Jaime Chuchuca Serrano
La nacionalidad estadounidense de Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, influye en su ego para las decisiones políticas. Noboa llegó hace poco a un acuerdo, por debajo de la mesa, con Estados Unidos por el conocido caso de la Chatarra Rusa, que suponía enviar armas rusas, en posesión de Ecuador, a Estados Unidos. El destino final, en realidad, era Ucrania. El debate público orilló a Noboa y el intercambio no se concretó, pero estos sucesos trajeron una considerable tensión con Rusia.
En esos días, aún estaban la luna de miel la mayoría de la Asamblea Nacional: entre la organización del gobierno, Alianza Democrática Nacional (ADN), la Revolución Ciudadana (RC5), el Partido Social Cristiano (PSC) y a momentos Construye y otros. Aunque el suceso, debía haber derivado en un juicio político por violar la seguridad del Estado ecuatoriano y su neutralidad en la guerra Rusia-Ucrania, primó el silencio.
Con este antecedente, se puede ver la tentativa del gobierno en irrespetar la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional. La sólida mayoría de la Asamblea Nacional, ADN-RC5-PSC-Construye, le ha permitido aprobar cinco proyectos de ley económicos urgentes (eficiencia económica, competitividad energética, monetización, del conflicto armado y actividades turísticas), totalmente lesivos para país: condonan miles de millones de dólares a los poderosos, y suben impuestos a la población, como el IVA del 12 al 15%, que es una medida claramente recesiva, y ha producido una escalada en la inflación y ajustes de precios en la gasolina, gas, diesel y todos los productos.
Todas estas leyes fueron aprobadas en medio de los Estados de Excepción, por la declaración de la guerra interna (Decreto 111 y otros), con lo que se inmovilizó a las organizaciones sociales. El miedo es muy obvio. Ningún dirigente desea ser llamado o confundido con “terrorista”. A pesar de eso, los intereses del grupo Noboa en varios proyectos mineros, azuzaron manifestaciones de algunas comunidades como en Palo Quemado.
El autoritarismo del gobierno de Noboa ha sido una constante, y se verificó con su propio binomio: Verónica Abad —política libertaria de discurso parecido al de Milei— quien nunca ejerció como vicepresidenta, y fue enviada con el cargo de embajadora plenipotenciaria a Israel, en una suerte de exilio.
Un par de semanas atrás, antes del reciente impasse con México, el hijo de Verónica Abad, Francisco Barreiro Abad fue procesado por la fiscalía —en común acuerdo con Noboa— por tráfico de influencias y enviado a La Roca, cárcel para Personas Privadas de la libertad de alta peligrosidad. El cargo podrá ser cierto, pero el objetivo central es presionar a Abad para que renuncie a la vicepresidencia, porque se avecinan las elecciones de 2025 y Noboa no la quiere como reemplazo.
Refugio de Glas en la Embajada de México
Jorge Glas, ex vicepresidente, tiene dos sentencias condenatorias ejecutoriadas: la primera, en el caso Odebrecht por asociación ilícita (6 años) y la segunda en el Caso Sobornos por cohecho (8 años). Glas cumplió prisión de 5 años en la Cárcel de Cotopaxi y en la Cárcel 4 de Quito (para funcionarios), en medio de los motines carcelarios y las matanzas. La defensa de Glas solicitó la unificación de penas, para acceder a la prelibertad. El 28 de noviembre de 2022, Glas ganó una Acción de Protección y medidas cautelares, así como otros procesos, quedando en libertad por la sentencia del Juez Emerson Curipallo; este fue vinculado en el caso de narcocorrupción Mestástasis.
El 17 de diciembre de 2023, Glas entró en calidad de refugiado en la Embajada de México. En esos días se le anuló la sentencia que le permitía la libertad, por lo que la Fiscalía solicitó localización y captura. La Cancillería ecuatoriana hizo varios exhortos a la Embajada mexicana, pero no cumplió el proceso para el allanamiento. A todo esto, se suman otros procesos más contra Glas: uno por intimidación, otro por el caso Reconstrucción de Manabí y otro por peculado en el Caso Singue.
El Discurso de AMLO y la vanidad de Noboa
El 4 de abril, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló sobre las pasadas elecciones de Ecuador, en su conocido programa La Mañanera. AMLO se refirió al tema brevemente, y, por cierto, con valoraciones muy similares a las que se manejan en Ecuador: “Iba la candidata de la fuerza progresista como 10 puntos arriba (…). Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae… La candidata queda como sospechosa”, por eso tenían que “hacer campaña en circunstancias difíciles”. “Se creó un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos —y esto lo difunden todos los medios— con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Lo más lamentable es que continúa la violencia (…)”.
La presidencia de Noboa tomó las expresiones de AMLO como una afrenta, la Cancillería de Sommerfeld publicó una nota hablando del principio de “no intervención” y en la que declaraba “persona non grata a la Embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Semeke”. (Serur es una intelectual mexicana muy prestigiosa, además es viuda de Bolívar Echeverría, filósofo ecuatoriano.)
Asalto a la embajada de México
Todo este conflicto diplomático, tiene como fondo una medida desesperada de la Presidencia de Noboa, por tratar de subir en popularidad, en medio de una Consulta Popular y Referéndum que se votará el próximo 21 de abril y que, según varias encuestas, se le puede ir de las manos. Además, hay que tener en cuenta el repunte de la violencia en el país.
Las preguntas para el proceso plebiscitario incluyen la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, la contratación del trabajo por horas y el arbitraje internacional para solucionar conflictos en favor de las transnacionales.
La cancillería de Ecuador señalaba que utilizaría todas las “herramientas diplomáticas” para solucionar el conflicto, lo cual, días después, suena a hipocresía. El 5 de abril, la embajada de México en Quito, empezó a ser acosada desde temprano por militares y policías; AMLO expidió el asilo a Glas.
En horas de la noche, varias decenas de policías y militares asaltaron la embajada, sometieron a los diplomáticos y capturaron a Glas. Incluso, el jefe de la cancillería, Roberto Canseco, fue agredido y humillado. La Ministra de Gobierno al mando del operativo, Mónica Palencia, también es mexicana.
Consecuencias para Ecuador
Este suceso alarmó a los ecuatorianos y a toda la comunidad internacional. Se violó flagrantemente el Convenio de Viena y su Art. 22, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y se puso en riesgo al personal. Además se rompió con el derecho de asilo de la Convención de Caracas (Arts. 4 y 9) y con la misma Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 22.7, que recae en la voluntad del Estado otorgante.
El ingreso armado en la embajada mexicana en Quito constituye una ruptura constitucional y una violación a la seguridad jurídica de México y de Ecuador. La Constitución ecuatoriana integra a los tratados internacionales de derechos humanos en su bloque de constitucionalidad (Art. 424). La incursión armada del régimen de Noboa se puede desarrollar como una bola de nieve, hacia la ruptura de relaciones diplomáticas con otros países, así como a represalias contra la oposición. La herencia hacendataria colonial de Noboa contamina la política pública.
Daniel Noboa podría ser sometido a juicio político en la Asamblea por violar la seguridad del Estado. El correísmo declaró su oposición al régimen y exige su renuncia. Los problemas que se derivan también son de índole comercial: Ecuador exportó 228 millones a México en 2023, e importó 596 millones de dólares.
Un bloque del Mercosur ha pedido suspender a Ecuador en su calidad de asociado; Nicaragua rompió relaciones con Ecuador. La Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios países latinoamericanos han condenado el accionar del gobierno: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Panamá y Venezuela, entre otros.
