de 30 años sin soltar del brazo a la menor, que bajaba el rostro. Ambos llegaron desde San Pedro Zacapa y dicen que van a Estados Unidos huyendo de la violencia.
El futuro que les aguarda en la frontera entre México y Estados Unidos es incierto. Las caravanas previas, que se convirtieron en un tema de campaña de Donald Trump para las elecciones legislativas de noviembre, se han reducido a unos cuantos cientos de integrantes después de que muchos decidieron regresar a Centroamérica, echar raíces en México o lograron su objetivo de arribar a Estados Unidos.
Pese a la estricta postura migratoria del gobierno de Trump, muchos otros –casi la mitad, de acuerdo con los registros de arrestos de la Patrulla Fronteriza– han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Alrededor de 6,000 centroamericanos llegaron a Tijuana en noviembre en medio de quejas a ambos lados de la frontera sobre su presencia en esa ciudad mexicana colindante con San Diego.
Esta semana, menos de 700 permanecían en una sala de conciertos al aire libre en Tijuana que el gobierno mexicano habilitó como albergue.
