En 2021 estalló en Ecuador el conflicto armado entre bandas criminales vinculadas a fuertes capitales transnacionales. El país se incorporaba por la fuerza de los acontecimientos al mayor río de sangre de su historia. Richard Nixon, en 1971, popularizó la frase “Guerra contra las drogas” (War on Drugs) y desde entonces se han movido miles de millones de dólares y armas en ese conflicto.
El concepto jurídico de guerra, de la Convención de Ginebra (1949), como enfrentamiento entre dos estados, o el régimen interno de un Estado contra un grupo político insurrecto, está en debate aquí.
De otro lado, tenemos el concepto militar de Karl von Clausewitz: la guerra como un acto de fuerza para obligar al adversario a acatar la voluntad del otro, en el que apenas interviene el derecho. Magistralmente, resumía: la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios.
En la guerra regional de las drogas, grupos económicos y políticos juegan numerosos intereses en áreas legales e ilegales, dentro y fuera del Estado. Ecuador cerró el año 2023 con 7878 asesinatos (46 homicidios cada 100 mil habitantes), muy superior a los 4603 de 2022. Estas son las mayores cifras de homicidios del registro nacional. La criminalidad de Ecuador es similar a la de Irak, Afganistán, Siria, Colombia y México.
El Decreto 110 del presidente Daniel Noboa impuso el Estado de Excepción, y el Decreto 111 reconoce un “conflicto armado interno” (Art. 1); 21 grupos delincuenciales fueron caracterizados como “organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes” (Art. 4), (Águilas, Choneros, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Tiguerones, etc.). A estos se irán sumando más.
El jefe del comando de las fuerzas armadas, a su vez, llamó a todo grupo terrorista como “objetivo militar”. En la tarde del 10 de enero, el jefe del comando conjunto, Jaime Vela, dijo haber detenido a 329 terroristas y abatido a 5.
A tenor de estos hechos se ha abierto el debate político sobre si hay o no un real estatus de guerra. Aunque estas bandas sean denominadas terroristas —un concepto ambiguo en derecho y política—, no obstante, no hay disposición que circunscriba a los funcionarios públicos (fiscales, jueces, ministros, secretarios), que participan de las redes criminales.
Con o sin estatus jurídico, Latinoamérica está envuelta en la Guerra de la Drogas, como en algún momento lo estuvo China en la Guerra del Opio. El problema mayor será ver si el actor estatal que está contaminado con la corrupción y el narco podría o no acabar con estos.
La descomposición orgánica
La guerra regional tiene varias similitudes en los países latinoamericanos, y Ecuador no es la excepción. A saber: el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el comercio de armas, la multiplicidad de delitos, y grupos políticos y económicos que someten a su voluntad el Estado.
Desde la escalada bélica, los gobiernos de Moreno, Lasso, y ahora Noboa, no producen cambios, sino que garantizan la continuidad de lo anterior.
Aunque ha bajado la capacidad de pago de los créditos, lo contradictorio es que los 10 bancos ecuatorianos más grandes cerraron con utilidades netas por 672,7 millones dólares. Datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) refieren que en Ecuador se lavan alrededor de 3500 millones de dólares al año.
A los casos León de Troya-Gran Padrino, que involucran al gobierno de Lasso y su cuñado banquero, Danilo Carrera, —antecedente de la Muerte Cruzada decretada por Lasso— se suma el proceso Metástasis, impulsado por EE.UU., que demuestra la conexión entre el narco, policías, militares, funcionarios judiciales y públicos.
En este proceso no solo se ve el modus operandi de los capos, sino también el contubernio de autoridades estatales y políticos de todas las tendencias. Este proceso ha servido también para que las fuerzas políticas vencedoras en las elecciones se disputen el manejo de la justicia y otras instituciones.
Además, el actual gobierno, como regalo de Navidad, ocultó la huida de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, el delincuente de mayor peligrosidad, el 25 de diciembre, y lo hizo público apenas el 7 de enero de este año.
Noboa empezó con su flamante gabinete y nombraron a las nuevas autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), pero ya el 9 de enero se revelaba que la directora de la cárcel Zonal 8 colaboró en la huida de Fito, al igual que algunos agentes penitenciarios.
Los motines
Los motines de la segunda semana de enero, al igual que otros anteriores, están conectados con ciertos objetivos: traslado de reos, presión a los gobiernos de turno, conflicto entre bandas, silenciamiento de testimonios (como el asesinato de los sospechosos por la muerte de Fernando Villavicencio).
El gobierno ha hecho público que hay 144 guías penitenciarios rehenes por las pandillas de los reclusos. Como se ve, además de la complicidad, cada funcionario carcelario pone en peligro su vida.
En el exterior, generalmente los motines están conectados con otro tipo de atentados con explosivos contra instituciones estatales, policiales y vehículos. El 10 de enero, Colón Pico, un sospechoso apresado por vínculos en el asesinato de Villavicencio y posibles acciones contra la Fiscal Diana Salazar, luego de sacar un video que decía que corría riesgo su vida, escapaba junto a 49 reos; 14 fueron apresados nuevamente.
De la desarticulación del Estado al intento de un Estado gendarme
Las políticas neoliberales de disminución de presupuesto para la educación, cierre de escuelas y la quiebra de empresas por el aperturismo transnacional han sembrado el terreno para que gran cantidad de jóvenes sean reclutados por las mafias. Si el banquero Danilo Carrera fue reclutado por la mafia albanesa ¿que pasaría en los suburbios?
La intervención de adolescentes armados en TC Televisión, es el resultado de esas políticas que han generado ignorancia y hambre (TC está a cuatro minutos del Cuartel Modelo de la Policía). Aunque la policía menciona que querían leer un manifiesto, no se ha hecho público.
Momento en que trabajadores de TC Televisión fueron tomados como rehenes. Los secuestradores querían micrófonos para pronunciarse en vivo, pero cuando los estaban preparando entro la policía al canal y comenzó el enfrentamiento. #TcTelevisión #Ecuador #EcuadorBajoAtaque pic.twitter.com/G0mqS2krJ5
— cholucon (@cholucon) January 9, 2024
Del mismo modo que la manipulación de los concursos públicos para jueces, la compra de cargos y los diezmos abrieron la puerta a los actos de corrupción permanentes en toda la función judicial, al narco le fue fácil infiltrar las instituciones putrefactas. La libertad de los capos del narco, delincuentes comunes, pero también de funcionarios públicos, así como sentencias que los favorecen, surgen de este entramado.
La disminución de espacios barriales en los suburbios, la extinción de casas comunales, instituciones, parques o puestos de control policial tienen su reverso en la ampliación territorial de las pandillas, que utilizan el término “naciones”, y ganan terreno subordinando familias y jóvenes, en los circuitos delincuenciales.
De los 30 atentados con explosivos a vehículos, entre el 8 y 9 de enero, en su mayoría se distribuyen en la región costa (Guayas, El Oro, Los Ríos Esmeraldas), pero también se realizaron en la sierra (Pichincha, Chimborazo, Azuay y Loja). Estos atentados estuvieron dirigidos a generar terror en la ciudadanía. Por estos sucesos, la policía ha apresado a 70 individuos, y se reportan 11 muertos.
Sistema pandémico en medio de los atentados
Así como las actividades delictivas, narcotráfico, tráfico de armas, atentados y motines carcelarios de estos días son un escalón en una cadena interminable de acontecimientos atroces, también las políticas estatales se encuentran en este torrente.
La sociedad ecuatoriana, al igual que el mundo entero, se subordinó al sistema pandémico global de un gran conjunto de leyes, instituciones y políticas del Gran Encierro por coronavirus. Ahora, contra la guerra de la droga, se retoma la misma institucionalidad de crisis: estados de Excepción, teletrabajo, virtualidad educativa, suspensión de actividades.
En estas medidas no entra ni el 30 % de la población, que goza en algo de la formalidad laboral. El 70 % restante afronta con sus propios medios el conflicto interno, como en algún momento lo hicieron con la pandemia.
El miedo producido por los atentados y la actividad delincuencial es aprovechado políticamente por diferentes actores de la Asamblea Nacional y el poder Ejecutivo. La mayoría asamblearia Correísmo-PSC-ADN ha apoyado la ley neoliberal de Noboa, llamada Ley de Eficiencia Económica, que perdona 3 mil millones de dólares a grandes grupos económicos; casi la misma cantidad de capital narco que se lava en el sistema financiero. Además de la Ley de Competitividad Energética, que también fue enviada por Noboa y permite las privatizaciones de sectores estratégicos.
Anteriores leyes de desarticulación del Estado, que abrieron las puertas al crimen organizado, continúan un ciclo más.
